Polítika UCAB

Once organizaciones opositoras al Gobierno de Daniel Ortega le solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea General para tratar la situación de Nicaragua. Las entidades denunciaron violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades del país.

En un comunicado se acusó al régimen de Ortega de despojo de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses, el destierro y la confiscación de bienes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Además, se especificó que la sesión de la asamblea debe «perseguir la declaración de ilegitimidad a la dictadura de Ortega».

Las organizaciones enfatizaron en la situación del Cosep y definieron como una «cancelación arbitraria» que el Gobierno haya confiscado los bienes de 18 cámaras socias del consejo y de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic).

La disolución del Cosep, de acuerdo con el Gobierno, se dio porque las cámaras que estaban inscritas como ONG no completaron su proceso de convalidación o presentaron inconsistencias en sus informes. Esta medida fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, quien consideró que las cámaras tenían cuentas sin justificar.

Otra de las solicitudes de las organizaciones fue que el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve a cabo una investigación, para así determinar el grado de participación del ejército en la represión en las protestas de 2018.

Estas manifestaciones fueron consideradas por Ortega como un golpe de Estado, desde entonces ha aplicado medidas para reducir la influencia de sus opositores. Entre ellas, está la ilegalización de ONG, la expatriación de nicaragüenses y las detenciones arbitrarias que han sido criticadas por organismos internacionales.

A inicios de marzo, el grupo de la ONU presentó un informe en el que acusó directamente al Gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad. Entre las acciones que se denunciaron hay ejecuciones extrajudiciales y torturas que fueron ordenadas, según el documento, por Ortega y la vicepresidenta Rosana Murillo.