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Gobierno rechaza informe de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad

Tomada de UN News

Polítika UCAB

El Ministerio Público rechazó, a través de un comunicado, “de forma contundente y enérgica las acusaciones” contenidas en el informe de la Corte Penal Internacional. Además, negó la falta de acción del régimen y señaló que “las conclusiones emitidas por la exfiscal, Fatou Bensouda,  carecen de valor alguno”. 

El gobierno declaró que estaría dispuesto a trabajar con el fiscal Karim Khan, sucesor de Bensouda, “para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad y en favor de la protección integral de los Derechos Humanos en Venezuela”.

La CPI publicó este martes, el último informe acerca del caso de Venezuela, en el cual se confirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad y que “dichos delitos deben ser investigados”. 

En el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares, con fecha de junio, se concluyó que “la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”. 

Entre los delitos cometidos por el gobierno, en el informe se citan casos de: tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.

Según Karim Khan, fiscal de la CPI, los responsables son  la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según el informe, los casos que podrían surgir de una investigación sobre la situación en Venezuela, serán admisibles ante la CPI debido a “términos de inacción”, por la falta del gobierno de perseguir las denuncias de violaciones en el país. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.

Categorías:Destacado, Noticias

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