Columnistas

Reforma electoral en sociedades divididas

insercionsocial_propuestas-solidarias-en-elecciones-europeasPor: Héctor G. Briceño M.

El mes de septiembre de 2010, el partido político Patria Para Todos (PPT) concretó su ruptura con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al presentar candidatos a la Asamblea Nacional en una fórmula independiente, como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) en agosto de 2009, la cual, según distintos voceros de los (para entonces) ex-aliados del PSUV, habría resultado ser una normativa excluyente y discriminatoria.

De igual forma, los partidos organizados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), luego de conocer los resultados electorales del 26 de septiembre de 2010, denunciaron la normativa electoral, afirmando que su aplicación impidió la concreción de los cambios que el electorado habría expresado a través del voto, permitiendo al PSUV mantener una mayoría de diputados con menos de la mitad de los votos a nivel nacional.

Recientemente, el diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Pedro Carreño, habló de la necesidad de realizar una reforma a la LOPE, por lo que podría pensarse que las condiciones para un debate con este fin están dadas.

La importancia del diseño electoral expresado en las leyes es vital para la democracia. En este sentido, el reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori ha afirmado que el sistema electoral es la parte más esencial del funcionamiento de los sistemas políticos. Igualmente, el politólogo holandés Arend Lijphart asevera que es elemento fundamental de la democracia representativa.

Nuestra Constitución asume la importancia del sistema electoral para la democracia, aunque la LOPE de 2009 ha impedido el desarrollo de las potencialidades políticas trazadas en ella, siendo sus principales problemas:

  1. Crea un parlamento pequeño (165 escaños), que limita la capacidad de representación de los diversos actores políticos que hacen vida en el país.
  2. Imposibilita la representación adecuada de los pesos poblacionales de los 23 estados del país, siendo los estados menos poblados sobrerrepresentados y los estados más poblados, subrepresentados.
  3. Incentiva la creación de partidos políticos regionales, al negar compensación de votos nacionales (escaños adicionales por umbrales).
  4. Privilegia el voto nominal, al separar los criterios proporcionales y personalización del voto, y al limitar el voto proporcional a un máximo de 3 escaños, a través de un mecanismo inconstitucional como son denominadas “las morochas”.
  5. Y, finalmente, al incluir criterios políticos en la definición de circunscripciones electorales.

El resultado de estos elementos es un sistema electoral que privilegia a un grupo político en detrimento de todos los demás actores políticos de la sociedad venezolana  (en contraposición a lo expresado en el artículo 63 de la Constitución, el cual garantiza la proporcionalidad del voto junto al voto personalizado[1]) distorsionando la voluntad popular y disminuyendo la calidad de la representación.

¿Cuáles son los principios que deben orientar una reforma de la LOPE?

Los dos principios orientadores para la construcción de sistema electorales son: representación y gobernabilidad, objetivos que suelen ser considerados antitéticos.

Mientras una mejor representación tiende a aumentar el número de actores políticos reconocidos en los cuerpos colegiados, la gobernabilidad suele estar asociada con un poder con capacidad de toma de decisiones, que no se disuelva en negociaciones y debates interminables. Así, la construcción de mayorías en los cuerpos colegiados se vincula a la gobernabilidad, mientras la diversidad de actores se vincula a un debate más amplio y a la vez lento, que limita la capacidad de los gobiernos de ejecución y satisfacción de demandas sociales.

Adicionalmente, en sociedades con importantes conflictos políticos, la importancia de los diseños electorales aumenta, pudiendo convertirse en una plataforma para manejar y solucionar pacíficamente las crisis. En este sentido, debe añadirse un principio rector a los dos mencionados anteriormente: la búsqueda de la moderación política, que permita la maximización de los objetivos y metas comunes y compartidas por la comunidad política y minimizar las diferencias, desradicalizando el debate político.


[1] Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

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