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Juan Manuel Trak / 31 de julio de 2014

Durante el III Congreso Ideológico del PSUV, Nicolás Maduro ha dicho que no descarta un proceso Constituyente para profundizar las bases del socialismo y la revolución; esto en clara respuesta a la propuesta de Voluntad Popular de usar este mecanismo para acceder al poder. Por más que uno tenga objeciones sobe áreas importantes de la Constitución de 1999, el realismo político desaconseja el uso de ese método por los costos y riesgos que afronta.

Un proceso constituyente implica una serie de barreras electorales cuya superación depende en gran medida del resultado de la selección de los nuevos rectores del CNE. El debate sobre los responsables de la organización de las elecciones en Venezuela se muestra entonces como el eje fundamental de cualquier proyecto de corto, mediano o largo plazo, que busque el poder a través de los medios institucionalizados. Lo anterior dibuja tres posibles escenarios sobre los cuales la oposición puede desafiar al gobierno.

Primer lugar, una de mediano-largo plazo, en la que la oposición logre organizarse nuevamente de cara a las legislativas del 2015 (año y medio a lo sumo) y logre obtener una mayoría de los diputados (no solo de votos). Esto depende en gran medida de la manera como se dibujen las circunscripciones electorales; lo cual dependerá del nuevo Consejo Nacional Electoral. Si la oposición logra esta mayoría en la Asamblea Nacional, Maduro deberá gobernar con un gobierno dividido en el que el poder legislativo finalmente cuestione seriamente sus políticas. A largo plazo este proceso puede conducir a la convocatoria de un referéndum revocatorio a mitad de mandato, cuyo principal desafío sea convencer a la gente que firme la convocatoria  dado los antecedentes de la lista Tacón 2004. Una vez superado el referéndum sería posible una elección presidencial adelantada en 2016 o 2017.

Un segundo escenario es seguir la vía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyo proceso debe pasar por una convocatoria a través de la recolección de firmas; el llamado a referéndum en el que se aprueben las bases de la convocatoria; una segunda elección para la escogencia de los constituyentistas. Posteriormente, la discusión dentro de ANC para lograr un acuerdo sobre el texto de la Constitución Nacional y, posteriormente, el llamado a la aprobación de dicho texto. Este proceso, puede durar más de dos años y el resultado es más incierto que el referéndum revocatorio.

La constituyente tiene el riesgo de cambiar el Estado de derecho de tal manera que lo poco que quede de institucionalidad democrática sea sustituida por el Estado Comunal, en la que la elección de los representantes no la hacen directamente los venezolanos, sino que se eligen representantes comunales quienes a su vez eligen a las autoridades superiores; siendo que la elección del presidente pudiera quedar como una elección de tercer grado. A este riesgo se le une la desaparición de los niveles municipales y las gobernaciones, siendo estos sustituidos por las ciudades comunales o figuras de esta naturaleza, que muy seguramente serán cooptadas por el PSUV.

Adicionalmente, en el proceso de selección de los constituyentistas (como en la de diputados a la AN) la idea de que todos los votos pesan lo mismo se desvanece. Mientras que en las circunscripciones más pequeñas (como las zonas rurales) el número de votos que necesita un diputado es relativamente bajo, quienes compiten en las zonas urbanas deben conseguir un número elevado de votos. Si tomamos en consideración que la fuerza del chavismo está en las zonas menos pobladas, en donde la dependencia del Estado es significativa, entonces cabría esperar que un CNE como el actual dibujase distritos electorales que favorezcan los bastiones del gobierno. En este contexto, y como ocurrió en 2010, se pueden tener la mayoría de los votos, pero no la mayoría de los escaños.

Un tercer escenario es esperar hasta el 2019 a las elecciones presidenciales. Esta opción luce tan lejana que la mayoría de la gente se pregunta si va a existir país para cuando ocurra ese proceso electoral. La perspectiva es de tan largo plazo, que no vale la pena evaluarla con tanta antelación, lo único seguro es que va haber país en el 2019, como lo hubo en 2006, 2012 y 2013. Pero para ello primero habría que pasar por la elección de la Asamblea Nacional en 2015, Gobernadores y Alcaldes en 2016, por lo menos. Elecciones que darán pistas sobre el desempeño de los partidos en pugna.

Así que los dos primeros escenarios parecen ser los que los diferentes bloques dentro de la oposición buscarán llevar a cabo. Ahora bien, la ventaja en la oposición está en competir en elecciones donde la circunscripción sea nacional. Allí el referéndum tiene ventaja sobre la constituyente, no obstante, igual tendrá que competir en las legislativas en donde se encuentra en desventaja, no solo por los abusos del gobierno durante la campaña, sino en el diseño mismo de la elección.

Todo lo anterior supone que la oposición dirima sus diferencias, no porque son buenas personas, no porque es lo mejor que puedan hacer para al país, sino por un imperativo estratégico: o luchan unidos o mueren solos. Dentro del gobierno esa premisa está siempre presente, más allá de las diferencias a lo interno del gobierno dentro de esa coalición política saben que su mejor arma es mantenerse unidos para seguir controlando el poder el Estado; una vez fuera del Estado saben que no tendrán la fuerza necesaria para seguir favoreciendo sus intereses. De allí que Maduro haya tomado la constituyente como posible estrategia para consolidar el poder, ante la pérdida de popularidad un cambio en las reglas de juego en donde la elección de los cargos ejecutivos no sea directa sino a través de las comunas terminaría de aniquilar los vestigios de democracia que quedan en nuestra institucionalidad.