Opinión y análisis

Sociedad civil y renovación de autoridades electorales

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Por:  Mercedes Martelo / Jueves, 15 de mayo de 2014

Finalmente, luego de un año de atraso, la Asamblea Nacional abrió el proceso para la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral que tienen su período de actuación vencido desde mayo de 2013. Son los 3 rectores que fueron postulados por la sociedad civil. Es necesario, para bien de las instituciones democráticas y la paz del país, que las distintas organizaciones de la sociedad civil, independientemente de su identificación con el oficialismo o la oposición, participen en cada una de las etapas de este proceso de renovación convocado, con el compromiso de que las nuevas autoridades reúnan las condiciones requeridas para el óptimo desempeño del órgano electoral, con la aceptación de todos los venezolanos.

Antecedentes

Las autoridades electorales en Venezuela constituyen una de las ramas del Poder Público Nacional en virtud de su creación como tal establecida en la Constitución de 1999. No se trata simplemente de un órgano de carácter técnico con autonomía funcional sino de un poder en sí mismo en condición de igualdad frente a los otros poderes en que se manifiesta el poder del Estado. Se crea entonces el Consejo Nacional Electoral (CNE), para sustituir al existente Consejo Supremo Electoral (CSE) y se nombran autoridades provisionales que deberán encargarse de organizar las elecciones para validar todos los cargos de elección popular en virtud de la nueva constitución.

Las autoridades temporales se prolongaron en el tiempo sin que la Asamblea Nacional lograra designar autoridades definitivas y en agosto del 2003, el Tribunal Supremo de Justicia se toma la atribución de designar a nuevos miembros para la dirección del órgano electoral. Esta decisión recibió numerosas críticas especializadas pero a pesar de ello terminó imponiéndose con la anuencia de los demás poderes. Los rectores designados se mantuvieron en los cargos hasta el 2005 cuando renuncian y nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia interviene para designar los rectores que continuaran ejerciendo las funciones respectivas a título provisional, ya que el nombramiento definitivo corresponde legalmente a la Asamblea Nacional.

Un trabajo disponible en la web de la organización de observación electoral SUMATE, en la sección que describe el estado de la democracia en Venezuela, da cuenta de este proceso:

“El 25 de agosto de 2003 ante el vacío institucional producto de la omisión de la AN para elegir un CNE, el máximo Tribunal procedió a designarlo: “… tomando en cuenta las consultas que se hicieron a los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional”. Este procedimiento -consultar a los partidos políticos- contradice lo establecido en los artículos 294 y 296 de la Constitución y el artículo 9.4 de la LOPE, los cuales buscan garantizar la integración imparcial de un organismo que debería estar ajeno a vinculaciones de carácter partidista.” …”. En esta primera designación, el TSJ también se extralimitó en sus atribuciones en cuanto a las facultades que le establece la Constitución para llenar una ‘omisión legislativa’. En este sentido procedió a designar al Secretario del CNE, Dr. William Pacheco; al Consultor Jurídico del CNE, Dr. Andrés Brito; a los integrantes de los órganos subordinados (Junta Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral y Comisión de Participación Política y Financiamiento) y a los miembros del Consejo de Participación Política. El TSJ se extralimitó además al decidir quién sería Presidente y Vicepresidente del CNE cuando esto es una decisión que debe ser tomada internamente por sus 5 rectores”…..” De acuerdo con la Constitución, el CNE es un órgano que debe mantenerse al margen de las contiendas políticas y las discusiones partidistas. Sin embargo, el TSJ nunca ocultó que realizaba la selección de los miembros del CNE atendiendo a criterios consultados y discutidos con los partidos políticos. Eso marcó la integración del organismo y era por todos conocido que el CNE designado el 25 de agosto de 2003 contaba con tres miembros -Francisco Carrasquero, Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez-, a quienes se les identificaba como simpatizantes del Gobierno; mientras que a Ezequiel Zamora y Sobella Mejías, se les identificaba con la oposición. Esa diferencia fue notoria en la aprobación de las decisiones polémicas del organismo- resaltada incluso en el informe del Centro Carter- entre las decisiones más importantes estuvo la del 13 de septiembre de 2003 en la cual rechazaron las firmas presentadas por la oposición el 20 de agosto de 2002 para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial. Esta parcialización y actuación discrecional fue advertida incluso por los observadores internacionales, quienes así lo reflejaron en sus informes sobre el proceso de Referendo Revocatorio, concluido el 15 de agosto de 2004”. (Recuperado de: http://www.sumate.org/democracia-retroceso/cap3_es_1.htm)

Como se mencionó anteriormente, ante la renuncia del Presidente del CNE, en enero del 2005 se volvió a presentar la intervención del Tribunal Supremo de Justicia designando a nuevos funcionarios sin atención a las disposiciones legales y el citado documento de SUMATE lo describe de la siguiente forma:

“…tras la renuncia del Presidente y Vicepresidente del CNE, el TSJ procedió a nombrar nuevos integrantes del CNE el 20 de enero de 2005 sin previa consulta a la Asamblea Nacional. Esta designación ocurrió en flagrante violación del artículo 13 de la LOPE el cual estipula que los respectivos rectores suplentes ocuparan las vacantes que se generen por faltas temporales o permanentes de los rectores principales. Tampoco el TSJ en esta ocasión esperó a que la AN hiciera los intentos para suplir esas vacantes y designar un CNE definitivo…” (Recuperado de: http://www.sumate.org/democracia-retroceso/cap3_es_1.htm)

Como se puede apreciar, las primeras autoridades del nuevo Poder Electoral ejercido a través del CNE no gozaron precisamente de independencia política para obtener la aprobación y el respeto del país a nivel político y nacional. La concepción de ‘Poder Electoral’ estuvo sin duda vacía de significado real.

