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Elecciones sin expectativas

Tomada de Demo AmLat

Benigno Alarcón Deza

La reacción que en días pasados levantó el impasse entre el gobierno y la Unión Europea por las declaraciones del Alto Comisionado Josep Borrell, aún no se ha disipado. Mientras permanecía todavía en el aire esta polémica, se coló el informe realizado por la misión exploratoria que estuvo en Caracas en julio pasado. En ese marco se produce la muerte en prisión del General Raúl Isaías Baduel, por supuestos problemas de salud que no fueron atendidos a tiempo, hecho sobre el cual se generaron reacciones, aunque no cabría esperar mayor impacto en el mundo militar, entre otras razones por el temor a represalias similares a las sufridas por quien fue, en sus principios, cercano a Hugo Chávez

El pasado viernes 8 de octubre, unas declaraciones hechas por Josep Borrell, Alto Comisionado de la Unión Europea (UE), generaron una fuerte reacción en el gobierno. Al defender su decisión de enviar una Misión de Observación Electoral a Venezuela, el diplomático de la UE señaló que, si la oposición participa en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, incluyendo a los partidos que apoyan a Juan Guaidó, presidente de la última Asamblea Nacional que el organismo reconoce como legítima, entonces “deben acompañarlos porque es una mayor garantía para ellos”.

Agregó que con esto no se estaría legitimando al gobierno de Nicolás Maduro, pues lo que se legitimará o no serán los resultados de esos comicios, lo cual sería muy significativo sobre todo si reconoce que seguramente este evento electoral no será como en Suiza, porque Venezuela “no es el país más democrático del mundo”.

Como era de esperar, las reacciones de la dirigencia oficialista venezolana fueron explosivas. Maduro, quien consideró las declaraciones como injerencistas y parcializadas, exigió una rectificación por parte de la diplomacia europea, mientras que Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó una disculpa pública y una explicación al pueblo de Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020, soltó que si no es capaz de respetar “mínimamente y con decencia el acuerdo que usted mismo (Borrell) firmó con el CNE, la verdad es que mejor no venga”.

Pero la situación aún no se superaba cuando el pasado fin de semana el Financial Times publicaba un artículo sobre la decisión de enviar una Misión de Observación Electoral tomada por Borrell, desatendiendo las recomendaciones de la Misión de Exploración y se colaba el informe interno elaborado por los expertos de la misma que visitaron Caracas el pasado mes de julio y que, dado su contenido crítico a las condiciones, podría provocar el aborto de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE.

Este informe señala las disparidades en los espacios de medios de comunicación que existen entre chavistas y opositores, el ambiente generalizado de censura y la baja posibilidad que tendrá la MOE de divulgar sus apreciaciones sobre el proceso electoral en un clima en el que el régimen controla la mayoría de los contenidos que se emiten a través de los medios masivos.

Agrega que el organismo electoral venezolano impone severas restricciones a las organizaciones internacionales que pretenden hacer observación electoral, en tanto las condiciona a través de mecanismos de censura para filtrar lo que puede decirse o no sobre los comicios.

Igualmente, los expertos europeos afirman que la Venezuela actual está caracterizada por la “seria violación de derechos humanos fundamentales”, la persecución política y la ausencia de espacios para el ejercicio político. A su juicio, esto se reflejaría en un entramado en el que quedan precarizados los niveles de inclusión, competitividad y transparencia del proceso electoral que se pretende llevar a cabo en noviembre.

Y quizá lo más significativo de este documento es que deja en claro que, por lo menos en esta ocasión, no existen las condiciones mínimas recomendadas para desplegar una Misión de Observación Electoral en Venezuela, y el riesgo que ello implica para la buena reputación de la observación electoral europea, más allá de que extraoficialmente se prometió ir mejorando dichas condiciones a medida que avanzara el proceso de negociaciones en México; cosa que no ha ocurrido.

Uno de los debates surgidos respecto al acompañamiento de una MOE en el proceso electoral de noviembre está centrado en que el solo hecho de venir a Venezuela a observar el evento del 21N, sería utilizado por el gobierno para legitimar la elección y al gobierno de Maduro, y esa es una de las principales preocupaciones expresadas por la misión de la UE. Si bien la presencia de la misión no legitima el proceso, son predecibles las dificultades para evitar que el gobierno la utilice de alguna forma a su favor, lo que tendría un impacto negativo sobre la oposición democrática y la credibilidad de la propia MOE y la Unión Europea.

Para la oposición venezolana, o al menos para un sector, la ausencia de la MOE en los comicios regionales, también representaría un problema porque, probablemente –tal y como lo han señalado las encuestas-, sin observación internacional los niveles de participación podrían reducirse y nuevamente saltaría a la palestra la controversia de semanas atrás, cuando algunos partidos –incluyendo a Voluntad Popular y La Causa R- advertían que no debían participar porque no había condiciones mínimas para ello.

A pesar de las polémicas planteadas por las declaraciones de Borrell y la publicación del informe del grupo técnico que meses atrás visitó Venezuela, luce poco probable que se aborte esta misión, y lo más seguro es que se sostenga por el empeño de Borrell. Se argumenta que no es solo el jefe de la diplomacia europea quien apuesta por seguir adelante en este tema, sino también los círculos más ejecutivos del bloque. En este caso se están jugando muchas cosas, entre ellas, los intereses del viejo continente frente a Estados Unidos y la manera europea de moverse frente al mundo.

