Columnistas

La escasez. Una mirada desde la demanda (I)

PDF compartir

economia1305Por: Juan José Pérez / Jueves, 05 de junio de 2014

La existencia de colas para comprar denota un desequilibrio categórico: la demanda es mayor que la oferta (D > O). Hay dinero pero no productos. Este desbalance es “extraño”, inusual. Diferente a las crisis de realización previstas por Marx, o a los problemas de Insuficiencia de demanda efectiva, estudiadas por Keynes. En nada se parece a la crisis española, italiana o irlandesa en curso. Es diferente también a crisis rentistas previas padecidas en el país. Dos vías pueden explorarse tras el encuentro de una explicación al fenómeno: exceso de demanda o insuficiencia de oferta. Este artículo se ocupa de la primera vía; queda para entrega posterior la explicación alternativa.

Tómese como punto de partida que, normalmente, hay una identidad entre producto e ingreso nacional; postulado elemental que recogen sin excepción los textos de macroeconomía. Al agregar valor a las materias primas mediante el trabajo, esto es, al producir (Oferta), se genera automáticamente la correspondiente contrapartida de ingreso monetario (Demanda). Pero este no es el caso venezolano. Por la circunstancia de ser un país petrolero, el ingreso es superior al producto. El Estado recibe una renta internacional (dólares), que no es resultado del concurso de factores productivos nacionales. Esto es, el Estado dispone de una capacidad de compra sin producir, sin contribuir a la oferta. La renta captada sin contrapartida es a título de propietario de los yacimientos. Parte de esa renta se convierte en bolívares, incrementando la masa monetaria, fuente de desequilibrios potenciales, aunque no necesariamente. Otra parte se devuelve al extranjero mediante importaciones.

Téngase presente que la política económica moderna dispone de una amplia gama de instrumentos para preservar el equilibrio, entre ellos las llamadas operaciones de absorción, para retirar los excesos de dinero. Y que los estragos económicos, políticos y sociales, verdaderas catástrofes hiperinflacionarias, provocados por emisión de dinero inorgánico en diversas latitudes durante el siglo pasado, dejó una especie de aversión a esta práctica en las finanzas públicas. De modo que, en la actualidad, sólo en casos extremos o desesperados se recurre a tales expedientes irresponsables.

De vuelta al caso venezolano, la cuantía de la renta es muy grande en relación al tamaño de la economía (PIB). Ahora bien, el Estado, el cuerpo político de la nación es quien captura la renta y, efectivamente, puede canalizarla hacia la demanda, o hacia la oferta, de acuerdo a su filiación política o doctrinaria o simplemente de acuerdo a intereses electorales. El personal político que comanda el país desde 1999 propuso la instauración de un nuevo modelo productivo, a partir del uso del excedente petrolero (nombre con el cual el equipo oficial se refiere a la renta). Es en esta particular manera de “sembrar el petróleo” adonde hay que dirigir la mirada, en busca de claves, para comprender la crisis actual.

La renta petrolera se utilizaría para eliminar el sector privado (capitalista, explotador), que sería sustituido por empresas de producción social (EPS), cooperativas y empresas del Estado. En esta visión ingenua de las cosas económicas, bastaba con inyectar, prestar en condiciones preferenciales o regalar dinero a sectores excluidos (Ruta de la empanada, Banco del Pueblo, Banco de la Mujer, etc.) y se conformaría un tejido productivo de microempresarios, que nos haría soberanos y productivos. En la medida que avanzara el NMP se iría prescindiendo de las importaciones, etc.

La realidad se ha encargado de invalidar este pronóstico feliz. El nuevo modelo productivo, NMP, basado en la propiedad social de los medios de producción no ha podido implantarse, luego de 15 años de gestión bolivariana, y de una gigantesca inyección de recursos al decir de sus promotores, aunque con algunos picos de entusiasmo. El genocidio de 200.000 cooperativas, creadas entre 2005 y 2008, y las pérdidas financieras de numerosas empresas del Estado constituyen pruebas irrefutables. En su defecto, se ha erigido un modelo económico populista, clientelar, que privilegia el consumo antes que la producción, gira en torno al programa social más visible y de mayor éxito que hasta entonces ha tenido: las misiones sociales, pero que incluye otros ingredientes improductivos poco analizados. El ex ministro Víctor Álvarez, resume la tragedia de la siguiente manera: “la lección fue clara: apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social”.