Consejo Nacional Electoral Definitivo

A principios del 2006 el país estrena una Asamblea Nacional (recién electa en diciembre del 2005), integrada prácticamente en su totalidad por miembros de partidos políticos afectos al gobierno (MVR, PODEMOS, PPT, MEP, PCV, UPV) ya que la oposición se abstuvo de participar. Es esta Asamblea Nacional la que realiza el trabajo de evaluar candidatos para la designación de los rectores del CNE a objeto de lograr la conformación definitiva del cuerpo directivo del órgano electoral, el cual debería iniciar la correspondiente reorganización de la institución con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la conformación del llamado Poder Electoral.

En abril, la Asamblea Nacional designa los cinco rectores que integrarán la directiva del CNE, con sus dos respectivos suplentes en cada caso.

El viernes 28 de abril del 2006 se publicó en el diario El Universal un reportaje de la periodista María Daniela Espinoza que describe cómo fue el proceso en la Asamblea Nacional:

“Después de 13 horas de trabajo continuo, la Asamblea Nacional (AN) puso fin a la transitoriedad en el Poder Electoral, designando a las autoridades definitivas del ente comicial. Tras largas negociaciones, las mujeres dominaron el cuadro final y se impuso la tesis de la renovación parcial. Aunque sólo uno de los tres rectores principales postulados fue ratificado en el cargo, eligieron como integrantes del organismo a algunos de sus actuales funcionarios. Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz por la sociedad civil; Janeth Hernández por las universidades y Germán Yépez por el Poder Ciudadano, conforman la nueva directiva del CNE. La decisión la tomó la plenaria por unanimidad en una sesión que, cerca de las 12:30 del mediodía, se declaró en sesión permanente y que culminó a la 1:50 de la madrugada. En el acto, los diputados también escogieron a los 10 rectores suplentes. Por el Poder Moral quedaron Freddy Díaz (primer suplente) y Luis Núñez (segundo). Por las universidades, Luis Salamanca (primer suplente) y José Yánez (segundo). Por la sociedad civil, se registraron algunas “sorpresas”: Grisell López (sub-consultora jurídica del CNE como primera suplente de Lucena); Levy Alter (segundo); Maricleing Stelling (primera suplente de Oblitas); Willian Pacheco (secretario del CNE como segundo suplente); Humberto Castillo (integrante de la Junta Nacional Electoral como primer suplente de Díaz) y Pedro Díaz Blum (segundo).
Aunque el Parlamento no tiene facultad para designar al presidente del ente comicial, pues es potestad del directorio, se pudo conocer que la AN ‘dictó líneas’ para que Lucena ocupe el máximo cargo dentro del organismo. Algunos sectores del oficialismo manifestaron su ‘descontento’ por esta decisión, alegando que se impuso el ‘ala radical del MVR’, tanto en este “nombramiento” como en el resto de la conformación del organismo. Aunque versiones extraoficiales señalaban que en Miraflores se esperaba el “cambio total”, fuentes del Legislativo aseguraron que finalmente el alto gobierno habría realizado algunas consultas con personas que “conocen del manejo del CNE” en torno a la factibilidad de llevar a cabo con “éxito” los próximos comicios, teniendo un CNE “renovado”. …Debate nocturno Después de “cruzar” y “evaluar” las listas con 15 nombres que presentaron las nueve subcomisiones en que se dividió la plenaria y de una larga e intensa reunión entre la directiva de la AN y los líderes de cada bancada oficialista, Nicolás Maduro, presidente del Parlamento reestableció a las 11:30 p.m. el debate que suspendió, por nombrar una comisión general, antes de la 1 de la tarde de ayer. Ismael García (Podemos) fue el primero en tomar la palabra. Durante su intervención advirtió que el “CNE que hoy vamos a entregarle a Venezuela no se va a elegir para servirle a Chávez, pero tampoco para servirle a la oposición”. Dio pie al discurso de José Albornoz (PPT), quien aseguró que la elección de los rectores “significa un consenso desde el punto de vista político y social”. De allí que Oscar Figuera (PCV) aclarara que la designación no se “construyó sobre la base de la repartición de cuotas partidistas”. Maduro cerró el ciclo de intervenciones instando a la oposición a “no caer en tentaciones de sacar piedras para destruir a quienes vamos a designar”, pues aseguró que se trata de “profesionales calificados ética y moralmente”. Posteriormente, distintos diputados sometieron a consideración de la Cámara cada uno de los 15 nombres que proponían como rectores” (Recuperado de: http://www.eluniversal.com/2006/04/28/pol_art_28A700597)

De este directorio, los 3 rectores propuestos por la sociedad civil (Lucena, Oblitas y Díaz) que pueden presidir los órganos subordinados del CNE, reciben el mandato para el lapso 2006-2013; los otros propuestos por las Universidades Nacionales y el Poder Ciudadano (Janeth Hernández y Germán Yépez) con sus respectivos suplentes, reciben el mandato para el lapso 2006-2009 por disposición transitoria de la Ley Orgánica del Poder Electoral para la renovación parcial del organismo.

