Opinión y análisis

El paquetazo de Maduro y su gobierno

Perspectiva 3punto0

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Mercedes Martelo / 31 de julio de 2014

En Venezuela utilizamos socialmente la denominación de “paquete” con carácter despectivo, para referirnos al conjunto de medidas que toma un gobierno con el objeto de tratar de equilibrar la economía cuando reconoce que enfrenta una situación de grave crisis. La crisis que vive la sociedad venezolana actualmente es tan profunda que afecta a todos los sectores y se aprecia en todos los ámbitos de la vida pública y privada hasta el último rincón del país. El “paquete” es una papa caliente que el gobierno actual tiene entre manos. ¿Tropezaremos de nuevo con la misma piedra?

La connotación negativa que tiene entre nosotros la noción de “paquete de medidas” se remonta a 1989 cuando se iniciaba el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y se anunció al país la necesidad de aplicar un ‘ajuste’ de la economía para ‘solventar’ los graves problemas existentes que afectaban el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas, no sólo en los aspectos económicos sino también en lo relativo al funcionamiento político y social.

El saliente gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), si bien abrió en el país importantes posibilidades a necesarias reformas políticas que no es el caso discutir aquí, dejaba una situación calificada como crítica a nivel nacional en virtud de la gravedad de los indicadores socioeconómicos, ya que durante el período de su mandato, la inflación había llegado a alcanzar un nivel ‘escandaloso’ del orden del 40%; las reservas internacionales disminuyeron hasta un nivel tal que obligó al país a declarar al mundo que no contaba con los recursos necesarios para pagar sus compromisos internacionales, léase deuda, causando revuelo en los medios financieros a nivel mundial; la devaluación recurrente de la moneda y el control de cambio administrado por un organismo especialmente designado para manejar el Régimen de Cambio Diferencial RECADI, facilitaron el crecimiento de lo que llamaríamos ‘la industria de la corrupción cambiaria’, la cual venía tomando cuerpo desde la debacle financiera nacional que se produjo a raíz del llamado ‘viernes negro’ del 18 de febrero de 1983, hacia finales del gobierno de Luis Herrera Campins.

Ante esta situación, Carlos Andrés Pérez transmitió en su campaña electoral la esperanza de retorno a una Venezuela próspera retomando el crecimiento económico y ganó las elecciones en diciembre de 1988. El diario El País de España en su edición del lunes 16 enero de 1989, presenta la noticia de que el nuevo presidente venezolano “anunciará severas medidas de ajuste económico”, y bajo la firma de la periodista Ludmila Vinogradoff se señala lo siguiente:

Carlos Andrés Pérez anunciará un severo paquete de medidas económicas de ajuste en cuanto asuma la presidencia de Venezuela, el 2 de febrero, que ya la oposición ha comenzado a comparar con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata del Plan Económico Global de corto plazo, que supondrá aumentos en el precio de la gasolina y de todos los servicios públicos.

El propio presidente electo de Venezuela en los comicios del 4 de diciembre pasado, Carlos Andrés Pérez, ha comenzado a presentar el denominado Plan Económico Global a los dirigentes empresariales, sindicales y a su partido, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata. El plan contempla aumentar el precio de la gasolina y de todos los servicios públicos, devaluación progresiva del bolívar a través de la unificación cambiaria, para que el dólar vaya flotando según los parámetros del mercado de divisas. Liberación de las tasas de interés, liberación de los precios, restricción del crédito, fortalecimiento de la balanza de pagos, política monetaria moderada, reducción del gasto fiscal y aumento del salario base mensual a 4.500 bolívares (13.500 pesetas) e incremento salarial a los funcionarios públicos”.

Gran revuelo causó en el país el anuncio del Presidente. Muchos analistas consideran que no hubo un adecuado debate nacional en torno a las medidas, el cual hubiera sido necesario para explicar sus fundamentos y suavizar el fuerte rechazo con que fueron recibidas. Otros consideran que fue totalmente inadecuado aplicar lo que se consideró como una receta de moda del Fondo Monetario Internacional sin hacer una adaptación a las condiciones específicas del país, su estadio de desarrollo y sus características sociopolíticas y socioeconómicas. En todo caso, aunque esto no está aún suficientemente analizado y comprobado, se señala al ‘paquete’ como causante principal de la explosión social que se expresó en forma de violentos saqueos en la zona metropolitana y otras ciudades del país el 27 de febrero de 1989 bajo un gobierno recién investido, y luego de la cual y hasta nuestros días, no se ha recuperado la estabilidad económica y política de la que disfrutó el país en otros tiempos.

Han pasado ya 25 años del anuncio del ‘paquete de ajustes’ de CAP y en este cuarto de siglo, la expresión ha mantenido su connotación negativa relacionada con imposiciones de organismos internacionales que sin compasión, pretenden meter en cintura a los países indisciplinados que acuden a pedir recursos para salir a flote de sus crisis económico financieras.