El reparto popular de la renta, diseñado con el fin de garantizar el acceso a bienes y servicios a amplios sectores de la población mientras exalta la figura del líder supremo, sin que pueda descifrarse qué va primero, la exaltación o el reparto, ha sido exitoso en lo político -ahí están los resultados electorales- , pero un verdadero fracaso en lo económico, -ahí están los indicadores- que corroboran lo afirmado. Genuinamente, se incubó un modelo improductivo, que con paso del tiempo se convierte en el atasco fundamental de la dinámica económica, al estimular progresivamente la demanda sin provocar una correlativa expansión de la oferta. El modelo empezó a inficionar desde el año 2008, pero sus deficiencias, hoy palmarias, en aquel entonces se solaparon con los efectos de la crisis financiera mundial. Los signos de agotamiento del modelo se harían visibles en 2011, cuando se tiene que recurrir al endeudamiento y a la devaluación, prácticas neoliberales condenadas como satánicas en el discurso oficial en el pasado.

En nuestro marco analítico, el modelo muestra fisuras; no se sostiene por sí sólo. Se contrata deuda externa (emisión de bonos de PDVSA, básicamente), para sostener un creciente nivel de importaciones (Oferta), que haga frente a una demanda desbocada que el propio sistema de reparto va creando en su práctica clientelar. Y se devalúa con propósitos eminentemente fiscales que permiten respaldar el creciente gasto improductivo. El gasto improductivo está conformado por varios segmentos que conviene desglosar. Jubilados y pensionados que ya cumplieron su ciclo productivo y tienen derecho a una remuneración (2,5 millones de personas). Pero hay otras partidas, que se hacen visibles y problemáticas, cuando la inflación obliga a incrementos salariales o se decreta la actualización del monto de las ayudas y transferencias directas. En primer término está el abultado número de trabajadores redundantes en la nómina pública, en las empresas del Estado, Universidades, gobernaciones, alcaldías. De un total de 2,5 millones en nómina pública, se estima que redunda 1 millón). En segundo lugar, el voluminoso contingente de hombres armados crece sin cesar, incluyendo los milicianos (300.000 personas, que no estaban). Y tercero, de gran significación para lo que aquí se discute, está la entrega de dinero directa a beneficiarios de misiones (cuya cifra no está disponible, pero siguiendo el pregón oficial pudieran ser unos 500.000 beneficiarios) que se apartan del precepto bíblico “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, pero que desde el punto de vista de la economía vienen a ser una carga, puesto que consumen pero no producen. Sin ánimo de entrar en controversia, lo censurable en estos casos es el carácter permanente de las ayudas, que entra en contradicción con otro precepto: “No le des un pez a nadie, enséñalo a pescar”. Haciendo a los beneficiarios dependientes del Estado.

Una vez que se tiene una demanda en expansión generada por un modelo exitoso en lo político, vienen los problemas porque la oferta no puede seguir ese ritmo. Cabe subrayar en este punto que el estímulo a la demanda ocurre por decisiones políticas, respaldadas por la renta petrolera, mientras que la conformación de la oferta, conlleva trabajo productivo y corresponde a decisiones económicas.

Cronológicamente, el deterioro es inocultable a comienzos de 2013, la escasez y las colas delatan la existencia del problema, que sale a escena justo cuando se bate récord histórico de los precios del barril, situación incomprendida en su momento. A la fecha ya se habían prendido las señales de alarma, porque PDVSA, financieramente derruida, comienza a pagar sus impuestos al BCV con papeles, que respaldarán ficticiamente emisiones monetarias. En la simbología utilizada se amplía la brecha entre la demanda y la oferta, que genera escasez. Tratando de conjurar la crisis, sin admitirla, el recién inaugurado gobierno de Nicolás Maduro empieza a hablar de un nuevo esquema cambiario, recurre a nuevas líneas de crédito que se restringen paulatinamente dadas las condiciones del país, incurre en retrasos en las liquidaciones de divisas, aplica sucesivas devaluaciones, al tiempo que se agudiza la escasez de bienes en los anaqueles, síntomas inequívocos de que el modelo va rumbo al colapso. Aunque de entrada la vocería oficial se niega a reconocer la existencia de dificultades, evitando endosar responsabilidades al gobierno anterior, más tarde el Ejecutivo no tiene más remedio que asumir el asunto, distribuyendo culpas a terceros, intentando tapar el atascamiento.

