Ludmila Vinogradoff

Por solo siete puñados de votos se tambalea la unidad, la igualdad y la libertad de España. Es increíble que la minoría de la minoría llegue alcanzar tal poder de decisión para satisfacer las ambiciones desmedidas e inescrupulosas por la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno.

Las multitudinarias manifestaciones en el 2002, de más de un millón de personas en las calles de Caracas para protestar la deriva autoritaria de Hugo Chávez que pretendía confiscar la propiedad privada y eliminar las empresas para imponer el denominado “socialismo siglo XXI”, marcaron un hito histórico para Venezuela.

Han pasado 24 años de chavismo en el país y ahora cuando vemos las concentraciones en Madrid,  en Ferráz y otras ciudades españolas, no dejamos de recordar el “dejá vú” de la tragedia venezolana que puede repetirse en España.

Las semejanzas vienen al caso, más allá de las distancias geográficas entre Venezuela y España, por las cercanías históricas y culturales; hay una lengua en común, el castellano, hablado por más de 500 millones de personas, el segundo idioma del Occidente después del inglés.

El conflicto político de España puede resumirse en que al ganador de las elecciones de julio pasado, Alberto Feijoó, no obtuvo los 4 votos necesarios en el Congreso de Diputados para ser investido como jefe de Estado, mientras que su adversario Pedro Sánchez vendió su cargo de presidente por 7 votos a los separatistas catalanes.

Y así han pasado 4 meses debatiendo quién será el presidente del Gobierno de España, según sus leyes para alcanzar el consenso parlamentario. La ley establece que quien saque más votos parlamentarios será el jefe de Gobierno.

Y el asunto se resuelve con operaciones matemáticas: a Feijóo le faltan 4 votos y a Sánchez le faltan 7 votos (los del catalán Carles Puigdemont). A Sánchez le han sobrado pactos con grupos minoritarios: PSOE más ERC, JUNTS, BILDU Y BNG, cuyas exigencias separatistas impulsan un golpe de Estado camuflado para desmembrar el territorio español.

Pero la ambición del jefe de Gobierno en funciones parece no tener límites ni escrúpulos para ser el jefe del Estado por segundo período legislativo de 4 años.  Sánchez ha vendido su alma a sus socios catalanes del Junts, por siete votos y el perdón a los golpistas con la ley de amnistía. Igual ha sido con el País Vasco. Es decir, todos los partidos minoritarios de izquierda se le han unido para exigirle y aprobarle la investidura. Así lo tendremos por 4 años más si no ocurre un milagro antes.

Esta es una película repetida del chavismo, del dejá vú, que en 2002 empezó a imponerse en Venezuela mediante elecciones fraudulentas. Fueron más de 24 años continuos de comicios en los que se impuso su votación mediante la compra de votos con bolsas de alimentos “Clap”, vendiendo la promesa de una vivienda popular, entregando a los militares la administración y explotación de empresas y riquezas públicas, gobernaciones y alcaldías.

En sus 13 años de gestión, Chávez controló los tres poderes y sumó dos poderes más -dentro de la nueva Constitución de 1999- con lo cual abolió el Estado de derecho. Llegó a declarar que “el Estado soy yo” en sus largos programas “Aló Presidente”, donde impuso a su heredero Nicolás Maduro en el 2012. Lo primero que hizo fue tomar el poder de justicia e imponer el sistema judicial chavista en donde el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales y jueces, se convertían en su brazo jurídico.

Para lograr el dominio de las instituciones, Cilia Flores, la actual primera dama, cuando era presidente de la Asamblea Nacional controló para ese momento el Poder Legislativo y luego fue Procuradora de la República. Desde ahí y como diputada maniobró los votos de las leyes chavistas e instituciones que cambiaron la faz de la Venezuela democrática por la de “revolucionaria socialista” hasta el sol de hoy.

Las semejanzas con España huelen a chavismo. Sánchez ha seguido sus pasos, sin duda, despidiendo a Juan José de la Flor, informático del Congreso, para controlar totalmente las votaciones de leyes como la de la amnistía. El informático afirma: «nos han echado de repente, de un día para otro, cuando llevamos ocho años aquí dando servicio. Nos dijeron que nos echaban porque iban a meter a 15 funcionarios por nosotros. Nos iban a sustituir porque lo que quieren es controlar las instituciones”, publican en X.

Han sustituido a profesionales independientes por funcionarios del Estado porque quieren controlar el Congreso, lo mismo hizo Cilia Flores con pactos de lealtad de “sangre” con sus colaboradores venezolanos.  

El Gobierno español quiere controlar los servicios informáticos del Congreso porque con eso puede controlar las votaciones. “Si controlas la informática del Congreso, puedes alterar el resultado de las votaciones. Se puede alterar muy fácilmente por alguien que sepa un poco de informática o alguien que quiera hacer el ‘batucazo’, por dentro lo puede hacer», dice Juan José de la Flor.

“Te pareces tanto a mí, que no me puedes engañar”, cantaba Juan Gabriel. En pocos días veremos a Sánchez investido para su segundo período con plomo en las alas, pues el perdón a los golpistas separatistas del 2012 y 2017 y el reembolso de más de 100.000 millones de euros de impuestos que selló con Puigdemont, están en veremos.

En las redes de X, VOX se querella contra Pedro Sánchez por “cohecho, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. También se incluye al golpista Puigdemont y se solicita como medida cautelar la suspensión del pleno de investidura”.

El periodista y diputado europeo Hermann Tertsch alertó que la Asociación Internacional de Jueces llama golpista a Pedro Sánchez porque su investidura dinamita la separación de poderes y aboca a la arbitrariedad y dictadura. “Sánchez, has perdido, dimite antes de que la Comunidad internacional te declare proscrito y criminal, y acabe colgándote por los pies”, dice en su cuenta de X.