Polítika UCAB

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, defendió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las medidas aplicadas por el Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas. Ella reafirmó la postura del Ejecutivo salvadoreño a través de un video que fue reproducido en una sesión del Consejo de Derechos Humanos.

«El mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas», aseguró. También agregó que «hay muchas voces sin conocimiento ni fundamento» que se han pronunciado sobre las políticas de seguridad de Bukele, cuyas cifras de detenidos son «verificables».

Según el Gobierno, han sido arrestados 64.000 delincuentes vinculados con organizaciones criminales. Aunque hay ONG salvadoreñas que, apoyadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del país, aseguraron haber recibido más de 7.900 denuncias sobre detenciones arbitrarias.

Una de las preocupaciones de la ONU es el recién inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para 40.000 presos. En los videos difundidos por el Gobierno, se observan a 2.000 detenidos que fueron trasladados al centro con poca ropa y bajo métodos de violencia.

Durante la conferencia del Consejo, Estados Unidos aprovechó para advertirle a El Salvador que debe proteger los derechos humanos. Un portavoz del Departamento de Estado le recordó la responsabilidad que tiene para garantizarle la seguridad a la población, pero también «respetar los derechos fundamentales».

Otro de los países que ha criticado el denominado «Plan de Control Territorial» es Colombia. «Es un campo de concentración», así definió el presidente Gustavo Petro al Cecot en sus redes sociales. Bukele le respondió al recordarle que la tasa de homicidios de El Salvador es de un solo dígito y que la mejoría ha sido «rápida».

Pese a las críticas de otros gobiernos, las ONG y las advertencias de la ONU, la administración salvadoreña continuará con su política de seguridad. Además de las detenciones, desde marzo de 2022 se ha aplicado un estado de excepción que ha sido prorrogado hasta la actualidad por el Congreso y ya va a cumplir un año.