Alex Fergusson

Del 4 al 9 de agosto, en Belem do Pará, Brasil, los presidentes de los países latinoamericanos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), sostienen una reunión cumbre para presentar un proyecto y plan de protección al denominado «pulmón del mundo”, y revitalizar los contenidos del OTCA de 1978 y del Pacto de Leticia del 6 de setiembre del 2019.

La cuenca amazónica abarca siete millones de kilómetros cuadrados y está habitada por 38.7 millones de personas, incluidos 511 pueblos indígenas.

Del 4 al 6 de agosto, estaba previsto el encuentro de movimientos sociales de diferentes partes de la región,  para discutir diversos temas relativos al fortalecimiento de las garantías de las comunidades indígenas amazónicas y de la protección del bioma, y elaborarían la lista de demandas que se entregaría durante la Cumbre de Presidentes.

Entre las peticiones se encuentran: garantizar la plena seguridad jurídica y física de la propiedad colectiva de los territorios indígenas que la habitan, declarar en emergencia climática a la Amazonía, detener la expansión de la frontera agrícola, sancionar a los responsables de desplazamiento y despojo de los territorios amazónicos; y declarar los sistemas acuáticos de la Amazonía como sujetos de derechos.

Ese encuentro de movimientos forma parte de las acciones previas para reunificar las demandas, propuestas y estrategias que serán llevadas a los mandatarios pertenecientes a la Amazonía.

Se espera que la reunión cuente, entre el 8 y el 9 de agosto, con la presencia de los mandatarios de Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, aunque Guyana y Surinam.

Se ha mencionado que en la cumbre se tratará de aprobar un acuerdo de países de la Amazonía, que incluye “la defensa científica, política y militar del tercer pilar climático y biodiverso del mundo”. 

Sin embargo, la mayoría de los países participantes vienen, desde hace años, desarrollando acciones de explotación extractivista agresivas sobre sus porciones amazónicas, y tienen, además, problemas internos políticos y socioeconómicos graves que no han podido resolver, lo cual reduce la posibilidad de llegar a acuerdos que requieran inversión financiera y consistencia política.

Por ejemplo, Colombia tiene allí su principal enclave para la producción de coca y marihuana, además de ser territorio natural de los grupos guerrilleros y paramilitares con los cuales está en conflicto; Ecuador explota el petróleo en territorios indígenas sin su visto bueno; Bolivia explota el gas mientras su gobierno se debate por la subsistencia; Brasil tiene una política agresiva de explotación maderera, desarrollo agrícola y de minería de oro, diamantes y otros minerales, en medio de su crisis socioeconómica y política;  Guyana extrae oro, diamantes y madera del Esequibo, mientras enfrenta las consecuencias de la situación de la zona en reclamación con Venezuela; y no hablemos de la inestabilidad política en Perú.

En el caso de nuestro país, en el cual el tema ambiental desapareció de la agenda política hace años, se permite la explotación ilegal de oro y diamantes en los estados Bolívar y Amazonas, agravada por la creación del conocido Arco Minero del Orinoco, cuyos impactos socio ambientales rayan en lo catastrófico, pues se trata de una extensión equivalente al 12% del territorio nacional y el 47% del Estado Bolívar, el más grande del país.

Allí se ha autorizado, con pocas limitaciones y mucha impunidad, la extracción de oro, diamantes, minerales no metálicos (granito, mármol, sílice, piedras semi preciosas), cobre, caolín, dolomita, y quizás, hasta uranio y cinabrio (mercurio), además de madera.

Aunque las actividades extractivistas se caracterizan, en general, por tener impactos localizados, la gran escala en la que están ocurriendo, tiene impactos globales que no han sido evaluados; en consecuencia, no es posible determinar la magnitud de sus efectos sobre la diversidad biológica, sobre la integridad de los ecosistemas que se están interviniendo y sobre la calidad de vida de las comunidades humanas que habitan la región, especialmente las indígenas; pero, hasta ahora, la experiencia solo arroja resultados negativos y hasta catastróficos, en los aspectos ecológicos, socioeconómicos y políticos señalados. 

En todo caso, y dadas las circunstancias actuales, la Cumbre Amazónica debería poder enfrentar el gran desafío de atender los enormes impactos ecológicos, socioeconómico y políticos que la región está experimentando, y entre los cuales destacan: La pérdida de Diversidad Biológica por deforestación y fragmentación de hábitat causada por la minería legal e ilegal, por los frecuentes incendios forestales y por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, incluida la siembra de coca y marihuana; la contaminación y pérdida de cuerpos de agua y cuencas hidrográficas; La alteración de la estructura social y económica en las comunidades locales; La esclavitud moderna; La destrucción de los pueblos indígenas; La presencia activa de paramilitares en las fronteras con Colombia, Venezuela y Brasil; El tráfico humano y de drogas, y finalmente, la violencia contra la población civil, el asesinato de líderes comunitarios (más de 20 en los últimos dos años) y el desplazamiento de pobladores, particularmente de las indígenas.

Tenemos, pues, buenas razones para ser escépticos respecto a los resultados prácticos de esta Cumbre, más allá de lo declarativo, y para creer que solo será otro evento mediático dentro de la agenda política de Lula da Silva, Petro y Maduro, para “lavarse la cara” ante la comunidad internacional.