Hay pocas probabilidades de convencer a grandes inversionistas internacionales para que arriesguen sus capitales en un país sin seguridad jurídica, dominio del crimen organizado, deudas por $160 mil millones y más de seis años en default

Francisco Olivares

21.06.24

La campaña electoral que está llevando a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, en la que se enfoca en promover la versión de que la destrucción del país fue causada por los más importantes líderes de la oposición, encabezados por María Corina Machado, lejos de inclinar la balanza hacia ellos, profundiza la necesidad de un cambio democrático. Y le confirma a los venezolanos quiénes son los responsables de la pobreza que hoy padece Venezuela.

No se trata solamente de la aplicación de un modelo político llamado socialismo del siglo XXI, que ha expropiado industrias, empresas y tierras productivas que en manos del Estado ahora están quebradas, trabajando al 20% de su capacidad o abandonadas.

El deterioro tampoco ha sido solamente por haber puesto al frente de las empresas estatizadas y de los cargos gubernamentales a personas por razones políticas sin la preparación adecuada. Se trata de que la corrupción y negligencia hicieron estragos con la desaparición de miles de millones de dólares, muy bien documentados en procesos en varios países y hasta en tribunales venezolanos. Además del fortalecimiento de los vínculos de funcionarios con el crimen organizado, la extorsión se extendió a todos los niveles en los procesos de la administración pública.

Esa realidad ya es comprendida por la mayoría de la población y difícilmente esa percepción pueda ser cambiada con campañas propagandísticas.  

La oferta recurrente llevada cada año por Nicolás Maduro que señalaba: “este año será el de la recuperación económica”, ha dado paso a un mensaje genérico en la actual campaña electoral que dice: “nos quieren robar el futuro” ya que no tienen un presente satisfactorio qué mostrar y de allí el énfasis en que la destrucción es culpa de las sanciones, según el gobierno, auspiciadas por los opositores.

El mensaje oficial lo que hace es reafirmar la crisis que vive el país, justifica la pobreza que alcanza a 80% de las familias, desconoce la existencia de 7 millones de emigrantes y evade la responsabilidad en los bajos salarios y pensiones que reciben la mayoría.

La nueva oferta para aumentar el monto de las pensiones, con la nueva Ley de Protección de Pensiones, no será financiada por los ingresos del gobierno sino por un nuevo impuesto de 9% que se aplicará a las empresas venezolanas, a los centros educativos privados y sectores comerciales, que ya tienen que entregar hasta 60% de sus ingresos por pagos municipales, nacionales y parafiscales. Eso sin contar los “peajes” para lograr efectuar los complejos trámites que exigen las distintas instancias gubernamentales. Este nuevo impuesto será pagado por el bolsillo de los ciudadanos, incluyendo los propios pensionados que se encontrarán con nuevos aumentos en los precios de los productos. Sin ese impuesto, para el cierre de 2024, estima el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación cerrará en 78%.

En lugar de reactivarse la economía venezolana este impuesto significará mayores ingresos para la burocracia que sigue aumentando de tamaño, y más empresas y comercios cerrados que no podrán con las nuevas exigencias. 

Es tal el grado de deterioro de un país que ha perdido el 80% de su producto Interno bruto (PIB) en 5 años, que los estudios de firmas de investigación reconocidas como Delphos, Datincorp, Pronósticos, arrojan que el rechazo a la gestión de Maduro está en el orden de 80%.

La sociedad se organiza para el cambio

Académicos como el equipo de investigadores y especialistas del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) ya tienen estudios muy completos de la cantidad de tareas que hay que reformular para generar gobernabilidad en el país en una transición hacia un sistema democrático y lograr reconducirlo hacia un desarrollo económico e institucional que  supere el proyecto autoritario que implantó Hugo Chávez hace 25 años.

El estudio está recogido en un amplio documento denominado: “La Consolidación de una Transición Democrática”, en el cual contribuyeron más de 300 expertos en las áreas de economía, política social, seguridad y defensa, seguridad ciudadana, administración pública nacional, relaciones internacionales, Estado de derecho,  libertad de expresión y medios de comunicación, sistema de partidos políticos, sistema electoral, y el rol de la sociedad civil en la construcción de una gobernabilidad  de un proceso de transición.

La investigación documenta y profundiza las bases fundamentales para conducir y gobernar hacia una transición democrática. Allí se resaltan los aspectos  fundamentales sobre los cuales se sostendrá la consolidación efectiva de la democracia como son: La capacidad estatal para dar respuesta a las demandas sociales cada vez más complejas; un Estado de derecho que goce de legitimidad, regule las relaciones entre gobernantes  y gobernados y garantice la igualdad de todos ante la justicia. Asimismo el fortalecimiento de las instituciones democráticas, para garantizar la existencia de balances y contrapesos al poder en cualquiera de sus expresiones, la participación en las decisiones que nos afectan en el ejercicio pleno de las libertades y los derechos políticos y ciudadanos de todos,  y el valor del voto como uno de los medios para el ejercicio de la soberanía de los pueblos.

También se abordan tareas indispensables aunque complejas como las exigencias económicas para una transición en los primeros años, cómo abordar las reformas institucionales indispensables para una sociedad democrática, los cambios necesarios para recuperar la institucionalidad,  profesionalismo y rol apolítico de las fuerzas armadas para la defensa del país, que es una institución clave para poder enrumbarlo hacia una democracia.

Una transición de un modelo autoritario es un proceso muy complejo que involucra necesariamente a toda la sociedad.

No es solo un cambio de gobierno

La transición que puede producirse a partir del proceso electoral del 28 de julio a diferencia de otras que hemos conocido en el continente en países democráticos. No se trata de un cambio de gobierno o la llegada de un líder carismático con novedosas ideas para imponer un nuevo modelo de conducción.

Se trata de casi una reconstrucción total de las bases de las estructuras de funcionamiento e integración de un país que ha sido gobernado durante 25 años por una casta autoritaria, que lo ha llevado a ser uno de los países más atrasado del continente a pesar de las industrias y las reservas naturales con las que contaba.

Por ello no se trata de un determinado programa de gobierno sino de un proceso que involucra a toda la nación, a sus organizaciones civiles, culturales y laborales, sus especialistas, investigadores, universidades, partidos políticos, y comunidades ciudadanas, para poner en marcha la aplicación de las propuestas que ya varios sectores como los que citamos en este escrito, están documentando para que el cambio no solo sea factible sino que se consolide en el tiempo, se fortalezca y pueda evitar que la llegada de mesías o líderes carismáticos puedan, desde la Presidencia de la República, gobernar por encima de las leyes, las instituciones y la sociedad civil.   

Al proceso que se está observando, encabezado por el candidato Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado, con el respaldo de la Plataforma Unitaria, se han incorporado cientos de organizaciones civiles para esa construcción que se inició a partir del proceso de primarias del 22 de octubre.

La respuesta que muestra el ciudadano común de apoyo a los líderes políticos de este proceso, indican que la convergencia de todos los sectores está trabajando y organizando para hacer factible una transición que aprovechará las mejores capacidades del país para hacer factible ese cambio deseado y necesario.  

X e IG @folivares10