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Zonas económicas especiales apuntan a nuevos enclaves de bingos y casinos

Tomado de Correo del Orinoco

Leonardo Vera

Nicolás Maduro lleva ya semanas hablando del proyecto Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE), al que presenta como una tabla de salvación que le permitiría a Venezuela captar significativas inversiones en espacios territoriales específicos,  con miras al desarrollo de actividades vinculadas al comercio exterior. Para ello se propone otorgar incentivos especiales en el ámbito aduanero, tributario, monetario y cambiario, y hasta se habla de cuerpos especiales de seguridad para garantizar la tranquilidad de los inversionistas y operadores.

Lo primero que uno se pregunta es a razón de que los habitantes empresariales de esas zonas merecen un mejor trato y calidad de servicios que el resto de los venezolanos. Pero bien, los promotores de esta idea (que no es nada nueva en el mundo en desarrollo) responden con soñados proyectos de instalación de zonas de procesamiento de exportaciones, parques tecnológicos e industriales y zonas de libre comercio, que generarían divisas y derrames de prosperidad para la nación. Una imagen un tanto torcida importada de algunos países en desarrollo donde estas iniciativas han corrido con cierto éxito. 

Pero una idea no se materializa fuera de contexto, y el contexto que la Venezuela de Maduro ofrece no apunta precisamente al desarrollo de semejantes desarrollos productivos. Un país, que en su interior no cuenta con energía estable, donde no hay combustible ni transporte, donde las universidades han sido abandonadas, y donde la autoridad regional inmediata y efectiva recae en unos oficiales militares rabiosos y ávidos de fortuna, jamás va a desarrollar parques industriales y tecnológicos. El paquete, por otro lado, no está promovido por unos políticos inocentes, y el diseño ya deja ver las costuras de la estructura centralizada que manejará todo el entramado.

Por lo pronto la Asamblea Nacional ya ha dado su aprobación en primera discusión, a un proyecto que fuera presentado por Nicolás Maduro Guerra, en representación de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo, y quien a las puertas de su campaña como gobernador del antiguo estado Vargas (hoy llamado “La Guaira”), se ha convertido en figura y principal promotor.

Las Zonas Económicas Especiales reemplazarán a los regímenes existentes de Puertos Libres, Zonas Libres y Zonas Francas, para reproducir una estructura de gobierno parecida a la del nefasto Arco Minero del Orinoco, con estímulos tributarios (devolución total o parcial de IVA y ISLR hasta por 10 años) y con exoneración de regímenes legales aplicables para importación y exportación. El proyecto señala que “la actividad económica en las Zonas Económicas Especiales contará con un régimen cambiario basado en la libre convertibilidad de las divisas”, estableciendo que funcionaría en casas de cambios que aceptarían criptomonedas.

Las facilidades tributarias y aduaneras no son iguales para las “zonas” y tampoco para los proyectos. Cada convenio de inversión establece y estaría regido por facilidades o incentivos específicos. Así que el que quiera más, en la lógica de tal discrecionalidad, deberá “jalonar” más en la estructura central que se crea para conocer y aprobar cada proyecto. Esa estructura está, según el proyecto, en Miraflores.

Así, el modelo de gobierno es centralizado y no le otorga ninguna facultad a los gobiernos regionales y/o a los ministerios naturales del ramo (de Industrias y Producción y de Economía, Finanzas y Comercio Exterior) para revisar, articular o aprobar. Ninguna vinculación se contempla tampoco con los planes regionales de desarrollo. La creación de las Zonas Económicas Especiales es una potestad exclusiva del Presidente de la República y la promoción, supervisión y coordinación correspondería a la llamada Oficina Nacional de las Zonas Económicas Especiales. Una especie de pre-aprobación de los proyectos quedaría bajo la responsabilidad del llamado Centro Internacional de Inversión Productiva, donde se suscriben los convenios de inversión. Estas dos oficinas estarían adscritas nada más y nada menos que a la Vicepresidencia de la República.

Maduro ha presentado la LOZEE como un desarrollo natural de la Ley Anti-bloqueo, una norma que como bien sabemos está diseñada para “inaplicar” normas legales y declarar “secretos y reservados” todos los actos o contratos derivados de su ejecución, sin fijar mecanismos para la rendición de cuentas. Esta afinidad que se le quiere dar a LOZEE con la Ley Anti-bloqueo, más que un incentivo para apelar al mayor espectro posible de potenciales inversiones, lo que finalmente va a generar es un proceso de selección adversa que estimula a aquellos actores ávidos de altos y rápidos rendimientos, sin mayor cuidado por el riesgo. Por eso nada extraña que al ser interpelado sobre a quienes vislumbra como grandes protagonistas del aluvión de inversiones, a José Vielma Mora se le haya escapado la figura de los bingos y casinos. No podía ser de otra forma. Si bien no existe una fórmula estándar universal para medir el éxito de la Zonas Económicas Especiales en el mundo, por lo general, el “éxito” de un programa determinado depende de si cumple con los objetivos definidos y generalmente se hace para un horizonte temporal de 10 a 15 años ¿Qué interés puede tener Maduro y su gobierno en esperar por clusters industriales, zonas de exportación y parques tecnológicos, cuyo horizonte de realización es de una década?

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