Por: Mercedes Martelo / 14 de febrero de 2014

La tensa calma con que se inició el año 2014 en nuestro país, ha dado paso a un clima más tenso aún, en torno al cual se cierne una gran expectativa de acontecimientos que están por ocurrir. ¿Cuáles? Nadie puede saberlo a ciencia cierta, no obstante, en todos los espacios, públicos y privados, las conversaciones comienzan o terminan aludiendo a las condiciones de la crisis “que estamos viviendo” y la frase que se escucha con más frecuencia dice más o menos “algo tiene que pasar, esto no puede seguir así”.

Enero de 2014 empezó en Venezuela con una tensa calma en un entorno con una sola gran certidumbre: la inseguridad se expande y la crisis avanza.

Más allá de esto, sólo incertidumbre y muchas preguntas, tanto de parte de quienes apoyan al oficialismo como de parte de quienes lo adversan: ¿cómo será y cuándo se anunciará la devaluación?, ¿se aumentará el precio de la gasolina?, ¿hasta dónde seremos capaces de resistir que siga aumentando la escasez de cosas tan importantes como alimentos y medicinas?, ¿se acostumbrarán y resignarán los venezolanos a perder cada vez más tiempo en colas y traslados para conseguir productos de primera necesidad?, ¿el gobierno le dará el papel a periódicos tildados de oposición?, ¿dejarán de publicarse diarios?, ¿cómo cerró la inflación en 2013?, ¿seguirá aumentando el crecimiento de la inflación?, ¿el Presidente Maduro tiene la capacidad para manejar la crisis?, ¿cerrarán los hospitales por falta de insumos y de personal capacitado?, ¿continuará diluyéndose la autoridad del Estado frente a los pranes permitiendo que las cárceles se desarrollen como centro de grandes negocios seguros?, ¿por qué hay cada vez más militares en cargos de gobierno, es que no hay dirigentes del PSUV o del Gran Polo Patriótico capacitados?, ¿por qué hay tantos ministros?, ¿habrá verdaderos cambios en el gabinete?

A pesar de que el gobierno del Sr. Maduro anunció nuevas condiciones para el control de cambio, y otra medidas como el diálogo con las nuevas autoridades locales para desarrollar un plan nacional de seguridad, o la Ley de Precios Justos, muchas interrogantes que se escuchan en la calle, en programas de radio, que se leen en los medios impresos o electrónicos, siguen sin aclararse e incluso han surgido nuevas dudas, todo lo cual nos llama a reflexión sobre la existencia de una profunda crisis política y socioeconómica y nos impulsa a preguntarnos si se observan condiciones de ingobernabilidad y en qué nivel podrían ubicarse.

La ingobernabilidad es un concepto que representa en cierta medida la otra cara de la moneda de la gobernabilidad. Vale decir, nos facilita la percepción de elementos cuya presencia debilita las condiciones de gobernabilidad en un momento determinado, con lo cual, tenemos elementos para una comprensión más profunda de la situación. La noción de ingobernabilidad apunta entonces a la descripción de una situación anómala o disfuncional que obstaculiza el desempeño del gobierno en funciones así como las interacciones de la dinámica social en general para la articulación de demandas y toma de decisiones políticas.

A efectos de contar con un marco de referencia para analizar la situación que observamos actualmente en Venezuela, en relación al binomio gobernabilidad/ingobernabilidad, emplearemos una propuesta conceptual desde una perspectiva enfocada al establecimiento de indicadores que discriminen niveles de gobernabilidad en un sistema político [1], en este sentido, nos resulta de utilidad el esquema de Philippe Schmitter [2] el cual establece la existencia de cuatro factores generales que caracterizan una situación de ingobernabilidad, a saber:

• La indisciplina, manifestada en los esfuerzos que realizan determinados ciudadanos para influir en las decisiones públicas por métodos violentos, ilegales o anómalos.

