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¿Qué falló en Venezuela?

En Segundos Panamá

Benigno Alarcón Deza

De cara a un nuevo proceso electoral, las fracturas internas en el seno de la oposición y la poca organización le dan fuerza a un escenario de derrota que, seguramente, tendrá graves consecuencias sobre el liderazgo en el futuro inmediato. Es así como luce imperativo recoger los pedazos y trabajar en la reconstrucción de la plataforma opositora, para lo cual se requiere de una nueva estrategia. Esta visión, enfocada en reactivar las posibilidades de una transición democrática, debe combinar el uso de la protesta no violenta, negociaciones, elecciones, presión interna y explotación de las vulnerabilidades y deficiencias del régimen autoritario. Pero para que esto tenga éxito debe construirse un movimiento social organizado capaz de convertirse en protagonista de estos cambios, que estimule la mayor participación política en el país. Y esto no se logra de la noche a la mañana

En menos de dos meses, Venezuela, nuevamente, se enfrentará a un proceso electoral que no se vislumbra nada fácil para la oposición democrática, por muchas razones. Las fracturas y el debilitamiento de los partidos del G4+, el tardío pronunciamiento sobre la participación en los comicios regionales y municipales, así como la falta de consenso sobre las candidaturas en muchas de las localidades y las polémicas sobre la gestión de activos por parte del interinato, son algunos de los factores que apuntan a un resultado que no será favorable. Esto, inevitablemente, provocaría un duro enfrentamiento por el liderazgo tras la elección, pero, para colmo de males, se ha iniciado antes de superar el proceso agregándole un lastre adicional a la “unidad”.

Ante este panorama tan sombrío para quienes aspiramos volver a vivir bajo una democracia en Venezuela, se hace muy necesario un análisis de lo sucedido durante los últimos 20 años, para tratar de entender por qué el sector democrático ha fracasado en la búsqueda de un cambio político, revisar los aciertos y los errores, para así proceder al siguiente paso: la elaboración de una estrategia que al menos no repita los mismos errores, y que pueda ser compartida y asumida por todo el país democrático, que es la gran mayoría, y que en coordinación con el liderazgo logre definirse ante los escenarios de mediano y largo plazo, para rescatar la posibilidad de que se abra una transición política.

Lo primero que debe considerarse es que la estrategia no es un proceso normativo, como una receta de cocina, en el que si seguimos determinados pasos, el resultado deseado se materializará de manera inevitable. La estrategia, por el contrario, es un proceso interactivo y dinámico en el que todas las partes mueven sus piezas, y con cada movimiento en el tablero, cambia el estado del juego, lo que hace necesario revisar y ajustar la estrategia tras cada jugada, propia o del adversario, para avanzar en nuestros objetivos, pero también para responder a las maniobras que el otro hace o adelantarse a las que podría ejecutar. En otras palabras, y en este caso literalmente, “los rusos (además de los cubanos, chinos, turcos, iraníes, etc.) también juegan”.

Partiendo de que la estrategia no es una receta de cocina, ¿qué nos dicen las investigaciones sobre las transiciones a la democracia? En primer lugar, aclaran que las transiciones son delimitadas por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario. Para que se produzca esa disgregación, debe generarse una crisis.  Y entre los factores que influyen para que esto ocurra figuran: la erosión de la capacidad del régimen para limitar la expansión del pluralismo político; el aumento del número de socios insatisfechos en la coalición dominante debido a una menor cobertura de sus demandas; el incremento de los umbrales de movilización política que va acompañada de una disminución en las posibilidades de represión, cuando sus costos terminan siendo enormes para quienes la necesitan; y una reducción de los costos de tolerancia al cambio político para aquellos actores clave del régimen o esenciales para su sustentación.

¿Cuál camino lleva a una transición, el colapso o la negociación?

Según una investigación (Wilson, 2020), realizada a partir de la data del Proyecto V-Dem sobre “episodios  de democratización”, que abarca 337 episodios en 157 países, tanto exitosos como fallidos, entre los años 1900 y 2018, la mayoría de los resultados positivos se dieron por el quiebre o colapso de la coalición dominante, por un proceso de reformas negociadas, o una combinación de ambas en esa modalidad que Juan Linz denominaba “ruptformas” (combinación de ruptura y reforma). De estos 337 episodios de transición, 146 (43,32%) fueron exitosos y ocurrieron en 110 países. La liberación fallida ocurrió debido a un declive repentino o gradual, y es, por mucho, la forma más común de fracaso: se observó en 68% de los casos fallidos.

En el caso venezolano, una transición negociada no pareciera lo más factible, mientras no existan factores que la impulsen y cambien las expectativas de los actores que controlan el poder. Los procesos de negociación suelen ocurrir en casos de reforma o de “ruptforma”, es decir procesos que combinan dinámicas de ruptura que amenazan con colapsar al gobierno y obligan al régimen a considerar y negociar su propia reforma. En nuestro caso, esa posibilidad no está ni siquiera planteada a pesar de que está en marcha una negociación en México, porque allí lo que estaría planteado, en caso de continuar, no representa posibilidad alguna de avanzar hacia una transición negociada.

¿Qué falló en Venezuela?

