Tomada de BBC News

Benigno Alarcón Deza

17.06.24

En las últimas semanas hemos visto a distintos voceros del gobierno desplegando una campaña que intenta identificar a Maduro con la paz del país. “Maduro es la paz” expresan varios voceros del oficialismo, posiblemente intentando tomar ventaja del miedo a lo que puede significar un cambio después de un sistema que se ha mantenido durante 25 años. O quizás como un chantaje que nos dice que la continuidad es la paz e intentar un cambio es sinónimo de conflicto.

En contraste con la campaña oficialista, los estudios de opinión más conservadores nos vienen diciendo que el 80% de la gente considera necesario un cambio de gobierno; que al menos un 75% de los votantes registrados votarán; y que algo más de un 50% tiene la intención de hacerlo por el candidato apoyado por María Corina Machado y la Unidad, Edmundo González Urrutia, y alrededor de un 25% lo haría por Maduro.

Las proporciones planteadas implican que en un padrón electroal que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuenta con 21.402.220 electores, los electores que verdaderamente podrían votar, al restar las migraciones internas y la diáspora no registrada, quedaría en unos 17.000.000, de los cuales votarían alredededor de 13.000.000, de los cuales Edmundo obtendría unos 6.500.000 votos y el gobierno, en el mejor de los casos, lograría unos 4.000.000, lo que significaría una brecha de, al menos, unos dos millones y medio de votos entre el oficialismo y la oposición, considerando las estimaciones más conservadoras.

En un intento por cerrar esta brecha, y legitimar su permanencia en el poder a través  de esta elección, el oficialismo acude, como en el pasado, a prácticas frudulentas que violan la integridad electoral en diferentes etapas del proceso, que comenzaron con la fijación de la fecha de la elección en el mes de julio, para dar menos tiempo a los opositores para prepararse, la inahbilitación de María Corina Machado, tras haber ganado la Primaria del 22 de octubre pasado, las trabas sistémicas para permitir la inscripción de una candidatura apoyada por ella, y las medidas judiciales contra varios de los partidos mayoritarios que podrían sumar más votos al candidato de la oposición y que hoy están impedidos de participar.

A estas prácticas fraudulentas se suman la censura a los medios para que el sector oposición no tenga presencia pública, los intentos por impedir los actos de campaña en diferentes ciudades del país, las represalias contra las empresas que prestan algún servicio a la oposición, el uso eviente de recursos públicos en el caso del oficialismo, el retiro de la invitación a la Misión de Observación Electoral europea, que sería la única misión de observación propiamente dicha que estaría presente en Venezuela, y la persecución y órdenes de detención contra varios miembros clave del comando de campaña de la oposición, incluida su jefa de campaña, Magalli Meda, que permanece asilada junto a otros cinco venezolanos, luchadores por la democracia, en la Embajada de Argentina: Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola. Esto entre otras medidas y decisiones que se producen cada día.

El dilema del gobierno

El problema para el gobierno es que, por primera vez, le toca enfrentarse a una oposición que es claramente mayoría y que, al menos, le duplica en intención de voto, según los cálculos más conservadores. La estrategia de fragmentación del voto opositor facilitando la participación de múltiples candidaturas, la mayoría de ellas cooptadadas por el gobierno y sin haber cumplido con los trámites mínimos para el registro de los partidos que postulan, no funcionó, por lo que estamos ante una elección polarizada entre Nicolás Maduro y María Corina Machado, quien ha logrado canalizar todo el apoyo a su liderazgo hacia Edmundo González Urrutia, gracias a una alianza que luce sólida y honesta con la candidatura inscrita y el consenso de todos los partidos que constituyen la Plataforma Unitaria.

Tampoco le ha funcionado al gobierno la estrategia de generar abstención, intentando liquidar la esperanza y las expectativas de cambio. La realidad es que la esperanza se mantiene y las expectativas de cambio parecieran aumentar cada día; la gran mayoría del país da como un hecho que Maduro perderá la próxima elección. Esto es lo que se oye en la calle, en las oficinas públicas, en los barrios (como vimos recientemente en el estudio del Centro de Investigaciones Populares “Alejandro Moreno”), y seguramente también en los cuarteles.