En diciembre del 2009, se realizó en la Asamblea Nacional la selección y el nombramiento de los nuevos rectores designados por la Universidades Nacionales y por el Poder Ciudadano, los cuales estarán en funciones hasta el 2016. Por las Universidades fue designada la Lic. en Computación Socorro Hernández y por el Poder Ciudadano la Abogado Tania D’Amelio. Este nombramiento recibió numerosas críticas ya que ambas estuvieron directamente ligadas al partido político en el gobierno (PSUV).

La renovación esperada

El tema de la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral propuestos por la sociedad civil tiene ya más de un año dando vueltas en la opinión pública venezolana. A principios de 2013 pudo haberse iniciado el proceso de renovación de autoridades electorales pero no fue así.

La incertidumbre política derivada de los acontecimientos asociados a la desaparición física de quien fuera electo para la máxima magistratura del país en octubre de 2012, permitió posponer el compromiso legal y la sociedad aceptó que se convocaran nuevas elecciones presidenciales para el mes de abril de 2013, justo en el límite de vigencia de los cargos de los rectores; considerando que a finales de ese año estaban pautadas las elecciones municipales, se concluyó prolongando el ejercicio de autoridad por parte de los rectores con el período vencido.

Este episodio es uno más de los muchos similares que han ocurrido en estos años con respecto a cargos públicos de la más alta investidura como es el caso de la Contraloría General de la República que sigue en manos de un encargado desde que murió su titular en 2011. Y no podemos dejar de preguntarnos ¿por qué la sociedad civil no ha presionado y exigido a la Asamblea Nacional que cumpla con mantener la institucionalidad de acuerdo a la Constitución y las respectivas leyes?

Sin elecciones previstas en el calendario, no hay más excusas y 2014 se convierte en el año decisivo para realizar la renovación de los rectores propuestos por la sociedad civil.

El primero de abril de 2014, la Asamblea Nacional dio inicio al proceso administrativo llamando a establecer la Comisión Preliminar que debe conformar El Comité de Postulaciones Electorales, el cual deberá revisar y evaluar toda la documentación concerniente a los candidatos a rectores para presentar ante la AN la lista de candidatos, entre los cuales se seleccionarán a los 3 necesarios.

Según la LOPE (art. 19) el Comité de Postulaciones está integrado por 11 Diputados de la AN y 10 postulados por otros sectores de la sociedad. El Presidente de la AN designó para este Comité “a los parlamentarios socialistas”: Blanca Eekhout, Orlando Zambrano, Tito Oviedo, Earle Herrera, Hugbel Roa y Rosa León. Por parte de los sectores de oposición fueron designados los Diputados Juan Carlos Caldera, Nirma Guaruya, Elias Mata, Morel Rodríguez y Bernardo Guerra. Esta Comisión Preliminar estará recibiendo las postulaciones de representantes de distintos sectores sociales hasta el 23 de mayo, para seleccionar a los 10 miembros restantes del Comité de Postulaciones.
Es de vital importancia que se motive a la participación de los distintos sectores sociales, en este trabajo social necesario para proporcionar al país la tranquilidad de que se van a evaluar los candidatos a rectores con criterios balanceados y con miras a lograr un CNE equilibrado. Cabe insistir en la importancia de que el Comité de Postulaciones contenga una representación completa de la sociedad venezolana actual que no puede permitirse una aplanadora oficialista porque ello iría en detrimento de la confianza en el sistema electoral, lo cual perjudicaría a todos sin duda, también a los oficialistas, aunque muchos pudieran no creerlo.

En este sentido, se hace presente la solicitud de algunos sectores de que se renueve toda la directiva del CNE dada la conocida militancia política pro-gobierno de las rectoras Hernández y D’Amelio. Ello requeriría una presión social organizada, sistemática y documentada que resulta difícil visualizar en las actuales condiciones.

En consecuencia, con estas rectoras en la directiva del CNE, aunque no pueden presidir los órganos subordinados, la sociedad venezolana debe insistir en la necesidad de que se elijan 3 rectores que puedan garantizar una posición absolutamente imparcial en las decisiones del Poder Electoral.

Esta es una responsabilidad de la ciudadanía en general, independientemente de su filiación e ideología política, y no solamente del Comité de Postulaciones. Por eso, el tema debe formar parte de nuestras agendas profesionales y personales hasta que se logre el objetivo social planteado: un CNE imparcial que garantice credibilidad para todos.

Mercedes Martelo
mercedesm2005@gmail.com

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