Tomada de Nueva Sociedad

Maykel Navas

Ante la invertebrada crisis de seguridad en Haití, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, propuso (en agosto pasado) una acción militar extranjera que, en su opinión, podría poner control a la violencia generalizada desatada en Puerto Príncipe; a raíz de la acción de tres grandes bandas que controlan la capital del país.

Según palabras de Guterres, está intervención debe ser “…una fuerza robusta a través de un despliegue policial multinacional, respaldado por el ejército, para restablecer el orden y desarmar a las pandillas», a lo cual agregó: “…nada que no sea el uso contundente de la fuerza, complementado con un conjunto de medidas no cinéticas…y apoyada por medios militares y coordinada con la policía nacional, podrá alcanzar estos objetivos”.

Es necesario dejar claro el rechazo de los haitianos a este tipo de injerencias internacionales. La ciudadanía está cansada de las continuas e ineficaces intrusiones de tropas extranjeras. Haití es una nación sometida a la acción de intereses extranjeros, tanto en el siglo XX, como en el actual.

Muestra de estas acciones se evidencian desde las conocidas Organizaciones No Gubernamentales “ONG”, instituciones movidas por aparentes intenciones de solidaridad humanitaria (caritativas, sanitarias, médicas, alimenticias, etc.), que terminan por recaudar y manejar, a su discreción, ingentes recursos económicos, excluyendo a los organismos e instituciones del gobierno y al mismo Estado haitiano de cualquier supervisión o información de los destinos de esos fondos. En la mayoría de los casos, las ONG terminan por dictar políticas sectoriales o nacionales, convirtiéndose en pequeños Estados y arrogándose potestades que, a todas luces, extralimitan sus funciones.

El otro campo de intervención humanitaria sufrida, corresponde a verdaderas invasiones militares. Con la justificación de ayuda para detener la violencia política y delictiva, han tomado el país por largo tiempo con resultados cada vez más nefastos para los haitianos, víctimas de esas incursiones. Así lo han denunciado la mayoría de los habitantes de Puerto Príncipe, al conocer la reciente proposición del secretario general de la ONU.

En ese sentido, resulta importante leer las opiniones de Sandra Zavaleta Hernández y Adriana Franco Silva, internacionalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes sostienen en su artículo La intervención humanicida en Haití, lo siguiente:

“Las intervenciones humanitarias pretenden garantizar la estabilidad, seguridad y desarrollo de los países en los que se actúa. En teoría, estas son altruistas y apolíticas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, solo han profundizado las relaciones de inestabilidad, desigualdad y violencia…”

No le falta razón a esa afirmación, las invasiones militares en esa isla terminaron por fortalecer facciones políticas, en las primeras, y elementos delincuenciales en las últimas. En cualquier caso, los haitianos se han volcado a las calles de la capital a protestar por la inminente medida de nueva ocupación extrajera. Para comprender la profunda animadversión a este tipo de acciones por parte de los haitianos, es conveniente realizar un repaso histórico de las intervenciones militares extranjeras en esa nación.

Invasiones militares “humanitarias” o de “estabilización” política  en Haití: 1915-1934, 1993-2000, 1994 y 2004-2017

Haití debe estar orgullosa de su pasado. Además de ser la primera nación latinoamericana en lograr su independencia plena de Francia, se convirtió en la primera República dirigida y gobernada por antiguos esclavos negros; pudo ser solidaria con sus vecinos y colaborar con dinero, pertrechos y armas para impulsar la independencia de Venezuela. Con un siglo XIX de crisis política y económica, nada diferente a las sufridas por la gran mayoría de las naciones americanas (incluyendo a USA y su cruenta guerra civil), fue avanzando hasta llegar al siglo XX.

Recordemos que para reconocer la independencia de Haití, Francia solicitó una rebaja en los aranceles de importación de un 50%, además del pago de 150 millones de francos en oro, como indemnización por las pérdidas de las plantaciones y otras infraestructuras de los colonos franceses. De igual forma, Estados Unidos no reconoció la independencia haitiana (difícil que los esclavistas del norte aceptaran una República de negros), durante casi sesenta años. Fue en 1862, cuando los norteamericanos lo hicieron, después de negociar rebajas arancelarias y la compra de sus productos.

Independientemente de la carga de la deuda francesa, la cual les pesó en sobremanera durante todo el siglo XIX, los haitianos fueron capaces de diversificar sus relaciones comerciales, específicamente con Alemania, país que tuvo una gran influencia en la nación hasta principios del XX. El expansionismo decimonónico norteamericano entró en franca confrontación comercial y arancelaria con los alemanes, desplazándolos y logrando aumentar su ascendiente en el gobierno y la población en general.

En este escenario, empresas norteamericanas adquirieron grandes extensiones de territorio, en principio, para la construcción de una red ferroviaria, pero luego fueron ocupadas como propiedad terrateniente. De igual manera, el City Bank de Nueva York compró  los pocos bancos nacionales del país, controlando así la emisión de moneda nacional. Por si fuera poco, un sindicato de inversionistas extranjeros compró la mayor parte de la deuda pública. Esto convirtió a los Estados Unidos en el factor dominante de las finanzas de la República.

