Por: Benigno Alarcón / 04 de diciembre de 2014

Cuando el objetivo es alcanzar una transición democrática, la coordinación entre los partidos y movimientos democráticos de oposición es una condición sine que non para lograr la ejecución de estrategias exitosas que, si bien pueden y deben variar de acuerdo con las circunstancias, obedecen por lo general a dinámicas comunes que han sido bastante bien estudiadas, y aunque su comprensión no se traduzca en recetas de fácil ejecución, ignorarlas tratando de reinventar la rueda, son garantía de fracaso.

“Una nación tiene el gobierno que se merece,
y aquellos para quienes esta sentencia es de mal gusto
es porque forman de una pequeña minoría de disidentes,
demasiado pequeña para influir en la voluntad de la gente,
o de un grupo mayor cuya inconformidad es inconsistente con sus prácticas
y coopera con la tiranía que deploran, en ocasiones sin darse cuenta.”
(Erroll E. Harris)

Decíamos en nuestro artículo de la semana pasada que si la oposición democrática activa comprende la importancia y su responsabilidad en la generación de una dinámica que permita que las expectativas de cambio aumenten y el temor a la represión disminuya, uno de los resultados será el crecimiento de la oposición en la medida que se den las condiciones y oportunidades para dinamizar las expresiones de rechazo al gobierno, lo que a su vez tiende a modificar las relaciones de dominación entre los distintos actores que contribuyen a su sostenimiento (el núcleo central del régimen, el aparato coercitivo del estado, sus partidarios pasivos y la oposición mayoritariamente pasiva), o entre quienes hacen posible el control hegemónico sobre el país, bien sea por sus actuaciones para sostenerlo o por su actitud pasiva y tolerante hacia las decisiones y actuaciones del régimen y de quienes le apoyan.

Pero, ¿cómo se hace esto?, ¿cuáles son las tareas que deben asumir los movimientos democráticos de oposición a la hora de lidiar con regímenes autoritarios?

Alfred Stepan en el artículo antes citado hace una importante síntesis de las principales tareas que debe asumir una oposición democrática que, además de ser coincidentes con las posiciones de muchos de los más importantes estudiosos de las transiciones democráticas, son totalmente aplicables al caso venezolano. Esas tareas se presentan en un orden de complejidad ascendente que no necesariamente se corresponde con su secuencia temporal, que puede variar de acuerdo a las circunstancias propias de cada país y el momento estratégico que se vive. Dichas tareas se pueden resumir en cinco enunciados fundamentales:

1) Resistir su integración al régimen;
2) Defender zonas de autonomía frente a éste;
3) Disputarle la legitimidad;
4) Crear una alternativa democrática creíble, y
5) Elevar los costos del ejercicio autoritario del gobierno.

Resistir la integración al régimen y la defensa de su autonomía

En relación a la primera tarea, o sea resistir la integración al régimen, ésta es esencial a la existencia misma de una oposición real. Si la oposición activa se deja inmovilizar o es cooptada por el gobierno, ésta en sentido estricto habrá dejado de existir, y los grupos que se hagan llamar oposición serán útiles solamente para ocupar un espacio necesario para completar el cuadro de apariencias de una democracia, pero entre los planes de la misma nunca estará la ejecución de las tareas mencionadas ni el objetivo de desplazar al gobierno y ocupar efectivamente el poder, sino que, por el contrario se apostará a la cooperación con el régimen a fin de garantizar su propia supervivencia y compartir el poder. En sentido contrario, solo si la oposición activa es capaz de mantener su independencia ideológica, cultural e institucional, podrá desempeñar las demás tareas aquí mencionadas.

En circunstancias como las de Venezuela, es común que el gobierno haga su mejor esfuerzo para generar incentivos a corto plazo para integrar a la oposición al régimen mediante la negociación de cargos, acceso a recursos limitados para hacer política dentro de reglas de juego limitadas e inmunidad en momentos de represión. El acceder a este tipo de negociaciones tiene el efecto de limitar o condicionar la autonomía de la oposición y dañar su legitimidad en el mediano y largo plazo, tal como sucedió con la oposición en Zimbabue que aceptó un gobierno compartido entre el 2009 y el 2013 para luego perder todo el apoyo con el que contó en las elecciones del 2008. El mismo caso se presentó en México cuando los conocidos como partidos “satélites” del PRI antes de los ochenta simplemente desaparecieron mientras la oposición activa (PAN y PRD) subsistieron y avanzaron considerablemente en votos y cargos a partir de la transición.

