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Nicaragua: autoritarismo con elecciones

Tomada de FRI

Félix Arellano

Pareciera una obsesión de los gobernantes autoritarios promover espectáculos electorales completamente manipulados, aspirando a transmitir una imagen de legitimidad, cuando propios y extraños están conscientes que se mantienen en el poder mediante la represión sistemática. Cuba e Irán constituyen casos emblemáticos y actualmente lo encontramos en pleno desarrollo en Nicaragua que, en el marco de un autoritarismo hegemónico, tiene previstas elecciones presidenciales para el 07 de noviembre; empero, previamente están eliminando cualquier vestigio de competencia por parte de la oposición democrática, con una continua política del terror.

La deriva autoritaria y represiva que están promoviendo la pareja Ortega-Murillo, con el objetivo de perpetuarse en el poder, si bien los debilita y aísla, pareciera estar dando resultados, entre otros, por la destrucción y fragmentación de la oposición interna; la lenta reacción de la comunidad internacional y la falta de coordinación efectiva de todos los actores que participan en la luchan por la recuperación de la democracia en Nicaragua.

Conviene recordar que el binomio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, llega a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, en el año 2007, por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gracias a una maniobra jurídica irregular, apoyada por el expresidente Arnoldo Alemán, reduciendo el tope establecido en la normativa para ser considerado vencedores en la contienda electoral.

Al asumir el poder, la pareja presidencial inició un proceso autoritario, desmantelando progresivamente la institucionalidad democrática y las libertades. Por otra parte, hábilmente han desarrollado una política clientelar, para lograr el apoyo de algunos grupos políticos, empresariales y miembros de la sociedad civil; que han contribuido a su mantenimiento en el poder, a cambio de beneficios individuales.

Con el binomio Ortega-Murillo en el poder desde el 2007, y aspirando una cuarta reelección el próximo 07 de noviembre, el país ha pasado de un frágil autoritarismo competitivo, hasta llegar en los actuales momentos a un autoritarismo hegemónico, con una creciente violación de los derechos humanos.

Para mantenerse en el poder la dupla Ortega-Murillo ha forjado un férreo control de las instituciones fundamentales, entre otras, su partido el FSLN, las fuerzas armadas y policiales, los grupos paramilitares que dirigen directamente, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el poder legislativo con 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, la gran mayoría de medios de comunicación; y, paralelamente, han logrado avanzar en la fragmentación de los partidos políticos de oposición y la sociedad civil.

Adicionalmente, han cultivado el apoyo de gobiernos autoritarios, en particular el asesoramiento de la dictadura cubana, con amplia experiencia en control social y represión. Por otra parte, la mayoría de la comunidad internacional democrática asumió, en los primeros años, una posición ambigua, de relativa indiferencia, ante el proceso progresivo de destrucción de la institucionalidad democrática y la violación de los derechos humanos.

En este contexto, llama la atención la posición que ha jugado la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en particular, su secretario Luis Almagro, por varios años complaciente, asumiendo que era posible mantener la democracia en Nicaragua, logrando una relación cercana con la pareja presidencial; visión equivocada, pues desde la fuerte protesta popular del 2018, el autoritarismo y la represión se han agudizado.

Conviene destacar que el descontento social del 2018 producto, entre otros, del rechazo a la reforma del sistema de pensiones, se extendió por todo el país con una activa participación de los jóvenes y la reacción del gobierno de Ortega se concentró en la brutal represión. Al respecto, informes de la OEA destacan que las protestas han dejado un saldo de aproximadamente 448 muertos, más de 2000 heridos y unos 700 desaparecidos.

Frente a la presión nacional e internacional, la pareja presidencial logró hábilmente calmar las aguas, promoviendo un proceso de diálogos nacionales, con la disposición de la iglesia católica y, en el plano internacional, se comprometieron con la OEA a promover las reformas electorales, orientadas a definir condiciones competitivas para las elecciones de noviembre del 2021.

Los compromisos con la OEA establecieron el mes de mayo del 2021, como plazo límite para la adopción de las reformas electorales, un proceso que jurídicamente resultaba sencillo para el sandinismo por el control que mantiene de las instituciones involucradas en las reformas: el poder legislativo, el Consejo Supremo Electoral y el poder judicial.

Finalizado el mes de mayo, encontramos que el gobierno sandinista no ha cumplido con los compromisos asumidos en los diálogos nacionales, ni lo pactado con la OEA y, por el contrario, está avanzando en un proceso de destrucción de la oposición democrática, al inhabilitar a la gran mayoría de partidos políticos que forman parte de la Coalición Democrática, plataforma que han conformado varias organizaciones para participar unidas en la contienda electoral.

En estos momentos, la represión constituye la estrategia central de la pareja presidencial con el objeto de perpetuarse en el poder, con dramáticas consecuencias, como lo destacan centros de defensa de los derechos humanos que registran unos 155 presos políticos, que incluyen 37 líderes de la oposición y 7 aspirantes a la presidencia para la elección de noviembre.

La lista de perseguidos y exilados es larga y cuenta empresarios, líderes sociales, jóvenes críticos; incluso han arremetido contra la iglesia católica, activa defensora de los derechos humanos; al respecto, el presidente Ortega ha calificado a los obispos como “hijos del demonio”.

También ha crecido el número de nicaragüenses que huyen del país; expertos calculan que en el presente año aproximadamente unos 10 mil han cruzado la frontera con Costa Rica y, se estima que, desde el inicio de las protestas sociales en el 2018, más de 100 mil ciudadanos han salido al exilio.

En este contexto, destaca la sistemática persecución a los hijos de la expresidenta Violeta Chamorro Barrios (Carlos, Cristina y Joaquín); particular ensañamiento contra Cristina Chamorro detenida por presuntos manejos financieros irregulares, luego de manifestar su interés en participar en el proceso primario de selección del candidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

La persecución también se dirige contra cualquier ciudadano con posición crítica y, en este contexto, simbólicos dirigentes del sandinismo han sido detenidos, cabe mencionar a: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres. Adicionalmente, el prestigioso escritor Sergio Ramírez, compañero de lucha de Daniel Ortega, ahora un crítico de la pareja presidencial, quien, viviendo en el extranjero, enfrenta una orden de detención, con el objeto de impedir su regreso al país.

Ante la dramática situación, la comunidad internacional está reaccionando con contundencia, pero tardíamente. En efecto, el Consejo Permanente de la OEA ha adoptado una resolución muy crítica al gobierno de Nicaragua (CP/RES. 1175 del 15/06/2021), sin llegar a la aplicación de la Cláusula Democrática, con 26 votos a favor y con la abstención de los gobiernos de Argentina y México que, recientemente, ante la gravedad de los acontecimientos, han llamado sus embajadores ante Nicaragua a consultas. Por su parte el secretario de la OEA ya califica al gobierno de Ortega como dictadura y aboga por la aplicación de la Cláusula Democrática Interamericana.

El gobierno de los Estados Unidos ha incrementado las sanciones que está aplicando desde el 2018 y ha calificado la nueva ola represiva como “despreciable”. También han asumido posiciones críticas los países miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, en particular el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El binomio Ortega-Murillo debe celebrar que, mediante el uso arbitrario de la fuerza, está despejando el panorama para permanecer en el poder hasta el 2026; empero, resultará un triunfo pírrico, pues el rechazo nacional e internacional se incrementa, los que conlleva mantenerse en el poder mediante la represión y la permanente violación de los derechos humanos.

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