A pesar del control económico de la nación por parte de USA,  la situación política era inestable, fue en franco deterioro, y entre 1911 y 1914 se presentó una crisis, que desencadenó revoluciones, destituciones, magnicidios y golpes de Estado; cambiando hasta seis presidentes en ese periodo. Esa inestabilidad hizo suponer al gobierno estadounidense que los intereses económicos y propiedades de los ciudadanos norteamericanos estaban en peligro. Fue cuando el presidente Thomas Woodrow Wilson ordenó la invasión a partir del 28 de julio de1915.

Esa ocupación duró 19 años (hasta 1934), ciertamente la nación invasora mejoró algunos servicios como las carreteras, inició la lucha contra la malaria y construyó algunas escuelas. A la par, tomó las aduanas, adueñándose de la recaudación de los impuestos, el tesoro nacional fue trasladado del City Bank local hacia la sede de New York. Las grandes plantaciones fueron explotadas por campesinos locales en terribles condiciones de trabajo.

El fin de la ocupación no trajo beneficios económicos a la nación pero sí a los norteamericanos, ellos aseguraron, por medio de un tratado,  el control de las aduanas y de la economía local por diez años más. En lo político el legado fue mucho más nefasto. Avivaron las desigualdades y rivalidades políticas sumiendo a Haití en una crisis constante hasta la llegada al poder de François Duvalier, “Papa Doc”, como fue conocido, quien implantó una férrea dictadura durante 14 años, siendo sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier, “Baby Doc”, que gobernó por otros 15 años.

Ambos personajes encomendaron la represión y control de su régimen alos Tonton Macoute, grupo paramilitar encargado de la persecución, tortura desaparición y asesinato de los rivales políticos de los Duvalier. Este grupo sentó las bases de las actuales pandillas que aterrorizan a la ciudadanía haitiana, en todo el país.

En 1990 Jean-Bertrand Aristide es elegido como presidente de Haití, bajo supervisión de la ONU; las primeras elecciones libres y democráticas de ese país. Sin embargo, es destituido por un golpe de Estado al año siguiente. Aristide fue acogido en Venezuela durante un buen tiempo y luego en los Estados Unidos. Ambos países realizaron una fuerte presión internacional para restituirlo en su cargo, lo que se logró en 1994, gracias a una invasión de 20 mil soldados norteamericanos que se retirarían a los pocos días. Paralelamente, se desarrollaba en Haití una acción multinacional de pacificación militar (desde 1993), impulsada por Naciones Unidas, con el fin de poner término a la violencia generalizada.

Durante la década de los 90 (específicamente 1993-2000) la nación caribeña fue objeto de cuatro misiones internacionales sucesivas,  auspiciadas por la ONU y ejecutadas por varios países. Entre las múltiples funciones que intentaron implementar se encuentran: restauración del orden político; eliminación del ejército y creación de una policía nacional; asistencia sanitaria y médica; políticas de desarrollo económico respaldadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Económico.

No obstante, al apoyo multinacional y las grandes cantidades de dinero nunca llegaron a la población, las referidas misiones fracasaron y apenas lograron mejoras circunstanciales que en nada modificaron la pobreza, el retraso en el desarrollo y, en muchos casos, hasta hubo incremento de la violencia.

Para mediados del 2004, el presidente Aristide, quien llegó de nuevo a la presidencia, en esta ocasión, tras unas cuestionadas elecciones fue, paradójicamente, sacado de la primera magistratura por una operación militar de los Estados Unidos. Se justificó la intervención militar por la represión generalizada contra opositores y el desborde de la violencia callejera propiciada por las bandas criminales que tomaron el control de varias zonas de la capital.

A partir de ese año (2004) la ONU organizó una intervención total del país, por medio de una misión conocida como Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (siglas en inglés MINUSTAH). Fue una muy larga intervención finalizada en 2017. Como las anteriores abarcó muchas áreas de la sociedad haitiana, de manera paralela, la abusiva intervención de las ONG internacionales terminó por desmembrar todo el tejido institucional, dejando una estela de resentimiento entre los haitianos y rechazo a este tipo de acciones.

La MINUSTAH, dirigida militarmente por tropas brasileñas e integrada por otras naciones, trajo consigo denuncias sobre abuso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres por parte de los funcionarios, otro legado fue una grave epidemia de cólera introducida por la tropas nepalíes, al verter aguas residuales desde su base militar al mayor río del país, de donde muchos haitianos toman agua para uso doméstico. El mínimo orden que impuso la misión fue a costa de una fuerte represión violatoria de los derechos humanos de la población. En cuanto a la eliminación de las bandas armadas, el uso de la fuerza logró la erradicación de las pandillas solo temporalmente. 

Ahora, desde la ONU, a petición del primer ministro haitiano provisional, Ariel Henry, se plantea una nueva intervención militar. Una fuerza multinacional liderada por Kenia,  que tiene experiencia en el trato de grupos violentos y radicales como el grupo militante Al-Shabbaab y las bandas armadas en su país.

En el marco de este escenario, varias ONG como Amnistía Internacional (AI) han cuestionado no solo la capacidad de las fuerzas keniatas, sino el manejo de los derechos de los detenidos y manifestantes. Han sido acusadas de asesinar a tiros hasta treinta manifestantes opositores, utilizar masivamente gases lacrimógenos hasta la asfixia, entre otras prácticas.

En conclusión, el reclamo de los ciudadanos haitianos en rechazo a una nueva incursión militar extranjera, tiene el respaldo de un pasado nefasto, con el agravante de haber profundizado las crisis que cada una de ellas pretendieron solventar.