Resulta curioso observar que se cuestiona a los organismos internacionales interesados en resguardar sus recursos cuando son prestados a gobiernos en problemas, pero no se cuestiona a los gobiernos que causaron sus propios problemas como resultado de políticas inadecuadas e indisciplina fiscal para no hablar de incapacidad y corrupción. Es tiempo de ir desarrollando capacidad para asumir los propios errores y trabajar en la construcción de soluciones. Sin embargo, no esto lo que estamos observando.

De nuevo se encuentra Venezuela en una compleja situación socioeconómica y política incluso mucho más grave y delicada que la de hace 25 años. El país presenta el nivel de inflación más alto de Latinoamérica con expectativas de superar el 60%; las reservas internacionales se han debilitado significativamente; la deuda interna y externa supera todos los niveles anteriormente conocidos; las empresas básicas se han llevado a la quiebra y están siendo negociadas para entregarlas a empresas extranjeras (se dice que chinas) que echarán a la calle a miles de trabajadores; han cerrado millares de empresas con la consiguiente reducción de la producción nacional; han aumentado los rubros de importación; se sospecha que no hay recursos para mantener la abultada nómina de la hipertrofiada administración pública ya que constantemente se presentan protestas por falta de pago en diversos sectores (maestros, médicos, policías, enfermeras, bomberos, obreros, empleados); el régimen cambiario administrado por la Comisión de Administración de Divisas CADIVI, y ahora por CADIVI y el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD I y SICAD II, ha ejecutado diversas devaluaciones del bolívar en medio de la incertidumbre y la desinformación, al punto de que el país opera con tres niveles de tasa de cambio oficial (6,5; 11 y 50 Bs/$ aprox) y además como era de esperar, ante las restricciones para el acceso a las divisas, se ha diversificado la industria de la corrupción cambiaria a niveles de escándalo público con numerosos mecanismos que son utilizados para obtener divisas al precio controlado (cualquiera de los tres), que luego son comercializadas en el mercado negro o paralelo donde se encuentra una cuarta tasa de cambio la cual ha llegado ya hasta niveles superiores a 80 Bs/$ y la expectativa es que siga aumentando. La corrupción por las distorsiones del mercado cambiario ha sido denunciada incluso por integrantes de grupos oficialistas. La fuga de divisas, la fuga de capitales, el narcotráfico, la delincuencia organizada son moneda de uso corriente en las conversaciones de cualquier vecino en cualquier zona del país.

El gobierno de Nicolás Maduro entre tanto, parece absorto en un sueño infantil en el que la heroica revolución bolivariana es atacada vilmente por la contrarrevolución, que le hace la guerra económica, y es la culpable de todas las ineficiencias observables en todos los sectores bajo control gubernamental.

El presidente ha dicho ya varias veces que va a anunciar medidas correctivas, pero lo cierto es que no hace falta que las anuncie. En realidad se vienen aplicando “medidas de ajuste” tipo ‘paquete’ desde hace varios meses. Medidas como la devaluación, al diversificar las tasas de cambio y cambiar las disposiciones para la adquisición de divisas, sin reconocer que hay devaluación, pero hay devaluación. Medidas como el aumento de los servicios públicos, en las tarifas de servicios como la luz, el agua, el teléfono, el aseo urbano, el transporte público, sin reconocer que hay aumento en los servicios, pero los que pagan saben que ha habido aumentos. Medidas como el despido de miles de empleados públicos cuando hay inamovilidad laboral decretada y se exige su estricto cumplimiento a las empresas y organizaciones que quedan del sector privado, sin reconocer que hay despidos masivos (y no solo por razones económicas sino también y para colmo de males políticas), los despedidos y sus familiares y allegados lo saben. Medidas como el aumento de precios de muchos rubros, que se proclaman regulados pero si se quieren obtener se deben pagar a precios varias veces superiores al regulado, sin reconocer que hay aumentos de precios en productos de primera necesidad, pero todos sabemos que hay aumentos de precios porque tenemos que pagarlos cada día cuando necesitamos adquirir pan, carne, productos de limpieza e higiene personal, y una larga lista de etcéteras. Medidas como el aumento de la gasolina no se han atrevido todavía a tomarlas, por temor al costo político que indiscutiblemente tendrán, pero sin duda están en camino.

Comparando los ‘paquetes’ de antes y de ahora, encontramos que si bien se trata de medidas semejantes en apariencia de naturaleza, son bien diferentes en cuanto a su estructura y forma de aplicación.

