Opinión y análisis

Otra marea: extendida y turbia

Tomada de Open Democracy

Elsa Cardozo

Al triunfo de Gabriel Boric a fines del año pasado y a las posibilidades electorales de Gustavo Petro y del retorno de Lula da Silva se suman, desde el 2019, el regreso del peronismo kirchnerista a la presidencia, el del partido de Evo Morales con el triunfo electoral de Luis Arce y el ascenso al poder de Pedro Castillo, mientras los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro siguen agregando evidencias de su esencia autoritaria. Con estos casos a la vista se vuelve a recordar en estos días la llamada marea rosa. Es ese el impreciso nombre que se dio a la ola de gobiernos que durante los casi primeros tres lustros de este siglo tuvieron como denominador común posiciones críticas ante las políticas de apertura y desregulación económica, ante la deuda social acumulada y ante las deficiencias y pérdida de confianza en la democracia, sus instituciones y sus dirigentes. Ahora vuelve a ser conveniente preguntarse qué fue, qué dejó esa marea y si en Latinoamérica no tiene rato subiendo otra.

1. En escala regional y hemisférica, la no tan lejana marea alentó acercamientos y rupturas, muchos de ellos propiciados desde Venezuela con una combinación de incentivos geopolíticos y económicos. Su complemento distintivo fue una muy activa “paradiplomacia” con sus actividades injerencistas en varios países. Los giros en la cooperación energética con el Caribe, la específica y siempre inescrutable cooperación con Cuba, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba, luego llamada Alianza) y PetroCaribe, fueron acuerdos emblemáticos de esa marea. También lo fue el impulso, no solo venezolano, a la Unión de Naciones Suramericanas y, más tarde, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cuba, que después de cuatro décadas logró encajar sus resortes en Venezuela, aumentó su influencia y apoyos para alentar con esa beneficiosa plataforma la oposición a Estados Unidos, al libre comercio, a la institucionalidad lograda por la integración regional en la Comunidad Andina y el Mercosur, al Sistema Interamericano y, por supuesto, a la defensa y protección de la democracia representativa.

En general, las condiciones en esos años fueron favorables al movimiento internacional de gobiernos muy diversos dentro y fuera de la marea. Entre ellas se encuentran las deficiencias económicas y sociales de las políticas de apertura, la efervescencia de las críticas al libre comercio, la pérdida de imagen de Estados Unidos por sus excesos en la guerra contra el terrorismo, el auge en la demanda de materias primas y su efecto favorable para las economías de la región y, desde Venezuela, la disposición gubernamental a voluntad de recursos extraordinarios para impulsar y financiar afinidades. Pero tras esos denominadores comunes –y sus exaltaciones en el discurso político– hubo siempre una gran heterogeneidad en posiciones y estrategias. Hay razones para pensar que en estos tiempos no sería diferente, antes bien, lucen mucho mayores las dificultades para concertarse.

2. El rótulo –marea rosa– es en efecto impreciso a la vez que generador de confusiones que conviene revisar: no solo para revisar el pasado sino para considerar los alcances y las limitaciones presentes de tal noción. Esta se piensa principalmente a partir de ejemplos como los de los gobiernos de Chávez, Ortega, Morales y Correa, quienes impulsaron regímenes debilitadores de la democracia y desafiantes del Estado de derecho, nacional e internacionalmente. Los tres primeros impusieron la reelección indefinida mientras que Correa intentó, infructuosamente, conservar el poder por otros medios. En todos, la voluntad de control del poder desplazó sus promesas iniciales de respeto al pacto constitucional, transparencia y atención a la deuda social. En el caso de Brasil, en relación pragmática con esos gobiernos y sus promesas, los embates de la corrupción y la polarización política en los trece años que sumaron los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, desafiaron sus fortalezas institucionales. Con impactos importantes en la también golpeada institucionalidad argentina, esos embates se manifestaron en escala cada vez mayor durante los doce años que abarcaron las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, en otros casos, también incluidos en esa marea, hubo en diferentes grados una perseverancia democrática e institucional distintiva. Así fue, de menor a mayor, en Paraguay con Fernando Lugo, Uruguay con Pepe Mujica y especialmente en Chile con Michelle Bachelet. En ellos prevaleció el compromiso con la institucionalidad y sus fortalezas, y en diferentes grados, la resistencia a las tentaciones de la polarización política.