Giordani atribuye deficiencias a la ninfomanía por dólares, acusa a los raspacupos. El presidente Maduro habla de una economía enferma de cadivismo inculpando a empresas de maletín. Merentes, desde el BCV, admite la existencia “leves” de problemas, hasta que se estructura la elaborada narrativa de la guerra económica, que sirve de sostén ideológico al desbarajuste. Para describir la situación patológica, el término apropiado es adicción a la renta, en el sentido que depende del consumo previo y cada vez requiere mayores dosis para lograr los mismos efectos. El Modelo rentista venezolano, se torna adicto a los dólares debido a la sobrevaluación de la moneda que hace baratas las importaciones en desmedro de la producción doméstica y sirve de contención a la inflación interna. El colapso se manifiesta al exigir un nivel de renta superior al que la actividad petrolera puede proporcionarle, incluso echando mano a la renta futura, como es el caso del fondo chino. Con el agravante que los precios del barril se estancan a partir del 2012.

La curva ascendente de los precios del barril en el siglo XXI favoreció niveles de renta fabulosos, pero la merma en la producción, la falta de inversión en el sector, los compromisos adquiridos con países amigos, la deuda con el Fondo Chino, el servicio de la deuda externa y la catastrófica gestión de CADIVI, sumados al programa de reparto popular de la renta hizo que gestaran graves desequilibrios, esta vez no atribuibles a shocks externos.

El llamado modelo de reparto popular de la renta entra en crisis porque produce efectos indeseados, alcanza objetivos contrarios a los que se traza. A manera de ejemplo: pretendía seguridad y soberanía alimentaria, recogidas en la consiga de promoción del Desarrollo Endógeno, y se logra ostensiblemente escasez, desabastecimiento y dependencia de las importaciones. Estableció severos controles de precios y acentuó las regulaciones para desembocar en la inflación más alta del mundo.

Rezagos en la liquidación de divisas por parte de CADIVI y del CENCOEX evidenció que el desabastecimiento y el virtual estancamiento del aparato productivo nacional son consecuencia de la escasez de divisas. Y ésta a su vez, resultado del manejo inadecuado de industria petrolera y la política de reparto implementada. En plena bonanza de precios, el país no tiene dólares. Sin insumos importados y sin bienes finales a disposición de comerciantes, la oferta de bienes resulta insuficiente. Pero, en contraste con la merma de divisas, y esta es una de las singularidades de la presente crisis del 2013-2014, abundan los bolívares. Acentuando el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Por imperativo constitucional el Ejecutivo debe ajustar anualmente los salarios, según el índice inflacionario. La práctica populista tiene anclados, casi de manera irreversible los montos de pensiones, jubilaciones y los programas de reparto de renta directa en las llamadas misiones, que se ajustan a la par que los salarios. Que no es otra cosa que incrementos en la capacidad de compra.

Curiosamente las medidas propuestas por el gobierno, “la ofensiva económica” apuntan a la llamada PAP: producción, abastecimiento y precios justos. Sin mencionar para nada la demanda y el gasto improductivo. A decir verdad, si se ha reprimido buena parte de la demanda de los sectores medios, pues las remuneraciones que perciben los profesionales y trabajadores calificados no se ajustan a los niveles de inflación, en los últimos seis años. De allí que los sectores más castigados en la presente crisis sean los que han encendido las protestas. Es probable que la crisis que hoy padecemos se encuentre apenas en su fase embrionaria. Que en futuro inmediato acentúe sus estragos, de persistir las autoridades en el empeño de inyectar más dinero a la economía. En esa línea se inscribe el declarado propósito gubernamental de tomar los fondos de las cajas de ahorro de los trabajadores organizados, para inyectarlos a la economía, bajo el pretexto de protegerlos.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s