Si la oposición se mantiene independiente, o sea no es cooptada por el gobierno, la siguiente tarea, de la cual depende su propia sobrevivencia y viabilidad como oposición, es la de lograr su crecimiento el cual, normalmente en un primer momento, toma la forma de lo que hemos definido como oposición pasiva. Ello, según el mismo Stepan, es posible a través de dos actividades que deben desarrollarse simultáneamente: el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno y el mantenimiento de algunas zonas de autonomía funcional que permitan la existencia de formas de organización que no respondan al gobierno, tales como organizaciones no gubernamentales, partidos políticos de oposición o sindicatos, incluidas aquellas que fuesen anteriores a la instalación del régimen autoritario.

Existen casos en los que la coalición de partidarios activos y pasivos de la élite dominante es tan fuerte como para no permitir la existencia real o la independencia de partidos de oposición, o los que existen están cooptados por el gobierno. En tales casos, es necesario crear y fortalecer otras instituciones de la sociedad civil capaces de mantener su autonomía, como suele ser el caso de las asociaciones culturales, incluidas las universidades, las instituciones religiosas (que tienen la virtud de poder darle un gran peso y visibilidad al debate sobre los derechos humanos), así como otros espacios en los que la oposición activa se acerca a las comunidades para proporcionarle determinados servicios y tener la oportunidad de interactuar. En casos como los de Polonia, Brasil y Chile, la participación de la Iglesia Católica en este sentido fue decisiva. Mientras más sindicatos, partidos o movimientos comunitarios democráticos -nuevos o antiguos- se afiancen y florezcan, menos espacio habrá para el establecimiento de organizaciones gubernamentales cuyo objetivo es el control social sobre la población, como es el caso de los colectivos, los consejos comunales, las comunas y las unidades de batalla en Venezuela. Al fortalecerse estos sistemas de organizaciones pro-democráticas se facilitan las demás tareas de la oposición, o sea la de desafiar la legitimidad del gobierno y de sus decisiones así como la de elevar los costos de mantener el poder por el ejercicio de la represión o el miedo, mientras se produce su debilitamiento al tiempo que se construye una alternativa democrática. La tarea principal de la oposición política activa debe centrarse en el trabajo de base que le permitirá crear una plataforma meta-partidista de sub-sistemas independientes opuestos al régimen que incluya, más allá de los partidos y líderes políticos, a líderes y organizaciones de la sociedad civil como las antes descritas.

La disputa por la legitimidad

En la teoría del poder político, son varios los autores que afirman que un régimen solo puede lograr el control hegemónico cuando cuenta con el consentimiento de las grandes masas a la dirección impuesta por las élites dominantes. A mayor consentimiento de un régimen autoritario, menor será la necesidad de imponerse por la fuerza y de ejercer la represión. Por lo tanto, una tarea fundamental de la oposición activa es persuadir a la oposición pasiva de los costos que la tolerancia al régimen, y por lo tanto la pasividad, tienen para el futuro de la sociedad, de manera tal de reducir el consentimiento voluntario y hacer imposible el control hegemónico gracias a la cooperación o consentimiento tácito de la sociedad a las imposiciones del régimen.

La construcción de la legitimidad de la oposición pasa por adoptar posiciones basadas en principios democráticas que gocen de una legitimidad incuestionable ante los ojos de todos, tanto en su confrontación con el gobierno (lo que implica descartar formas de acción ilegitimas) como en las decisiones puertas adentro de la coalición de fuerzas que constituyen la oposición. La legitimidad de la oposición no es una relación inversamente proporcional a la del gobierno que se gana de forma automática en la medida que la de éste último se deteriora, sino que, por el contrario, tiene su base en la aceptación real que se gane como alternativa viable de gobierno.

Asimismo, la comunidad internacional ha sido en determinados momentos un apoyo o un obstáculo para un régimen autoritario. Es importante que la oposición trate de ganar el apoyo de la opinión pública internacional, reduciendo la posibilidad de la cooperación directa o tácita entre gobiernos, visibilizando las violaciones de derechos humanos y las normas de conducta internacionalmente aceptadas, como acertadamente se ha venido haciendo en algunos casos en Venezuela. Cuando estas violaciones son bien documentadas puede generarse un rechazo internacional de grandes dimensiones hacía el régimen autoritario.

