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Benigno Alarcón Deza

09.09.24

Este pasado sábado los venezolanos recibieron una noticia que aún mantiene al país en shock. El presidente electo el pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, abandonó el país para exiliarse en España. Para el momento de cerrar este artículo resulta prematuro sacar conclusiones sobre el impacto que tendrá esta decisión en el futuro de Venezuela, pero de lo que sí no hay dudas es sobre cómo la angustia y la incertidumbre están impactando en el ánimo de una nación que siente que sin democracia no habrá futuro.

Lo que sí vemos con claridad es que, transcurrido más de un mes de la elección presidencial, el gobierno de Maduro trata, por todos los medios, de afianzarse en el poder, “por las buenas o por las malas”, como prometió[1].

En este sentido, el gobierno trata de “normalizar” la situación, a pesar de que la mayor parte de los venezolanos y la comunidad democrática internacional se resisten a reconocer su legitimidad, sobre todo porque que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se niega, hasta el día de hoy, a mostrar las actas que, supuestamente, dan como ganador al candidato oficialista.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento anunció que aquellos actores que no reconozcan el veredicto oficial del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los resultados del 28 de julio no podrán participar en futuros procesos electorales[2]. Esta amenaza confirma el carácter excluyente de los comicios por venir, lo que acaba con cualquier posibilidad de elecciones competitivas y libres tras el resultado de la elección presidencial. Una involución predecible gracias al control gubernamental sobre las instituciones y su incapacidad para competir y legitimarse electoralmente, tal como ha sucedido con otras autocracias electorales en circunstancias similares: Rusia, Bielorrusia, Turquía y Nicaragua, entre otros.

Para los estrategas políticos de la oposición democrática, esta situación plantea un serio dilema: persistir en la lucha electoral, que en las circunstancias actuales pareciera reducir sus posibilidades para modificar el statu quo, o plantearse nuevas formas de lucha. Por ahora, la estrategia sigue siendo la de defender, sin tregua y pese a lo ocurrido el pasado fin de semana, la victoria electoral de Edmundo González Urrutia.

Un nuevo éxodo

Una consecuencia inevitable del desenlace de este conflicto electoral es una nueva escalada migratoria que, aunque el tema electoral no puede darse aún por cerrado, ya comienza a observase en el aumento del flujo de migrantes, principalmente hacia Brasil, España, Estados Unidos y Colombia.

En la frontera de Roraima y según datos del ejército de Brasil, responsable de la “operación acogida” desde el 30 de julio hasta el 4 de septiembre, han arribado 10.468 venezolanos con intención de quedarse en ese país o de continuar su marcha hacia otros países vecinos. El paso diario ha subido de 300 a 900 migrantes, lo que ha hecho que agencias como ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones hayan suspendido sus planes de retirada y ahora plantean mantenerse indefinidamente en los refugios.

En el caso de Colombia se registra un cruce de unas 1.200 personas diariamente, sumando los puntos de Cúcuta y la Guajira. El flujo de carros por puesto que hacen la ruta San Cristóbal, San Antonio hacia Cúcuta, aumentó de 20 vehículos diarios a 200, un indicativo del movimiento en ese punto de la frontera. Y en España el ingreso en cada jornada es de 200 venezolanos.

Además, en otros países como Chile, Argentina, República Dominicana y Perú están evaluando el impacto de esta nueva ola migratoria, aparte de Estados Unidos, donde en algunas ciudades ya se están haciendo preparativos por parte de organizaciones no gubernamentales y religiosas, como es el caso de Chicago.

El gobierno se prepará para reprimir y evadir sanciones

Cuando se hicieron los anuncios de cambios ministeriales hace dos semanas, se generó un efecto psicológico que el gobierno buscaba: incrementar el temor en la población y hacer así menos necesaria la represión. Pero, además, configuraba una nueva estructura de reparto de poder con contrapesos que limitan la acción tanto de instituciones como de actores individuales.

La reciente designación del capitán (retirado) Diosdado Cabello, uno de los actores gubernamentales más radicales y con mayores costos de tolerancia a un cambio político, como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, implica su control sobre cuerpos policiales y el aparato de inteligencia, una señal clara de la disposición a reprimir, pero también un contrapeso importante a la institución militar.

Otro movimiento relevante es el nombramiento de Delcy Rodríguez, quien además de estar a cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva, asume el Ministerio de Petróleo y pone a dos figuras de su círculo de confianza a cargo de Finanzas (Anabel Pereira) y de PDVSA (Héctor Obregón Pérez), con el detalle de que ambos tienen amplia experiencia en la gestión de criptomonedas y en sistemas económicos alternativos, mecanismos que facilitarían las transacciones financieras y petroleras en el caso de implementarse nuevas sanciones.

La presión internacional

Donde ha perdido terreno el gobierno es en el campo de la opinión pública, y en especial la internacional. Muchos gobiernos han reconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia o, al menos, no reconocen el de Maduro, varias organizaciones han manifestado que el proceso electoral no fue transparente, a lo que se suman las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante el periodo postelectoral.

