Alonso Moleiro

Todos los desafueros extralegales de este tiempo, las protestas callejeras, con sus muertos y heridos; la impaciencia acumulada, las denuncias a la comunidad internacional, los intentos fallidos de juicios legislativos, la junta de firmas para promover consultas revocatorias a los mandatos del chavismo, están atados a un solo hilo: la extendida certeza en muchísimas personas, mutada en mortificación, en torno a la decisión chavista de perpetuarse indefinidamente en el poder.

Esta circunstancia está más o menos a la vista y ha sido denunciada desde el comienzo, pero sobrevive enmascarada dentro del esquema de dominación política desplegado en las instancias del Estado venezolano, que consiste en crear dos globos de ensayo con narrativas alternas que gravitan sobre la psique de la ciudadanía, y que suelen generar una natural confusión interpretativa: una que postula la existencia de una democracia protagónica en un marco constitucional con plenos derechos para todos, y otra que afirma que esta es una revolución que ha llegado para quedarse, y que las elecciones y la alternabilidad política son un engaño del Estado burgués.

A fuerza de ser naturalizada, esta realidad, por inevitable, deja de ser ponderada por la población y la opinión pública. Pasa a formar parte del paisaje. El sojuzgamiento chavista está asentado sobre la redundancia, y con ello se exime de la obligación de ser analizado con criterio crítico. Por eso, nadie la reclama a la dirigencia chavista, sino a la oposición, su responsabilidad sobre las sanciones internacionales

En este entorno confuso, el oficialismo puede ejecutar su estrategia: mientras Jorge Rodríguez pide democracia y apego a la Constitución, e insiste en que las condiciones electorales del chavismo se pueden afrontar sin inconvenientes, Diosdado Cabello declara tranquilo que la oposición no llegará al poder jamás, ni por las buenas, ni por las malas.

Si en Venezuela existiese certeza sobre el juego limpio de sus instituciones, no tendría lugar en este momento crisis política alguna –y, en consecuencia, tampoco económica, social, moral e institucional. Si el péndulo democrático existiera, si la gente tuviera derecho a cambiar de opinión, si el principio de la rendición de cuentas no habría quedado roto, si la Constitución Bolivariana no fuera letra muerta, en el país no habría entuerto que afrontar. Tal como marchan las cosas, con sus sobresaltos, en Colombia, Panamá, Uruguay o Costa Rica.

 Venezuela está metida en ese foso y en esta ruina porque la alternabilidad política, uno de las conquistas históricas de nuestro país desde el 23 de enero de 1958, está conculcada, vetada “de facto” como un derecho por quienes hoy ejercen el poder político, a partir de una componenda fanatizada, muy precaria en términos conceptuales, y completamente hipócrita.

Luego de haber administrado un mandato político muy claro a comienzos de este siglo, y haber cobrado todas las consecuencias posibles del fracaso del Pacto de Puntofijo, la plana dirigente revolucionaria tendría que estar asumiendo el costo de una derrota, con la misma integridad con la cual fue a cobrar su victoria, como tantas veces ha sucedido en la política moderna. Era hora de evaluar el desempeño, depurar sus cuadros y rediscutir los procedimientos de gobierno. No hay estudio de opinión que no lo deja asentado: Venezuela fue una nación chavista, y hace rato ha dejado de serlo.

Todo acuerdo político solvente, que pretenda ser asumido con un mínimo de decencia entre el gobierno chavista y la oposición venezolana, tendría que descansar sobre un pacto de caballeros en torno a la celebración de unas elecciones limpias.

Pedir “elecciones libres” o acusar a cierta dirigencia de “socavar la democracia” es mucho más que una queja técnica o un antojo por exceso de escrúpulos: ahora que son minoría, las corrientes del chavismo están atrincheradas, peleadas con la verdad, mirándose el ombligo, desconociendo el mismo mandato que los llevó al poder.  Las dimensiones e implicaciones de un engaño tan monumental tienen un montón de consecuencias en la descomposición ética y la regresión cultural del país.

A decir verdad, con sus diferencias de enfoque, todas las facciones de la oposición persiguen como objetivo final la celebración de unas elecciones medianamente limpias y decentes y el retorno a la legalidad constitucional. Unas parecidas a las que hicieron posible el triunfo de Hugo Chávez en 1998.

Eso traería el remolque el fin de las sanciones internacionales, el retorno del crédito internacional, la reconstrucción de nuestra industria petrolea, la atención de la emergencia social, la dotación de hospitales, el regreso de parte de la diáspora y el desarrollo de algún tipo de justicia transicional que garantice la convivencia pacífica con el chavismo, con plenas garantías para el chavismo y sus dirigentes, con el objeto de garantizar la convivencia y la paz.

Los efectos de las sanciones internacionales los padecemos, diariamente, todos los ciudadanos que vivimos en este país. Las sanciones que le impusieron al Estado venezolano y la clase política chavista la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, e incluso algunas naciones latinoamericanas, son la consecuencia de los excesos en el proceder. Excesos que quieren ser presentados como derechos en el marco de la lucha por la independencia: de haber promovido la represión en las calles, de obstaculizar consultas ciudadanas, de negarse a reconocer el fuero constitucional y el mandato político la Asamblea Nacional electa en 2015.

El poder revolucionario ha preferido presenciar el derrumbe productivo y el colapso social del país –parte del cual, guarda relación directa con la forma como administró los recursos de la nación– con tal de retener el poder político.

Quejarse únicamente de las sanciones internacionales como causantes del tan advertido descalabro productivo venezolano, es, de nuevo, tomar el rábano por las hojas: saltarse la prolongada cantidad de meses y años en los cuales el gobierno de Maduro negó la existencia de una crisis humanitaria, los años que lleva la nación viviendo con tasas inflacionarias exorbitantes; la ruina de PDVSA, tanto tiempo ocultada; la crisis hospitalaria, la escasez de alimentos y medicinas, la cantidad de tiempo que la clase dirigente chavista tiene ocultando las cifras de la economía nacional.

Que las sanciones internacionales sean levantadas y Venezuela salga de la lista negra actual, es, finalmente, lo que todo el mundo quiere. Que regresen los servicios consulares que se fueron, la inversión extranjera, los derechos económicos y políticos para todos, el regreso de los que emigraron. Que regrese a Venezuela el juego limpio, el honor en la palabra empeñada, el respeto a la voluntad popular que tanto exigieron en el pasado.