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El Kremlin reiteró que las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI) no tienen valor legal para Rusia, por lo que el gobierno no tomará en cuenta una orden de arresto que emitió el tribunal el pasado 17 de marzo contra el presidente Vladimir Putin.

«Consideramos nulo cualquier pronunciamiento del tribunal», declaró el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa, y recordó que Rusia «no reconoce» como institución a la CPI. Esta corte imputó a Putin como presunto responsable de la deportación de niños ucranianos durante la guerra.

Peskov fue consultado por el apoyo de Alemania a la decisión de la CPI. «Rusia ha hecho y hará todo lo que, de la mejor manera, corresponda a sus intereses», sentenció. Los alemanes mantenían estrechas relaciones en materia energética con el Gobierno de Putin, hasta el inicio de la invasión a Ucrania y la aplicación de sanciones.

El ministro de Justicia de Alemania, Marco Buschmann, celebró la acusación del tribunal y garantizó que Putin será detenido si pisa el país.

Putin no es el único acusado por la deportación de menores de edad. La CPI emitió una segunda orden de arresto contra la comisionada presidencial de los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.

Ante estas acusaciones, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, calificó a la CPI como una «organización miserable» y sostuvo que «es completamente imaginable» el lanzamiento de un misil contra la sede del tribunal en La Haya.

Aparte de la amenaza de un ataque contra la CPI, dijo que «nadie acudirá a los órganos internacionales» y que el tribunal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «se harán trizas».