Eglé Iturbe de Blanco

En Venezuela, la visión de largo plazo nació en 1959, con la llegada de la democracia y la creación de la Oficina Central de Coordinación Y Planificación de la Presidencia de la República, CORDIPLAN; ente asesor del presidente Rómulo Betancourt, que se encargaría de coordinar la gestión de los gabinetes ministeriales y preparar los Planes de la Nación para los diferentes periodos de gobierno. Entre 1960 y 1998, se prepararon y pusieron en vigencia nueve Planes de Desarrollo, que, con altos y bajos, fueron guiando el camino de los gobiernos democráticos.

Los dos primeros jefes de CORDIPLAN, Enrique Tejera París y Manuel Pérez Guerrero, conjuntamente con los miembros del equipo ministerial, todos de primera línea en sus campos, diseñaron con expertos internacionales traídos de la CEPAL, prestigiosas universidades americanas, especialistas de otros países y de organismos de Naciones Unidas, una visión democrática del país y un excelente equipo técnico, orgullo y prestigio dentro y fuera del país. Allí se diseñó la estructura administrativa del gobierno central, se coordinaba la gestión de los gobernadores de Estado que venían dos veces al año a reunirse con el Presidente y el gabinete; de esta oficina salieron los primeros presupuestos de la Nación, las leyes de la administración pública, el régimen para los funcionarios públicos, se fijaron los lineamientos de la política automotriz, de la política de promoción de exportaciones, se atendieron la política agrícola, la industrial y la infraestructura ,la educación y la salud, entre otras importantes materias.

 En el campo social, se creó el primer programa integral  llamado “Desarrollo de la Comunidad”, coordinado por una batalladora mujer, Carola Ravell, quien promovió la creación de  centros de enseñanza de oficios a los pobladores  de diversas localidades, para la utilización de las materias primas explotables en sus alrededores y localidades. El más significativo de estos programas fue el realizado en el poblado de Magdaleno, distrito Zamora del estado Aragua, donde se habilitaron escuelas técnicas para desarrollar la carpintería, herrería y la capacidad artesanal de los pobladores, utilizando las maderas y materiales de la zona. Hoy, 60 años después de creado el programa, en Magdaleno funcionan 100 carpinterías y 200 talleres pequeños que generan unos 5 mil empleos directos y 12 mil indirectos. Jóvenes estudiantes, y hasta las amas de casa, están incorporados a la producción. Prácticamente cada casa es un taller y muchas de las máquinas que utilizan han sido fabricadas por los propios artesanos.  Además, se ha ido promoviendo una artesanía variada alrededor de los muebles de Magdaleno. Este es el sentido que deben tener los programas sociales para mejorar los niveles de vida ,salud y educación de la sociedad, dar herramientas para aprender a desarrollar actividades que  garanticen un sustento , no dádivas que solo resuelven necesidades inmediatas, sin capacitar ni orientar para el aprovechamiento de los recursos que existen en abundancia en todo el país, así como estimular la capacidad emprendedora de las personas para valorar el trabajo propio e impulsar sociedades productivas.

Los primeros 21 años del presente siglo, con la implantación de la llamada revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI, se perdió la visión de largo plazo para el desarrollo democrático social y productivo, y se ha seguido un guion, que si bien   para los ciudadanos, productores y trabajadores, está lleno de incertidumbres y contradicciones, para la cumbre gobernante es un guion de largo plazo, diseñado en Cuba que se ejecuta poco a poco, de acuerdo a las circunstancias. Chávez llego al poder disfrazado de demócrata y fue quitándose la máscara hasta la hora de su partida, dejándole al país un heredero responsable de culminar su tarea.

            El régimen no ha eliminado el ministerio de Planificación, ni ha dejado de hacer planes, ahora denominados Plan de la Patria. Van tres planes socialistas de Desarrollo Económico y Social de la Nación de Venezuela. El primero fue en el 2007-2013, Proyecto Nacional Simón Bolívar, a través del cual se involucraron por primera vez a los militares en el manejo de recursos públicos, sin control, lo cual se ha extendido a velocidad creciente hasta la fecha. El segundo y tercer plan (2013-2019 y 2019-2025) no han sido concebidos para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino para obtener reconocimiento internacional en lo político a través de objetivos como completar la independencia que según Chávez no concluyó Simón Bolívar; construir el socialismo del siglo XXI; contribuir al equilibrio del globo garantizando la paz planetaria y la conservación de la especie humana.

El único objetivo nacional: convertir a Venezuela en país potencia en lo social, económico y político, ha resultado contrario a lo previsto. Pasamos de ser una potencia en las décadas 70, 80 y 90 a ser el país más miserable de la región, con la mayor inflación del mundo por varios años consecutivos, salario mensual menor a 2 dólares, desmantelamiento de las instituciones públicas y reducción drástica de la producción nacional por las expropiaciones y la quiebra de las empresas públicas, empezando por la industria petrolera.

El país potencia ha llegado a la IMPOTENCIA por no tener agua, luz, gasolina, gas doméstico,  transporte público adecuado, ni instituciones de salud, capaces de atender a los pacientes que llegan con dignidad; ni de haber evitado la muerte de más de 500 profesionales de la medicina y del área de salud durante la pandemia actual.  A ello, se le suma la destrucción de las universidades autónomas al reducirles a cifras insignificantes los presupuestos para su funcionamiento,  sin profesores calificados; así como la eliminación de todas las materia que permiten pensar al hombre, para crear al  “hombre nuevo”, sumiso y controlado socialmente.

Se ha abandonado la explotación racional de los recursos minerales para obtener lo que se llama “oro de sangre”, que le permite al régimen percibir los ingresos que compensen la caída de los ingresos petroleros, sin importar la devastación de amplias áreas del pulmón vegetal de la Guayana venezolana y la contaminación de sus principales ríos.

La política social se ha reducido a enseñar la mendicidad, permitiendo que las personas se acostumbren a recibir la caja CLAP periódicamente sin hacer ningún esfuerzo y al igual que la multiplicidad de bonos que el régimen otorga para mantener el control social de la población. Lo anterior ha aumentado la desnutrición, en especial en los niños, porque lo que se recibe no es balanceado, rara vez tiene proteínas y se están importando productos de baja calidad para dejar márgenes para las comisiones que se pagan por esas compras. La mayoría de los que viene en esas cajas bien pudiera producirse en Venezuela, donde aún están las fábricas improductivas que fueron expropiadas. Pero si el régimen decide subsidiar al productor local, tiene que reducir sus márgenes de ganancias y eso no lo pueden tolerar, aunque los venezolanos tengan una gran tasa de desempleo y una cantidad de empresas y fincas improductivas.

No se puede sobre las bases reseñadas pensar en una visión de largo plazo para un desarrollo democrático, no hay estadísticas económicas que permitan hacer estimaciones racionales. El BCV dejó de presentar cifras del PIB por varios años, no hay números confiables de empleo, ni siquiera en el sector público, no es posible determinar por cuál línea de acción vendrán los nuevos anuncios del régimen. Están sobre el tapete unas elecciones regionales y municipales, en paralelo con la discusión de las ciudades comunales, cuya existencia implica la eliminación del municipio. Así como esta contradicción se observa en estos momentos, no sabemos las decisiones que se están tomando sobre el sector petrolero o minero y con las empresas públicas, todo lo cual se maneja con la Ley Antibloqueo.

A los ciudadanos comunes, solo nos queda decir: amanecerá y veremos