En la medida que se incrementa el repudio hacia las prácticas represivas del régimen mayores serán sus costos para reprimir y mantener la gobernabilidad por la fuerza; y mientras mayores sean los retos internos y externos del régimen, mayor será la probabilidad de empujar a la élite gobernante hacia una actitud defensiva o de negociación, dependiendo de sus costos de tolerancia a un escenario potencial de pérdida del poder. Si los costos de ejercer la represión se elevan demasiado y el gobierno pierde la legitimidad mínima necesaria para mantenerse en el poder a los ojos incluso de sus partidarios activos y pasivos, además, se convierte en un problema para sus propios partidarios al no poder garantizar la estabilidad y seguridad de los propios miembros de su élite. Esta situación generalmente se traduce en el resquebrajamiento progresivo de la lealtad de sus partidarios activos, cuya fidelidad al sistema se basa en la eficacia del gobierno y las expectativas de mantener el poder, tras lo cual el apoyo puede volverse pasivo, y el compromiso mucho más débil al perderse la confianza en su viabilidad futura o porque los costos de identificarse activamente con un régimen impopular se hacen cada vez más altos. Esta situación puede incluso evolucionar a un escenario en el que quienes antes apoyaban activamente el gobierno se conviertan en opositores pasivos, y a veces hasta activos, como ha sucedido en el caso venezolano con algunos de los líderes políticos venidos del oficialismo a la oposición.

En palabras de Robert Dahl: “la probabilidad de que un gobierno tolere a la oposición aumenta en la medida que se incrementen los costos de la represión”. Los gobiernos autoritarios, y en especial los regímenes híbridos, una vez que pierden las ventajas competitivas que los han mantenido en el poder por la vía electoral, se hacen cada vez más dependientes de la represión, por lo que el sector militar termina por convertirse en la base de la élite gobernante, a un punto tal que gobierno y Fuerza Armada terminan por integrarse como gobierno, tal como puede verse en casos como el de Korea del Norte, Egipto, Zimbabue, Libia, y también en Venezuela, sobre todo a partir de la muerte de Chávez. En tal sentido, Stepan resalta que las percepciones que tenga una burocracia militar compleja sobre sus necesidades internas tiene un peso significativo en la viabilidad de una transición democrática, especialmente cuando peligran los intereses vitales de la élite militar. Sin embargo, la identificación o participación en el gobierno de la élite militar, como hemos visto en casos como los Argentina, Brasil, Libia, Egipto, y también en la Venezuela de Pérez Jiménez, e incluso en la actual, impone altos costos a la institución militar, tal como hemos visto en el último estudio de la UCAB, en el que la legitimidad de la Fuerza Armada Nacional se ve fuertemente cuestionada por su actuación político electoral colocándose a niveles de desconfianza que superan el 53%, lo que implica un nivel de deterioro de su legitimidad cercano a los del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el gobierno nacional, lo cual tiene sentido en la medida en que la gente identifica al gobierno y a la Fuerza Armada como lo mismo. Estos altos costos institucionales han traído como consecuencia que en muchos casos, como los de Argentina, Chile, Egipto, y también Venezuela al final de la dictadura perezjimenista, la relación entre Fuerza Armada y Gobierno se deteriore de manera importante al incrementarse la presión institucional interna sobre los oficiales de mayor rango, quienes llegan a la conclusión de que las desventajas de participar en el gobierno superan a sus ventajas, y lejos de garantizar la seguridad de la élite militar, la compromete seriamente, mientras los costos institucionales de ejercer la represión para sostener al gobierno terminan por superar los incentivos, y se hace evidente la conveniencia de retornar a una posición institucional políticamente neutral.