• La inestabilidad, en cuanto fracaso de los intentos de la élite política para conservar sus posiciones de dominación o para reproducir las coaliciones preexistentes.

• La ineficacia, entendida como la disminución de la capacidad de políticos y burócratas para alcanzar los objetivos deseados y asegurar el acatamiento de ellos por medio de medidas de coordinación obligatorias o de decisiones emanadas de la autoridad del Estado, y

• La ilegalidad, es decir, los esfuerzos realizados por los poseedores de un poder corporativo de alto nivel para evadir restricciones legales y constitucionales en su búsqueda de ventajas e incluso de su propia supervivencia

En la medida en que se observe la presencia de alguno o varios de estos factores, estaremos en presencia de diferentes niveles de ingobernabilidad, o lo que es lo mismo, diferentes grados de impactos negativos sobre la gobernabilidad, que presionan la dinámica del sistema político hacia la generación de cambios. Cabe señalar también que esto requiere además, la existencia de la percepción de esta situación por parte de la sociedad, en una masa crítica importante como para hacerla evidente a través de diversas expresiones de crítica y descontento.

Revisando entonces desde esta perspectiva, cada uno de dichos factores para el caso venezolano actualmente, nos surgen entre otras las siguientes observaciones:

• En cuanto a la indisciplina, reflejada en las acciones de ciudadanos que utilizan medios violentos, ilegales ó anómalos para influir en las decisiones políticas, podemos señalar que efectivamente, existen actualmente en la sociedad venezolana una serie de grupos, conocidos como “colectivos”, los cuales actúan al margen de las instituciones, de las leyes, de las ordenanzas, cuentan con armas de diverso calibre e incluso de carácter militar, y se comportan como fuerzas de choque para imponer o inhibir conductas entre sectores de los principales centros urbanos del país. Los más conocidos parecen actuar identificados a favor del oficialismo, no obstante, también se han enfrentado en algunos casos a propuestas gubernamentales; en todo caso, su existencia y actuación, distorsiona los mecanismos de interacción social y política característicos de una democracia. En consecuencia, se puede afirmar que hay indisciplina en el sistema político venezolano por la presencia de grupos que utilizan la violencia como instrumento de actuación política, generando percepciones de indefensión frente a ello, por parte de una ciudadanía que no encuentra un interlocutor válido en el sector gubernamental ante quien presentar denuncias y exigir responsabilidades por los daños materiales o humanos derivados de la acción de estos grupos irregulares.

• En lo relativo a la inestabilidad política, reflejada en los fracasos de la élite política para mantener posiciones de dominación o reproducir coaliciones preexistentes, se empieza a evidenciar, a partir de la desaparición física del presidente Chávez, una cierta incapacidad del grupo político en el poder, para mantener la cohesión entre los diferentes sectores que conforman el sustrato político del chavismo. El incremento y la diversidad de las protestas que están haciendo público el malestar de los más diversos grupos sociales, está introduciendo elementos disociadores que, a menos que se corrijan (y no se ve ninguna acción en esta dirección), van a profundizar fracturas entre la coalición de grupos que apoyan el oficialismo, y entre éstos y los grupos del oficialismo que ejercen el gobierno, promoviendo desintegración no sólo al interior del llamado Gran Polo Patriótico sino también al interior del PSUV y su relación con los “colectivos”, abriendo paso al incremento de contradicciones que dificultan los acuerdos y estimulan con ello la inestabilidad política desde el lado del oficialismo. Igualmente, se aprecia inestabilidad en la interacción entre los diversos actores componentes de la llamada UNIDAD, coalición que adversa al oficialismo, ya que no han logrado estructurar mecanismos de coordinación y toma de decisiones (léase compromiso) para la acción conjunta más allá de lo electoral, por lo tanto, se aprecian acciones contradictorias reveladoras precisamente de la falta de unidad. En este contexto, se puede afirmar sin duda que la inestabilidad política, como factor característico de situaciones de ingobernabilidad, se encuentra presente y en aumento en la sociedad venezolana.

