Por: José Vicente Carrasquero A.

Una de las instituciones que se ha visto más comprometida a lo largo de los últimos años es el secreto del voto. El mismo es un derecho inalienable de los seres humanos. El poder expresarse sin que esa opinión sea conocida es garantía de que las personas se sentirán libres de amenazas o represalias por la decisión que tomen. Es la seguridad de una decisión soberana tomada desde el convencimiento individual. Es en todo caso la expresión de un principio bandera de los derechos del ciudadano como es la libertad de consciencia.

Son muchas las razones que han influido en la percepción, y a veces convencimiento, de que el voto puede ser conocido y que ello podría traer consecuencias indeseadas de índole laboral, familiar y hasta en el acceso a los servicios prestados por el gobierno nacional. Todo esto se origina en la creación de una lista de todas las personas que firmaron solicitando el referéndum revocatorio del mandato presidencial otorgado en las elecciones de 2000. Lastimosamente, este listado fue usado por funcionarios de instituciones públicas para despedir trabajadores o para bloquear su contratación. Estas represalias fueron de tal magnitud que el asunto adquirió rango de tema relevante para la opinión pública.

Es cierto que se cometió el atropello de hacer pagar a personas con sus puestos de trabajo o su posibilidad de ser contratado por ejercer el derecho constitucional de solicitar la revocatoria del mandato presidencial. Esta condenable práctica degeneró en otra todavía más cuestionable: hacer depender del voto el acceso a servicios prestados por el gobierno bajo la falsa premisa de que se puede saber por quién se vota.

Es necesario puntualizar que la lista que uso el gobierno para atentar contra los derechos de los firmantes no era secreta. Que tampoco fue construida a partir de un proceso electoral. Ha interesado a políticos inescrupulosos hacer creer a la gente el voto se puede conocer. Ha sido política de funcionarios no hacer énfasis en el secreto del voto.

Los excelentes técnicos que han auditado el proceso electoral dan fe de la imposibilidad de que nadie sepa por quién voto una persona. Eso debe ser difundido por todos los entes del Estado interesados en el proceso electoral. Los partidos políticos y las organizaciones electorales deben hacer campaña para que los venezolanos recuperemos la fe en nuestra capacidad de expresarnos libremente a través del voto en la seguridad de que no tendremos que enfrentar contratiempo alguno por ello.

Se ha hecho parte del discurso del partido de gobierno arrojar dudas sobre la idoneidad del sistema electoral. Lejos de contribuir a hacer sentir al ciudadano que puede ejercer su derecho con absoluta libertad, se llega a decir que se saben quienes votaron por la oposición y que eso traerá consecuencias. Semejante barbaridad no es respondida debidamente por otras instituciones del estado que deben velar por la existencia de condiciones propicias para que los venezolanos se puedan expresar de acuerdo a lo que dictan sus sentimientos con respecto a la situación que está viviendo.

Se debe aplicar todo el peso de la ley a quien trate de hacer creer que puede saber su voto. Ese acto constituye una violación de los derechos humanos de las personas y por lo tanto es condenable e inaceptable. Una cruzada por la recuperación de la confianza en el voto debe ocupar buena parte del tiempo de todos los actores políticos que participen en los procesos electorales a celebrarse en nuestro país.