Esta situación genera un dilema existencial para el gobierno entre acabar con la elección, sacando a la oposición del proceso, lo que implica destruir todo resquicio de legitimidad, lo que les obligaría a mantenerse en el poder por la fuerza y contra la voluntad de la mayoría del país, y ya sabemos lo que eso significiaría en términos de inestabilidad interna y aislamiento internacional, o arriesgarse a ir a un proceso difícil de ganar, apostando a la capacidad para movilizar a los suyos a votar, desmovilizar a los opositores, y controlar los resultados y sus conscuencias, gracias a su control sobre las instituciones del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral y el aparato judicial y represivo.

La realidad es que en estas situaciones hay que diferenciar entre lo que un gobernante quiere y lo que puede. El estudio comparado de las transiciones nos dice que no son pocas las ocasiones en las que un gobierno en el poder no puede hacer lo que quiere, tras haber perdido una elección. Y si hay dudas sobre esto, recomiendo preguntarle a quienes acompañaron a la férrea dictadura militar de Augusto Pinochet o la de Marcos Pérez Jímenez, pero si queremos ejemplos más recientes en la región, aún andan por ahí Rafael Correa y Evo Morales, solo por poner algunos ejemplos de varias decenas de casos en el mundo.

En sentido opuesto, aquellos gobiernos que supieron hacer una lectura correcta de la situación lograron mantener algunos espacios, e incluso volver a ser gobierno bajo reglas de convivencia democrática, de las que al final del día, aunque suene contradictorio, terminan siendo sus principales beneficiarios, tal como aconsejaba, por expriencia propia, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a su homólogo venezolano.

El peligro de equivocarse para el gobierno es que si acaba con la legitimidad de los comicios presidenciales, bien acabando con la candidatura de Edmundo González Urrutia antes de la elección o desconciendo un resultado adverso tras la elección, generaría condiciones que se traducirían en mayor inestabilidad interna y aislamiento externo, más allá del que ya sufren, por lo que su dependencia de la lealtad del aparato judicial y represivo, para mantener el poder por la fuerza, y del apoyo de gobiernos aliados, para evadir las sanciones y sostenerse económicamente,  se incrementaría de manera significativa.

El problema para el gobierno, como demuestra la historia, es que la lealtad y los apoyos nunca son incondicionales y son siempre circunstanciales. Dependen siempre de cálculos costo/beneficio de decisores que no son siempre los mismos y que, aún siéndolo, ajustan sus opiniones y decisiones a circunstancias que son siempre cambiantes.

En conclusión…

Como dice la campaña oficialista, en las manos de Maduro (no en su continuidad) está la paz del país. La paz del país dependerá de que el gobierno permita que los venezolanos decidan el próximo 28 de julio y no tome la decisión de salirse del guión electoral abortando la elección, inhabilitando al candidato de la oposición o a las tarjetas que forman parte del tarjetón ya aprobado, o intentando desconocer la voluntad de la mayoría expresada en los resultados del proceso.

A partir de allí, todos deben reconocer el resultado electoral y sus consecuencias, y debe retomarse un proceso de negociación que, lamentablemente, no ha sido posible antes de la elección, pero que resultará inevitable tras la elección para garantizar la paz del país.

Si las tendencias se mantienen, como todo parece indicar, Venezuela tiene este 28 de julio la oportunidad de producir un cambio, de retomar el camino de la convivencia democrática y la paz . La paz dependerá de que los eventos se desarrollen con apego a las expectativas de la mayoría de la gente, a lo que la gente quiere y sabe que ocurrirá, sin sorpresas ni sobresaltos, para que el 28 de julio podamos TODOS celebrar un nuevo comienzo en DEMOCRACIA.