El paquete de CAP que fue denominado El Gran Viraje, se propuso como un cambio necesario en el modelo económico del país, que llevaba varios lustros estancado en el esquema del proteccionismo frente a los mercados externos (protección extrema del Estado a las empresas productoras locales frente a empresas productoras foráneas) para estimular la industrialización por sustitución de importaciones y el esquema del subsidio masivo al consumo, vía subsidio de la gasolina y precios controlados, como mecanismo para la distribución fácilmente identificable de la renta petrolera. Este esquema no condujo a la gran industrialización del país ni a mejorar su competitividad, por tanto se consideró que ya era tiempo de que la economía venezolana se pusiera ‘pantalones largos’ y se atreviera a abrirse a la competencia internacional. También se propuso como un cambio necesario para reestructurar y mejorar el desempeño gubernamental, particularmente en cuanto a la disciplina fiscal y el ordenamiento del endeudamiento público, pero también en cuanto al ordenamiento de los subsidios, especialmente el del precio de la divisa. Quizás los venezolanos no comprendimos en ese momento la necesidad de tales cambios, y la sociedad no tuvo la capacidad de asimilarlos y trabajar en adaptarlos para negociar su aplicación. Se produjo entonces un efecto de choque que dio al traste con muchas relaciones que todavía debían cumplir un ciclo de maduración. Por ejemplo, el partido del Presidente, Acción Democrática, expulsó a Carlos Andrés Pérez por su firmeza en la decisión de aplicar ‘el paquete’ como se había propuesto. CAP fue acusado de exagerar el enfoque de sus políticas en el aspecto de la corrección del rumbo de la economía y en consecuencia dejar en segundo lugar los aspectos políticos y sociales. La resistencia al cambio fue de tal magnitud que las fuerzas encontradas terminaron obligando a la salida del Presidente del gobierno bajo acusaciones de corrupción que hoy parecerían un juego de niños en comparación con lo que estamos viendo. El caso es que para el año 92, cuando la economía estaba comenzando a tomar el vuelo del crecimiento en firme, se desestructuró el gobierno y la política económica en desarrollo gracias a los dos intentos de golpe de estado de febrero y noviembre y finalmente la salida forzada del Jefe del Estado. Las fuerzas retrógradas tomaron las riendas y desde entonces, el país marcha hacia atrás como si se propusiera regresar al siglo XIX o incluso al XVIII y no ha conseguido más que perder capacidades e infraestructura de todo tipo. La modernidad que con gran esfuerzo y dedicación se había alcanzado en los primeros cuarenta años de la república democrática, se ha desnaturalizado en los últimos quince años de ¿república bolivariana?

El ‘paquete’ de Nicolás Maduro por su parte, parece un trabajo de remiendos del que sus productores se avergüenzan y temen presentarlo a plena luz del día, no sea que les vayan a descubrir lo que realmente es, un remedo de medidas correctivas que no tienen claro qué se va a corregir porque sus principales motivaciones e intereses se limitan a la ambición de poder y la consecuente necesidad de control político absoluto sobre todos los aspectos de la vida nacional pública y privada para disminuir la probabilidad de perder sus privilegios. Los recursos para soportar la crisis no se están pidiendo al FMI que aplasta la soberanía de los pueblos, pero se están pidiendo a los chinos y a los rusos, quienes están resultando bastante más exigentes en términos de cesión de soberanía. ¿Dónde dice que es mejor perder soberanía con los chinos y los rusos que con el FMI? Igual que CAP, NM viene imponiendo los contratos con el imperio chino sin que haya habido un debate nacional y se conozcan plenamente las condiciones negociadas. Es la misma política de hechos cumplidos, unos desde la perspectiva tecnocrática, otros desde la perspectiva de la oligarquía política, ambos irrespetuosos con los diversos sectores de intereses del país.

En virtud de lo expuesto, no podemos menos que preguntarnos si nos están aplicando hoy, 25 años después, un ‘paquetazo’ muy similar al que tanto se le criticó a CAP. Y no podemos menos que respondernos que SÍ. E igualmente, no podemos menos que agregar que se trata de un paquetazo aplicado en un contexto mucho peor, por las condiciones de escasez, desabastecimiento, inseguridad y desmoronamiento institucional, con lo cual, las consecuencias terminan siendo mucho más duras para los eslabones más débiles de la cadena, es decir, para los más pobres, que ahora enfrentarán la soledad y la aridez de la orfandad de un estado que antes fue poderoso y ya no lo es más.

Los chinos además de productos también exportan chinos. Ya los productos chinos desplazaron a los locales en todos los rubros que se presentan. Así también los chinos llegan cada día a competir como obreros o como profesionales, pero no vienen a competir simplemente, vienen impuestos por las empresas que los traen y desplazarán a los trabajadores locales desamparados por un estado que dejó de ser y estar entre nosotros pues fue suprimido por una élite gobernante que contrariamente a lo que proclama, antepone sus ganancias a todo interés de otro tipo incluso de soberanía.

No me cabe duda. El ‘paquete’ de Nicolás es más capitalista y más salvaje que el de CAP.

Mercedes Martelo
mercedesm2005@gmail.com

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