• Con relación a la ineficacia, entendida como disminución de la capacidad de funcionarios públicos y políticos, para alcanzar objetivos propuestos, cualquier ciudadano de a pie consultado hoy día, tendrá facilidad para describir ejemplos de esta condición. En efecto, se aprecia en la sociedad venezolana en este aspecto, un incremento de la insatisfacción de los ciudadanos con respecto al nivel de prestación de los servicios públicos, especialmente los relacionados con salud, abastecimiento en general y seguridad. En el área de salud, por ejemplo, cualquiera puede constatar el deterioro en el funcionamiento de los hospitales y centros de atención ambulatoria (les falta personal médico y paramédico, les faltan insumos de todo tipo, equipos, repuestos y medicinas, tienen problemas de infraestructura y mantenimiento). En el área de abastecimiento, todos los sectores experimentan carencias específicas (los constructores no encuentran cemento ni cabillas; los odontólogos no encuentran ni guantes; los editores no encuentran papel) pero además, toda la sociedad se encuentra sometida a carencias tanto de productos de primera necesidad (leche, azúcar, café, arroz, harina de maíz y de trigo, papel de baño, toallas sanitarias, medicinas para enfermedades crónicas) como de productos necesarios para cubrir necesidades diversas de la dinámica diaria (hay dificultad para conseguir vehículos, repuestos, tinta para impresoras); por si esto fuera poco, la gestión gubernamental muestra también incapacidad para cubrir con regularidad y eficacia, necesidades de infraestructura tan apremiantes como el suministro de energía eléctrica y gas. En este contexto, reconocidos expertos y académicos (no políticos) han llamado la atención del gobierno para señalar que el descontrol sobre variables macroeconómicas como la inflación (Venezuela cerró 2013 con una de las mayores tasas de inflación en el mundo) y la presión del mercado negro de divisas (la divisa en el mercado negro presenta valores superiores a diez veces el valor oficial establecido por la normativa de control cambiario), son el reflejo de políticas y controles inadecuados y mal aplicados que requieren corrección, pero las últimas medidas anunciadas en este aspecto por el gobierno no indican cambios y antes bien parecen destinadas a crear nuevos y más complicados controles. Este es un indicador de la baja capacidad e interés del gobierno para escuchar a sectores que no se identifiquen como sus incondicionales seguidores, lo cual sin duda le significará fuentes de conflicto. Otro aspecto que refleja la ineficacia gubernamental es la grave situación de improductividad en que se encuentran las empresas que han sido expropiadas en diversos sectores de actividad económica (cemento, acero, aluminio, vidrio, plástico, automotriz, agroindustria, transporte, turismo) y que desde entonces, ven disminuir año tras año, sus niveles de producción y rendimiento para perjuicio de todos. El tercer aspecto mencionado, el de la seguridad, está plagado de ejemplos de ineficacia, y es uno de los que más reclamos presenta: el gobierno no ha sido capaz de controlar la delincuencia; es de extrema gravedad la situación en las cárceles bajo control de los jefes llamados Pranes en vez de estar controladas por autoridades, así como son de extrema gravedad los recientes enfrentamientos de grupos delincuentes con cuerpos policiales en los valles del Tuy desafiando la autoridad a punta de pistola y hasta de FAL. Esta situación refleja problemas de fondo en cuanto a la existencia y presencia real de instituciones gubernamentales que parecen estarse diluyendo en un mar de contradicciones e ineptitud.
En consecuencia, podemos afirmar que la ineficacia del gobierno para alcanzar objetivos primordiales de funcionamiento, está hoy más presente que nunca (y en aumento), en el sistema político venezolano y es por tanto, factor coadyuvante a la ingobernabilidad, aunque el mismo gobierno no lo crea.