Es importante reconocer que la estrategia opositora de 2016 a 2020, si bien generó expectativas, tampoco se acercó a una transición. Por otra parte, la estrategia de intentar provocar un levantamiento militar que produjera un cambio también falló. Incluso, en las actuales condiciones, dada la instalación de un autoritarismo hegemónico y en virtud del esfuerzo por desprofesionalizar a la Fuerza Armada, aumentar sus costos de tolerancia a un cambio político, así como su inclusión en una dinámica político clientelar con incentivos muy elevados que generan intereses propios para el mantenimiento del statu quo. Adicionalmente, debe considerarse que un eventual golpe de Estado no, necesariamente, desemboca en un proceso de democratización, como demuestran muchos casos como el de Egipto o Zimbabue. Asimismo, la estrategia de propiciar una intervención extranjera no encontró eco en la comunidad internacional ni en buena parte de la sociedad venezolana.

Otro aspecto para destacar es que el llamado hecho por los sectores de oposición a factores que participan en la élite gubernamental o contribuyen a sostenerla, porque se benefician del statu quo, no ha logrado estimular el divorcio de sus agendas de intereses, y entre las razones está una matriz de pagos con incentivos muy elevados, que incluyen formas de enriquecimiento rápido derivado de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, entre otras actividades legales e ilegales, orientadas a su sustentabilidad. Ello aumenta de manera significativa los costos de tolerancia; los bajos costos de represión para mantenerse en el poder por la fuerza, de ser necesario; las dificultades para coordinar intereses y acciones entre un número muy elevado de actores tanto oficialistas como de oposición; y los altos costos de salida que se derivarían de la pérdida del poder tanto para actores gubernamentales como para aquellos que depende de estos; además de la muy baja confianza entre las partes y, en especial, entre el liderazgo opositor y los actores políticos y militares que participan en el control del poder.

Mal manejo de la protesta

Los estudios reflejan que las protestas venezolanas de los últimos años, salvo las de 2002, en ningún momento se aproximaron al umbral de 3.5% de la población movilizada en un mismo período de tiempo; esto significaría aproximadamente 1.000.000 de personas. Este un porcentaje que fue establecido por los estudios de Erica Chenoweth en su revisión sobre la efectividad de los procesos de movilización durante los últimos 100 años.

Un aspecto que generó mucha controversia y mal sabor en la población venezolana fue el manejo que hizo la oposición de las protestas, principalmente durante 2014 y 2017. La represión oficialista que provocó la muerte de cientos de personas –principalmente jóvenes-, heridos y presos políticos, desmovilizó a la población, y no porque la gente no esté dispuesta a protestar, como lo demuestran muchos estudios realizados por nuestro Centro de Estudios Políticos y otras instancias, sino por las bajas expectativas sobre su desarrollo y resultados.

En los últimos años, la oposición no cuidó los tres factores señalados por el investigador Bert Klandermans para el caso de las movilizaciones masivas: metas factibles, beneficios superiores a los costos de participación en acciones colectivas y la existencia de líderes sociales (políticos, artistas, empresarios, intelectuales) con buena imagen, pero sobre todo comprometidos con la movilización.

Malestar y frustración

De cara a los comicios del próximo 21 de noviembre, es necesario revisar con qué se cuenta. En primer lugar, es evidente el malestar de la mayoría de los venezolanos ante el desempeño del gobierno y las múltiples crisis que ha generado. En los estudios de opinión pública se destaca que la mayoría de los entrevistados responsabilizan al gobierno de los principales problemas del país. Existe una frustración acumulada en virtud de las múltiples crisis: política, económico-financiera, socioeconómica, migratoria, salud pública, etc.

Pero además es importante señalar que existe una disposición a votar moderada, aproximadamente el 50% de la población, de acuerdo con varias encuestas de cobertura nacional, que además tiende a reducirse por los conflictos entre la oposición y la caída de las expectativas, además de la tendencia a la dispersión del voto entre un promedio de 23 candidatos “opositores” por cada cargo a disputarse.

El anuncio de la presencia de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que animará a otras como las del Centro Carter y Naciones Unidas a venir, podría ser vista como una mejoría relativa que estimularía a la gente a participar y elevaría los costos al régimen por eventuales violaciones de las garantías. Pero hay que considerar que, aun cuando existe un acuerdo para facilitar el trabajo de estas misiones, también es cierto que tanto el gobierno como el Consejo Nacional Electoral, no facilitarán su trabajo y harán todo lo posible por reglamentar, controlar, obstaculizar, vigilar y anticiparse a sus movimientos.

En conclusión…

Todo indica que los resultados para las elecciones regionales de noviembre no serán positivos para la causa democrática, dada la dispersión del voto y los enfrentamientos que existen entre la dirigencia y los actores políticos. Estos resultados pueden conducir a una mayor crisis de liderazgo en las filas opositoras. Tal panorama hace cada vez más urgente debatir e implementar una redefinición estratégica que apunte a reactivar las posibilidades de reiniciar un proceso de transición hacia la democracia.

Es cada vez más necesaria la elaboración de una estrategia política de mediano y largo plazo, que combine el uso de la protesta no violenta, la presión externa y la explotación de las vulnerabilidades y deficiencias del régimen autoritario para organizar a la sociedad y movilizarla. Sin ello, ningún proceso de negociación con los actuales actores gubernamentales desembocará en un proceso de liberalización política.

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