A todo evento, existe un peligro real cuando la viabilidad del gobierno se ve comprometida y la oposición, en vez de reducir, eleva los costos de salida para un gobierno autoritario. En aquellos casos en los que los costos de salida han sido mucho más altos que los de usar la represión, la élite dominante ha respondido con mayor represión a fin de mantener el poder, tal como ha sucedido en casos como los de Zimbabue en el 2008 y Syria más recientemente. Sin embargo, el aumento de la represión también implica riesgos mayores para el gobierno; de ahí que los gobiernos evitan, siempre que les sea posible, las escaladas represivas, ya que estas implican una elevación inevitable de sus costos de represión y una importante pérdida de legitimidad con sus consecuentes costos políticos internos y externos, así como importantes riesgos relacionados con una posible insubordinación de la Fuerza Armada, y ocasionalmente incluso de otros órganos represivos formales e informales.

La creación de una alternativa democrática

Recientemente durante un evento organizado por la UCAB, escuché a uno de los más importantes líderes de oposición, a quien no mencionare porque es un hombre a quien respeto ya que sus virtudes y aciertos superan a sus errores, afirmar que nada había que aprender de las transiciones de otros países porque cada proceso era único. Como comentaba un colega en un receso durante el mismo evento, aquella audaz afirmación era prueba de desconocimiento de toda la teoría sólidamente construida por estudiosos de las transiciones democráticas de la talla de Robert Dhal, Guillermo O´Donell, Larry Diamond, Juan Linz, Stafan Lindberg, Seymour Martin Lipset, Adam Przeworski, Laurence Whitehead, Steven Levitsky, Andreas Schedler y el mismo Alfred Stepan, entre otros.

Las transiciones democráticas son el resultado de un proceso de erosión de la legitimidad del régimen y de construcción de una legitimidad alternativa en la oposición que se dan de manera simultánea, por lo que erosión y construcción no son estrategias excluyentes sino, por el contrario, necesariamente complementarias. Pero la ignorancia sobre cómo funcionan los procesos de transición, son las que han venido sumergiendo a la oposición en falsos dilemas estratégicos que solo contribuyen a la división entre partidos y líderes, por un lado los que colocan el énfasis en las estrategias de construcción de una mayoría y, por el otro, quienes defienden las estrategias de protesta como si fuesen caminos opuestos y excluyentes entre sí. Ambas estrategias no solo son compatibles sino necesariamente complementarias para generar las condiciones para una transición democrática, tal como queda demostrado en buena parte de los procesos de democratización en el mundo, de los cuales, al parecer, estamos negados a aprender.

Una tarea obligada para una oposición activa, en relación a la creación de una alternativa democrática viable, consiste en la integración de la mayoría democrática emergente a tantos movimientos pro-democráticos como sean necesarios. La integración de los movimientos democráticos no puede restringirse a un grupo de partidos políticos de oposición sino que, por el contrario, debe incluir a todos los actores que permitan construir una base de legitimidad amplia. El no hacerlo equivale a renunciar a importantes factores de participación y movilización que tienen el potencial de convertir una buena parte de la oposición pasiva en activa, con lo que solo se refuerza la desesperanza y la expectativa de que el régimen autoritario es inamovible.

Esta tarea ha tropezado en otros países, al igual que sucede en Venezuela, con una dificultad importante que limita seriamente las posibilidades de acuerdos entre la oposición, pero de cuya resolución dependerá el éxito o fracaso de la misma en cualquier esfuerzo por lograr una transición a la democracia. En la medida que una pequeña élite logra controlar el gobierno por años, mientras la oposición fracasa en sus intentos por desplazarla, se multiplicaran los desacuerdos entre los distintos partidos de oposición y demás organizaciones contrarias al gobierno, así como las propuestas de solución. Este desacuerdo puede incluso agravarse en la medida que el gobierno pierde su piso político y las expectativas de una posible transición aumentan, ya que esto también estimulará la participación de un número mayor de actores que buscaran tener un rol activo y protagónico en la transición, lo que a su vez implicará un mayor número de intereses en juego y de organizaciones y medios para promoverlos. En condiciones como estas, con actores múltiples en donde la mayoría reproducen las condiciones de un dilema de prisionero, resulta especialmente difícil lograr un acuerdo entre las fuerzas pro-democráticas.