• Finalmente, en lo que respecta a la ilegalidad, en términos de actuación de grupos de poder que evaden restricciones legales para obtener ventajas y beneficios particulares, nos encontramos con que esta situación se ha hecho tan habitual, que parece haberse convertido en una condición “normal” (en el sentido de que es lo que más ocurre) de funcionamiento de la sociedad venezolana. Así, desde el punto de vista del sector gubernamental, se denuncia con frecuencia la existencia de un gran número de grupos, tildados de opositores, apátridas, que evaden las normas legales para tener altos niveles de ganancias en sus operaciones (se les acusa de acaparadores de mercancía para promover escasez y aumento de precios, de usureros re-marcadores de precios, de estafadores que obtienen del gobierno dólares baratos en los procesos de asignación controlada de divisas para revenderlos con sobreprecio en forma de productos o divisas en el mercado negro) y contra ellos se busca dirigir medidas de contención que se han dado en llamar “ofensiva económica”. Desde la perspectiva de la oposición, también se denuncia con frecuencia la existencia de grupos que se aprovechan de su cercanía al gobierno, para evitar cumplir la normativa respectiva y obtener prebendas que les confieren mayores ganancias en sus operaciones. Lo que a nuestro juicio resulta incluso más grave, es que dentro del propio sector gubernamental se ha promovido una especie de cultura administrativa basada en el incumplimiento de normas y procedimientos, para obtener “rapidez” en las decisiones y acciones, es decir, se está promoviendo la actuación ilegal en aras de “generar resultados” violentando diversas leyes e incluso la Constitución. ¿Qué se puede esperar bajo estas condiciones? Lo más probable es un incremento en la violación de la normativa, cualquiera que sea, por parte de la ciudadanía en general, porque “cumpliendo las normas no se consigue nada”. Para muestra un botón: ya no son sólo los motorizados los que incumplen numerosas normas de tránsito y circulación; los vehículos particulares, los vehículos de transporte colectivo, los vehículos de transporte de mercancías y hasta los peatones, todos van violando cada día más normas haciendo más difícil el movimiento en las ciudades. A efectos prácticos existe ya la percepción de que la “supervivencia” depende de que se tenga la capacidad de evadir el estricto cumplimiento de las normas ya que de lo contrario no se viviría para contarlo. Así las cosas, la ilegalidad también es un factor presente y en aumento en el sistema político venezolano

A la luz de la revisión efectuada desde la perspectiva de los indicadores de gobernabilidad mencionados, no podemos menos que concluir que están dadas las condiciones de una crisis de gobernabilidad en Venezuela. A partir de esta condición, todo el sistema político se encuentra susceptible de ser sometido a revisión para la generación de cambios. ¿Cambios en qué dirección?, ¿cambios de qué magnitud?, ¿cuáles son las prioridades nacionales independientes de la ideología política de los diferentes grupos con capacidad de dirigir la sociedad?

Es responsabilidad de todo el liderazgo nacional generar este debate con urgencia, para encontrar el camino de los acuerdos. Si, acuerdos como el vilipendiado Pacto de Punto de Fijo, que sentó bases de gobernabilidad para la construcción de la democracia moderna en Venezuela, acuerdos nuevos que reflejen las nuevas condiciones y características de nuestra sociedad, antes de que aumente el riesgo de caer en los enfrentamientos y la violencia para generar imposiciones que no podrán sustentar posiciones con estabilidad a largo plazo. El país espera por ustedes.

mercedesm2005@gmail.com / @mercedesm92013 

REFERENCIAS

[1] M. Alcántara Sáez, Gobernabilidad, Crisis y Cambio, México: Fondo de Cultura Económica, 1995. P.30
[2] P. SCHMITTER, La mediación entre los intereses y la gobernabilidad de los regímenes en Europa y USA en la actualidad. En BERGER, Suzanne (comp), La Organización de los grupos de interés en Europa occidental, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988. P.375