Que solo algunos hayan sido parte de la Alba (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y por poco tiempo Honduras, aparte de seis países del Caribe) mucho dice de esa heterogeneidad. Que todos en el conjunto suramericano se hicieran parte de la Unasur y de decisiones como la de adoptar un régimen de acompañamiento y no de observación electoral, así como de una restringida cláusula democrática –amplia en medidas pero muy limitadas en sus condiciones de activación–, mucho dice de la debilidad de las democracias.

El ciclo que se cerraba a partir de 2013 en medio de cambios en la situación económica –con el final de la década dorada para las exportaciones de materias primas– y varios giros políticos significativos –como la muerte de Chávez, el juicio político que destituyó a Dilma Rouseff o las elecciones perdidas por Cristina Fernández– dejó tres conjuntos de huellas: cicatrices aun visibles en los países con capacidad institucional control y alternancia del poder, heridas abiertas en los que se ha erosionado esa capacidad, a la vez que inconstantes y desiguales impulsos para fortalecer el repertorio de respuestas de los demócratas y las democracias.

3. Las cicatrices materiales e institucionales de la marea rosa, en su diversidad, siguen siendo muy visibles en países como Argentina y Brasil, donde los gobiernos que siguieron debieron lidiar no solo con ajustes económicos e investigaciones de corrupción, sino con un ambiente político muy polarizado y con algunas grietas institucionales en materia de separación de poderes. Chile tiene sus propias cicatrices, pero son más bien hijas de una transición que no logró resolver el trasfondo sociopolítico de la polarización; con todo, sigue contando con la ventaja de sus fortalezas institucionales y la disposición, en marcha, de negociar un nuevo pacto constitucional.

Las heridas abiertas siguen mostrándose en alguna medida en Ecuador, pero mucho en Bolivia y, sin vendajes, en Nicaragua y Venezuela. En estos dos países se mantiene impulso indisimulado a la consolidación autoritaria, nacional e internacionalmente, a toda costa. La crónica herida cubana, que se ha hecho de nuevo muy visible en recesión y represión, sigue siendo recordatorio de todo lo que ha sido sofocado, en vidas y derechos, en nombre de la defensa de revoluciones y proyectos orientados al control total del poder. Las evidencias de empobrecimiento, emigración y de los escrutinios internacionales sobre violación de derechos humanos son una alarma, ruidosa, que es cada vez más difícil y costoso ignorar. Diferenciarse lo más expresamente posible de tales casos se ha convertido en un mensaje de campaña clave para ganar elecciones, cultivar confianza internacional y desalentar oposiciones.

Con todo, mas allá de la lista inicial de quienes asoman la posibilidad de una nueva marea rosa –que incluiría a Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Venezuela– el entorno presente refuerza justificados temores de mayor escala y extensión. Es así en medio de los estragos producidos por la combinación del impacto regional de la pandemia, la “trampa” del bajo crecimiento, el aumento de la pobreza y la persistencia de la desigualdad, a lo que se añade la creciente insatisfacción de los latinoamericanos con la democracia y los signos de indiferencia ante la opción de perderla. De modo que la lista de países por los que preocuparse en el presente es muy diversa, considerando el generalizado deterioro de la calidad de la democracia, con signos de erosión en la mitad de ellas, a la vez que se afianzan las autocracias en Nicaragua y Venezuela, y avanzan medidas antidemocráticas, como en Brasil y el Salvador.

En lugar de atribuirle colores, conviene poner el acento en lo propio de la marea presente, que se ha extendido acompañada por el empobrecimiento de los repertorios para la protección, defensa y promoción de democracia. Así ha sido, no solo por las iniciativas y obstáculos de regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino por la dificultad para la concertación regional y la poca disposición a poner integralmente en práctica los instrumentos que en instancias diversas han sido acordados. Entre éstos se cuentan las declaraciones y compromisos de protección de los derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana o el Protocolo de Ushuaia II del Mercosur. Es buen momento para recordarlo, no a pesar de las dificultades que nacionalmente confrontan los demócratas y las democracias, sino precisamente por eso.

En medio de una marea muy extendida y turbia que no es solo regional, la erosión de las democracias reclama regionalmente más compromiso de los acuerdos y organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos. Compromiso en apoyo a las instituciones, los partidos políticos, las organizaciones sociales y las personas que resisten, se organizan y movilizan frente a la erosión de las democracias.

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