Por: Benigno Alarcón

La política venezolana desde la asunción de Hugo Chávez despertó curiosidad, alarma, simpatías y rechazos. Se ha dado desde entonces una importante discusión, que trasciende las propias fronteras del país y que se iniciar poco después del inicio del período presidencial de Hugo Chávez Frías en 1999, sobre la naturaleza del régimen que se trataba de implementar desde la reforma constitucional aprobada en Diciembre de ese mismo año.

Para entender cómo se fue afirmando en la sociedad venezolana la propuesta de Chávez, en la que se combina la legitimación democrática con el ejercicio autoritario del poder  recurriremos a un registro de análisis que no ha sido el más abordado por la literatura del tema: la conformación de una nueva cultura política en el país.

Entendemos por cultura lo que Inglehart (1997:18) define como “un sistema de actitudes, valores y conocimientos compartidos ampliamente por la sociedad y que es transmitido de generación en generación”. Larry Diamond (1994:11) define la cultura política de una población como el conjunto de “creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos, y evaluaciones acerca del sistema político de su país, y el rol propio dentro de ese sistema”.

La cultura política, como lo demuestran muchos estudios en Venezuela que seguramente son similares a la mayoría de los realizados en otros países, no es homogénea (Carrasquero, Varnagy y Welsch, 2003; Rivas Leone, 2012; Raby, 2006; Romero, 2003). Más aún, Venezuela muestra que la cultura política puede experimentar grandes transformaciones en el transcurso de una sola generación. Las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos, evaluaciones e incluso el rol propio que define la relación del individuo con el sistema no es entendido de la misma forma por todos los ciudadanos de un país, de ahí que el fundamento de las distintas corrientes políticas que se manifiestan y pugnan por el poder se hayan expresado como una profunda polarización política.

La comprensión de la cultura política es importante no solo porque ella define las expectativas de la gente en relación al sistema político en el que viven, sino además porque las ideas terminan por definir la realidad y por el impacto que, en consecuencia, ésta tiene sobre la evolución del mismo sistema político. En este sentido, autores tales como Seymour Martin Lipset (1963) y Samuel Huntington (1986; 1991), entre otros, han destacado la importancia que los niveles de alfabetización, educación, ingresos, salud, desplazamiento de la población del campo a la ciudad, de la mano de obra del sector primario de la economía al secundario y terciario, y el sistema de valores, tienen sobre la consolidación del sistema político democrático, aunque en la práctica haya habido importantes excepciones a la supuesta  relación directa entre lo que denominamos desarrollo y democracia. Es así como nos encontramos con que países como Singapur y Malasia, que ocupan los primeros lugares en los índices de desarrollo humano[1],  no cuentan con sistemas de gobierno democráticos. En este sentido, la dinámica política no puede explicarse desde la formula desarrollo-democracia, sino que por el contrario existen condiciones culturales, previas o generadas, que pueden tener un peso muy importante en la definición del régimen político, y de aquí la importancia de comprender la cultura política de un país a los fines de poder explicar la forma en que se define y evoluciona su realidad política.

Los estudios realizados sobre cultura política y sobre otros aspectos relacionados, sin excepción, coinciden en que el venezolano considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, e incluso más importante que el desarrollo económico y la justicia social. Es común que el discurso normativo y principista esté siempre presente al buscar opiniones sobre el valor de la democracia, aunque después nos encontremos con importantes contradicciones en lo actitudinal e incluso en las concepciones mismas sobre lo que debe entenderse como democracia, siendo aquí en donde los efectos de la polarización política comienzan a hacerse presentes.

Si bien es cierto que pareciera haber un consenso en Venezuela en torno a la democracia como la mejor forma de gobierno, las diferencias comienzan cuando toca definir lo que entendemos como democracia. En los diferentes estudios realizados en Venezuela sobre cultura democrática, como el de Datos (2010) y Gumilla (2009) los encuestados definen la democracia en base a sus atributos. En tal sentido, la gente identifica la democracia principalmente con la libertad de expresión, lo que incluye la libertad para criticar al gobierno, la posibilidad de elegir, el cumplimiento de la ley, la libertad de prensa, y la igualdad. En el estudio de Datos si bien hay coincidencia en los atributos definitorios de una democracia, existen importantes diferencias en la manera en que se entiende la presencia o no de esos mismo atributos, así como en el énfasis y la importancia que se le otorga a cada uno de ellos. Dichas diferencias dependen del lado del espectro político en el que se ubica el entrevistado. La libertad de expresión, aunque es un atributo puesto en primer lugar por casi todos los entrevistados, se ubica en un lugar preferencial a la hora de determinar si estamos en una democracia para quienes se identifican con la oposición, mientras que para aquellos que apoyan al gobierno del Presidente Chávez no alcanza la misma preponderancia. Estos, por el contrario no le otorgan a esta libertad una importancia mayor a la de otros atributos y no sienten que la libertad de expresión esté en peligro en Venezuela.[2] Esta diferencia de posiciones en relación a la libertad de expresión es especialmente importante si consideramos que este estudio fue realizado después del cierre del canal de televisión más antiguo y uno de los más importantes del país, Radio Caracas Televisión.

Para quienes se sienten más cercanos a la posición oficialista las características más importantes de la democracia incluyen la garantía de todos los derechos, la forma pacífica de llegar a acuerdos, la posibilidad de votar en elecciones, y el poder en manos del pueblo. Este orden de prioridades es muy similar entre los diferentes niveles socio-económicos mientras que, curiosamente, otras características que podrían considerarse como esenciales, tales como garantizar la igualdad de oportunidades, elecciones, respeto al derecho de las minorías,  participación en el gobierno, la existencia de partidos políticos, de un poder legislativo y judicial independientes, e incluso de la libertad son mucho menos valorados por la mayoría, independientemente de su nivel económico y su posición política. Tal como consta en el  trabajo realizado por la Universidad de Vanderbilt, a través del Proyecto de Opinión Pública de América Latina –LAPOP- (Boidi y Briceño, 2010: 167-168)[3], al revisar el concepto de democracia en el oficialismo se evidencia una alta disparidad entre un ideario político democrático altamente apreciado y los valores reales que lo sustentan.