Pero, en todo caso, el ingreso de dicha misión al país dependerá en buena parte de la colaboración del gobierno venezolano. La MOE estaría conformada por 11 expertos, que deberían haber  llegado ya,  62 técnicos de largo plazo, y una treintena más que arribarían a Venezuela cuando la fecha electoral esté más cercana. Es predecible que el régimen arrastre los pies en su facilitación de la llegada e instalación de la misión, por su evidente aversión a una misión tan numerosa y con la capacidad y el criterio para identificar problemas como los que la misión exploratoria, en muy pocos días, encontró.

Asimismo, la decisión de enviar una misión europea tendrá, sin lugar a duda, incidencia sobre la participación de otras organizaciones, como Naciones Unidas y el Centro Carter, que de venir a Venezuela no lo harían ya como una misión de observación electoral, sino como misión técnica con un número muy reducido de expertos que enfocaría sus esfuerzos en una evaluación cualitativa de la parte final del proceso.

En el imaginario de la gente si no hay observación electoral extranjera, así sea reducida a su mínima expresión, no habrá quien pueda certificar el desarrollo del proceso. Las expectativas sobre la  observación electoral son irrealmente altas. De hecho la observación electoral es vista como un árbitro electoral. En la medida en que la población sienta dudas con respecto al manejo de las elecciones y el respeto al voto, en esa misma medida se reducirá la participación. Asimismo, la finalización del proceso sin un pronunciamiento de las misiones presentes, podría originar una gran decepción en la mayoría de la población  que aspira a un cambio político, y apuesta a la contribución de la observación internacional para ello.

Estabilización en el foso

En la definición de estrategias políticas en torno al 21N y los escenarios electorales ante un eventual revocatorio y las presidenciales previstas para 2024, se ha abierto un debate en torno a la realidad económica y social del país, y sus consecuencias políticas. Hay quienes consideran que el gobierno está en colapso, en bancarrota y no cuenta con recursos para nada. Los problemas, efectivamente, existen. Sin embargo, el gobierno, ha logrado frenar la caída de la economía. Es así como estamos pasando de una economía que perdió casi el 80% de su Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos ocho años hacia una estabilización “en el foso”, por supuesto una situación muy distinta a la existente antes de que se iniciara el encogimiento de la economía.

Los análisis económicos indican que Venezuela pasa de una contracción muy agresiva a una estabilización que tiene incidencia en algunos grupos de la población; eso refleja cambios tanto en el régimen como en el país, que no deben pasar inadvertidos.

El gobierno trabaja en el control del gasto fiscal y mantiene un manejo ortodoxo del déficit; es decir, reduce el gasto sustancialmente y ello explica en cierta medida la estabilización del tipo de cambio. Por otra parte, en cuanto a los ingresos, se construyó una estructura de ingeniería financiera importante que le ha permitido obtener recursos a pesar de las sanciones; y adicionalmente hay unos sectores que han empezado a adaptarse a la actual dinámica.

Lo otro a tomar en cuenta es la economía “negra”, que actualmente abarca más de una cuarta parte de la actividad económica y viene a sustituir a la economía clientelar. Esto genera rentas para actores que resultan esenciales para el sostenimiento del régimen, así como para algunos sectores de la población, lo que, a su vez, tiene un impacto en los patrones de consumo.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay importantes focos de tensión en estos momentos. Uno de ellos es el que se refiere a la situación de los servicios públicos, que probablemente se mantendrán deteriorados porque se requieren inversiones altísimas que el Estado no está en capacidad de hacer. Esto provoca un gran malestar en la población.

Por otra parte, hay que reflejar que, desde el punto de vista de los ingresos, Venezuela no puede aprovechar el aumento en la cotización del petróleo, que ha sobrepasado los 80 dólares por barril. Tanto por las limitaciones de producción que aún mantiene, como por el grado de descuento (40%) con el que tiene que vender el crudo, en alguna medida para escabullirse del efecto de las sanciones.

Pero, aun así, no es lo mismo la dinámica de profundización de la crisis que se vivió en los últimos años, a una de relativa estabilización, donde la dolarización ha tenido un efecto positivo, y con una inflación todavía alta, pero con una velocidad menor este año.

En cualquier caso, lo cierto es que las posibilidades de que un colapso económico impulse un efecto político relevante, al menos en este momento, no están presentes.

En conclusión…

Las semanas avanzan y queda poco más de un mes para que se realicen las elecciones regionales el 21 de noviembre. Mientras sigue la dispersión opositora y aumentan las dudas sobre el impacto real de una observación electoral en el grado de participación, cuando se han generado controversias en torno a la misión de la Unión Europea, y se profundizan los conflictos al interior de la oposición.  Las declaraciones de Borrell, que generaron reacciones por parte del régimen de Maduro, y la revelación de un informe del grupo técnico que estuvo en Venezuela hace unos meses, en el cual se advertían riesgos de enviar una Misión de Observación Electoral, han agregado dudas sobre la presencia o la libertad de actuación de los enviados europeos.

En otro orden, si bien en algunos análisis se indica que la crisis económica puede levantar algún efecto político, este año los indicadores reflejan que parece revertirse el fuerte decrecimiento de los últimos ocho años, con lo cual el escenario de estabilización en el foso se hace realidad, con una inflación creciente, pero a un ritmo menor, con una dolarización que se afianza y con una relativa estabilización cambiaria derivada, en parte, por una gestión heterodoxa del gasto fiscal.

La incertidumbre se concentra en los resultados electorales del 21N, proclives -como se ha indicado en varias oportunidades- a una derrota de la oposición, un escenario que amerita un replanteamiento profundo de las estrategias que permitan reanimar la posibilidad de una transición hacia la democracia.

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