Bajo tales circunstancias, el realismo político se impone haciendo obligatorio limitar el alcance y contenido de los acuerdos entre partidos y organizaciones pro-democráticas a lo que es estrictamente posible. En tal sentido, lo esencial es alcanzar algún tipo de acuerdo que permita una fórmula de coordinación mínima, o sea un acuerdo sobre las reglas del juego y no sobre la sustancia o los resultados, tal como fue el caso exitoso de los mecanismos aplicados para la decisión sobre candidaturas de la unidad que eran definidas en base a tres criterios que se aplicaban de manera progresiva: el consenso, las encuestas y las primarias, constituyendo los dos últimos criterios sobre reglas de distribución de las candidaturas unitarias que, por ser objetivas, nadie podía controlar ni dependían de la voluntad o la imposición de las partes, sino de mecanismos que no estaban bajo el control o la voluntad de ningún actor o partido involucrado, y que se aplicaban subsidiariamente cuando la negociación, o sea, el consenso, no era posible.

Concentrarse en las reglas de juego, más que en las políticas defendidas por cada parte, funciona como un mecanismo realista y pragmático para lograr una unidad de coordinación entre la oposición democrática. El debate sobre posiciones política o problemas estratégicos sustantivos normalmente, lejos de cohesionar, terminan por dividir a la oposición e incluso polarizarla, tal como lo hemos vivido en el caso venezolano. Esta situación incluso puede acarrear como consecuencia que el gobierno quede en una posición cómoda entre las distintas oposiciones que se forman y que, separadamente no tienen la fuerza suficiente para competir con el gobierno, lo que incluso puede terminar implicando, como ha sucedido en algunos casos como el de Zimbabue tras el gobierno de coalición del 2009, que ambos polos de la oposición democrática quedan tan distanciados que terminen más cerca de las posiciones del gobierno que de la otra parte opositora.

Por el contrario, un acuerdo entre los movimientos de oposición sobre los procedimientos puede mantener la cohesión mínima necesaria para que se puedan alterar las relaciones de dominación entre el gobierno y los demás actores sociales antes mencionados. La capacidad de la oposición de actuar de manera consensuada y presentarse como una alternativa verosímil puede alterar las expectativas de los actores, así como las relaciones de dominación socavando, por ejemplo, el paradigma sobre la invencibilidad y el carácter indispensable del gobierno ante los temores que la incertidumbre de un cambio genera, sobre todo cuando un gobierno ha ocupado el poder por un período considerable de tiempo.

Elevar los costos del ejercicio autoritario mientras se reducen los de una transición

En la medida que un gobierno no puede mantener su apoyo popular para tener una ventaja electoral que le permita quedarse en el poder por esa vía, se hace más dependiente de su capacidad de represión, y por lo tanto de sus cuerpos armados. Pero en la medida que mejora la cohesión entre las organizaciones democráticas, aumentan las dificultades y el costo que la represión supone. Es así como en la medida que los costos de represión aumentan se avanza hacia escenarios reales de cambio en favor de la democratización. Es a partir de este cambio de escenario que las relaciones de dominación entre los cinco componentes del régimen mencionados por Alfred Stepan se encontraran en el escenario sobre el que Robert Dahl fundamenta su axioma y que, en lo personal, hemos venido defendiendo desde el año 2009: en la media que los costos de la represión excedan a los costos de la tolerancia, serán mayores las oportunidades de una transición a la democracia.

Lo que a veces es difícil de aceptar, y más para nosotros después de esta larga travesía de 15 años, es que de acuerdo a la experiencia histórica son los mismos partidarios del régimen, sus pilares y actores fundamentales, quienes hacen posible este tipo de cambio. Lo que se conoce como revoluciones democráticas son fenómenos más bien excepcionales, y las que son exitosas son aún menos frecuentes, mientras que las transiciones más frecuentes son las que Juan Linz llama ruptformas, que son una dinámica mixta entre reforma y ruptura, en la que las tensiones se combinan con la negociación para lograr materializar las condiciones que obligan a una transición democrática. Es justamente así como se han dado las transiciones en países como España, Brasil, Chile, Corea del Sur, Polonia, Sudáfrica y Hungría, entre otros.

Para quienes cuestionan y critican la factibilidad de estas transiciones, les pedimos que se pregunten sinceramente sobre la factibilidad de otras transiciones que tengan en mente. Y para quienes piensan que las transiciones solo pueden darse por la fuerza (ruptura), es importante recordar que una transición por la fuerza implicas necesariamente una dinámica de cooperación como la descrita, en donde actores como la Fuerza Armada asumen la transición desde una rol activo (golpe de estado) o pasivo (insubordinación ante un alzamiento popular). Las transiciones más comunes (reformas o ruptfromas según la clasificación ya tradicional de Juan Linz) no se materializan nunca porque el régimen quiera abandonar los privilegios del poder, sino porque los costos de mantenerlo han escalado como resultado de la presión política y sobretodo social, lo que reduce significativamente las expectativas de poder mantenerse en el poder para quienes lo ejercen, lo que obliga a los partidarios del régimen a arreglar una salida que les permita las garantías mínimas necesarias para preservar su propios intereses.