Asimismo, la comunidad internacional democrática criticó la decisión del TSJ de avalar el resultado anunciado por el CNE, y más recientemente cuestionó el anuncio sobre la orden de captura contra Edmundo González Urrutia por parte de un Tribunal de Terrorismo a solicitud de la Fiscalía.

Los cuestionamientos, los que más han molestado al Ejecutivo, vienen de países que, hasta hace poco, se veían como aliados incondicionales del gobierno venezolano. Es así como sobre la orden de captura a González Urrutia, llamó la atención el tono del reclamo de Celso Amorín, asesor de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre lo inaceptable de la medida y la escalada autoritaria del gobierno de Maduro. Adicionalmente, generó molestias que se tradujeron en la suspensión de una reunión entre Venezuela, Brasil y Colombia, la declaración difundida por las cancillerías de estos dos últimos refiriéndose, por primera vez, al incumplimiento del Acuerdo de Barbados por el gobierno venezolano[1].

Lo cierto es que Miraflores se encuentra ante un evidente aislamiento internacional, que en parte alienta con sus propias acciones, pero que también limita su margen de maniobra.  Al mismo tiempo, ha venido profundizando sus acercamientos con regímenes no democráticos, como China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, entre otros, en el que la aproximación al grupo de los BRICS (conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) levanta expectativas –quizá excesivas– sobre la cita de octubre en Rusia, a la que ha Maduro ha sido invitado.

¿Qué sigue?

El gobierno venezolano avanza en su estrategia de ganar tiempo, con el objetivo de desalentar a la oposición y a la comunidad internacional democrática. Para lograrlo, continuará recurriendo a la represión y persecución política, limitando las acciones de la dirigencia opositora e intentando generar terror entre la ciudadanía. En este sentido, la salida del país de Edmundo González Urrutia abona, en un primer momento, y al menos que haya una ofensiva efectiva del presidente electo desde el exterior, a la estrategia gubernamental, contribuyendo al aislamiento de la oposición y de María Corina Machado, quien continúa en el país liderando la lucha por la democracia.

En lo internacional, el gobierno refuerza la relación con socios geopolíticamente afines, como Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán y Turquía, entre otros gobiernos iliberales, mientras intenta apelar al pragmatismo en la preservación de los intereses de los gobiernos democráticos que se le oponen, en un escenario en el que el tiempo amenaza con diluir las expectativas de cambio, a través de la negociación de acuerdos energéticos, comerciales y políticos, la preservación de actividades consulares y diplomáticas, entre otros incentivos.

De concretarse este proceso a través de la juramentación de Maduro en enero y su continuidad en el poder, el gobierno se readicalizará con un mayor cierre en lo político, buscando su consolidación como un nuevo autoritarismo hegemónico en la región, que se sumaría a los casos de Cuba y Nicaragua, en un continente en el que la calidad y estabilidad de las democracias van en franco retroceso, y en el que actores con vocación autoritaria encontrarán un importante aliado en la región.

Desde una perspectiva estratégica, es evidente que la oposición enfrenta serios desafíos. Algunos sectores de la oposición, sobre todo los cooptados por el gobierno, estarían considerando participar en las elecciones regionales de finales de 2025, que posiblemente se adelantarán como mecanismo de apaciguamiento tras la juramentación de Maduro. Sin embargo, lo ocurrido despoja de toda credibilidad el sistema electoral venezolano, por lo que es previsible, en contraste con la elección presidencial, un exiguo nivel de participación. En otras palabras, lo electoral, como mecanismo de renovación política, pierde valor, lo que no resuelve el conflicto, sino que lo agrava al “justificar” el uso de otras vías para su resolución.

A la comunidad internacional, por su parte, le tocará un doble rol que puede parecer contradictorio pero que es en realidad complementario, el de presionar y ser al mismo tiempo facilitador de un posible proceso de negociación. Por lo que mientras una parte importante de la comunidad internacional avanza con la presión diplomática para que se publiquen las actas y se respeten los resultados, países más cercanos al gobierno de Maduro, como Brasil y Colombia, podrían tener una mayor incidencia en una negociación. A todo evento, mientras las actuales circunstancias sean sostenibles para el gobierno, las posibilidades reales de una salida negociada son prácticamente inexistentes.

Este escenario plantea un desafío crítico para el liderazgo de la oposición, la sociedad venezolana, y también para la comunidad internacional democrática. A la dirigencia opositora le toca evaluar una estrategia que le permita impulsar la participación de todos los sectores de la sociedad para impedir la consolidación de un régimen totalitario en Venezuela. Gracias al liderazgo de María Corina Machado y el consenso en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia, la oposición logró una victoria electoral sin precedentes, que ello se traduzca en un cambio de destino para el país depende del compromiso y el acompañamiento de la sociedad venezolana y la comunidad internacional. El liderazgo solo no puede, pero de su suerte depende el futuro de millones venezolanos y, en el mediano plazo, el futuro de la democracia en la región.

[1] https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/declaracion-conjunta-brasil-colombia

[1]  https://www.bbc.com/news/articles/cn098z5el7lo    

[2] https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/23/asamblea-venezuela-jorge-rodriguez-plantea-prohibir-candidaturas-fascistas-orix/