Ciertamente, no faltarán aquellos actores más radicales que permanezcan aferrados al régimen y estén dispuestos a cualquier cosa con tal de no permitir su desplazamiento del poder. Pero la cooperación desde el mismo régimen llega como producto de los cambios en las dinámicas de las relaciones entre la oposición y los propios aliados del régimen que comienzan a percibir el estatus quo como inviable. Es así como al momento de tomar decisiones sobre condiciones que pueden llevar a una transición en el poder, las expectativas que los actores clave del gobierno tienen sobre las posibles consecuencias de reprimir y resistirse al cambio terminan teniendo un peso determinante en las decisiones de la élite dominante y en sus partidarios activos.

Es a partir del momento en que las relaciones de dominación han sido alteradas y las expectativas de cambio se han generalizado que cobran especial importancia los procesos de negociación entre gobierno y oposición, con la finalidad de reducir los costos de tolerancia, o sea aquellos relacionados con las consecuencias de una salida del poder, para los actores gubernamentales e incluso para aquella parte de los partidarios pasivos que se mantienen leales al régimen. Es así como los arreglos institucionales y las reglas justas que ofrezcan garantías a los partidarios del gobierno para no ser perseguidos y continuar defendiendo sus posiciones políticas bajo nuevos arreglos institucionales pueden hacer la diferencia entre una transición pacífica o la confrontación violenta.

Pero las garantías de cumplimiento sobre tales arreglos solo serán creíbles en la medida que exista una oposición unificada. Solo en el caso de que los partidarios del régimen perciban a la oposición democrática como una sola, con capacidad para hacer respetar los acuerdos entre todas las partes, será posible reducir la incertidumbre para quienes están en riesgo de perder el poder. Si tal garantía no existe, la única alternativa para los actores cuyos costos de salida son más altos es la de atrincherarse y mantener el gobierno por la fuerza, aún asumiendo costos muy elevados, pero que a fin de cuentas siempre serán menores a la incertidumbre sobre las posibles consecuencias de perder el poder. Un ejemplo extremo de esta situación es la respuesta del gobierno sirio a las manifestaciones pacificas que se iniciaron durante la Primavera Árabe y que más tarde se transformaron en confrontaciones armadas entre gobierno y oposición.

Conclusión

Al cierre de esta serie de tres artículos sobre “Las Tareas de la Oposición”, debo confesar, esperando no pecar de inmodesto, que he querido compartir este trabajo públicamente porque, en adición a los artículos anteriores en donde he tratado de explicar el funcionamiento de las transiciones democráticas y su relación con los costos de represión y tolerancia, creo que el trabajo de Alfred Stepan, aplicado a nuestra propia realidad, es un aporte que debe ser comprendido tanto por partidos políticos como por líderes y ciudadanos legítimamente preocupados por asumir las tareas orientadas a construir las condiciones necesarias para una transición democrática. Evidentemente, y esa podría ser una crítica a la propuesta a la que el mismo Stepan se adelanta, en la medida que aumente la severidad del control autoritario del gobierno se reducirán las posibilidades de que la oposición pueda completar las tareas aquí descritas. Cuando el objetivo es alcanzar una transición democrática, es justo reconocer que ha habido avances importantes, pero también retrocesos que no han sido menores, sobre todo en la coordinación entre los partidos y movimientos democráticos de oposición. La unidad o, dicho de manera más realista, la coordinación, entre actores y organizaciones pro-democráticas, es una condición sine que non para lograr la ejecución de estrategias exitosas que, si bien pueden y deben variar de acuerdo con las circunstancias, obedecen por lo general a dinámicas comunes que han sido bastante bien estudiadas y, aunque su comprensión no se traduzca en recetas generales de fácil ejecución, ignorarlas, tratando de reinventar la rueda, es apostar irresponsablemente al fracaso.