Benigno Alarcón Deza – 9 de julio de 2015

…la Fuerza Armada Nacional tendrá que decidir entre la estabilidad del gobierno y la estabilidad del país, lo cual no siempre es lo mismo.

Superadas las elecciones primarias de la oposición y del PSUV y fijada la fecha para las próximas elecciones legislativas, en medio de una dinámica inusual en la que lo internacional se asoma con insistencia a nuestra ventana, es tiempo de detenernos a mirar este rompecabezas para ver si las pocas piezas encajadas nos dan aunque sea una idea remota de lo que veremos cuando las últimas piezas hayan encontrado su lugar en el tablero.

Ciertamente, como se ha dicho muchas veces durante este año, el balance político entre gobierno y oposición apunta hacía un escenario de cambio de poder que podría iniciarse, dependiendo de sus resultados, a partir de la próxima elección legislativa anunciada para el próximo seis de diciembre.  Todos los estudios de opinión, incluido el más reciente de los nuestros, coinciden en identificar cambios importantes en el piso político que ha servido para sustentar la legitimidad del oficialismo desde 1998, que además de fracturarse en dos grupos tras la muerte de Chávez, chavistas leales al gobierno y chavistas críticos de la élite gubernamental, aporta además una porción importante de sus hasta ahora leales electores al creciente grupo de desafectos políticos cuya mejor auto-definición la encontramos en la frase “todos los políticos son iguales”, expresión inequívoca de una profunda decepción, contra la cual, OJO, la MUD tampoco está vacunada.

Esta coyuntura que a algunos puede parecer la Tierra Prometida, como a Moisés y sus seguidores, tras la larga travesía de la oposición en el desierto de la desesperanza, nos obliga a recordar que una cosa es ver la Tierra Prometida y otra muy distinta es alcanzarla, y para ello aún falta un largo trecho.

Es destino inevitable de todo gobierno, democrático o no, que en algún momento y por razones distintas terminan por perder el piso de legitimidad que un día les permitió llegar al poder y hasta hoy mantenerlo.  Cuando los gobiernos son democráticos, la solución es la alternancia, y es así como demócratas y republicanos, azules y rojos, liberales y conservadores, copeyanos y adecos, o como quiera que se les denomine a los dos principales polos políticos en cualesquiera país que se escoja,  se alternan en el poder sin mayores consecuencias para los que se van, sabiendo que algún día, tal como en cierta ocasión lo expresase Betancourt, “We will come back”.

La historia, y por supuesto también la solución, es distinta cuando quien deja el poder no es un gobierno democrático sino uno con vocación autoritaria, cuyos costos son infinitamente superiores a los que en su momento tuvieron todos los ex-presidentes de los cuarenta años previos a Chávez.  Es así como en todo país gobernado por un régimen autoritario-competitivo, como es el caso de Venezuela, al llegar a esta coyuntura quienes tienen el poder están obligados a resolver el dilema entre tolerar un cambio en el poder que implique su salida total o parcial del gobierno o la disposición a mantenerse en él mediante el uso de otros medios distintos a la legitimación electoral, considerando que ya no se cuenta con la ventaja competitiva que permitía garantizar el triunfo (un líder carismático y la capacidad para mantener amplias redes clientelares).

Es así como la solución del escenario electoral dependerá, fundamentalmente, de la solución que se dé a este dilema, o sea, al cálculo que quienes detentan el poder harán entre posibilidades de ganar la próxima elección, las consecuencias de perderla, y los peligros y costos que tendrían en el caso de  intentar mantener el poder por otros medios.

La Evolución del Escenario Actual

En el entendido de que los escenarios y su evolución futura es dinámica y por lo tanto las proyecciones que hacemos hoy pueden cambiar drásticamente si alguna de sus variables causales se modifica, el escenario político al día de hoy presenta como tendencias clave que deben ser tomadas en cuenta a la hora de cualquier escenario las siguientes:

1. En lo económico: Deterioro progresivo de las condiciones económicas del país, sin oportunidad alguna de corrección en el corto o mediano plazo, que se manifiesta principalmente en escasez creciente de carácter estructural que abarca ya a la mayor parte de los productos básicos que dependen en alguna medida de la importación; aumento acelerado de precios en todos los productos impulsados por la baja oferta combinada con una muy alta demanda que está muy cerca ya de convertirse en un proceso hiperinflacionario; devaluación acelerada de la tasa de cambio real con adopción del dólar como referencia para el cálculo de costos reales; y cierre progresivo de las fuentes de financiamiento internacional.
2. En lo social: Deterioro importante de la calidad de vida que se manifiesta en índices crecientes de desempleo y subempleo; aumento importante de formas de encomia informal coyuntural basadas en el contrabando y el desabastecimiento que toma ventaja de los diferenciales de precios y las dificultades para abastecerse de productos básicos; importantes niveles de inseguridad y descomposición social que tienen a agravarse como resultado al deterioro de las condiciones económicas que dificultan las condiciones básicas de subsistencia; y tendencia al aumento de la violencia y la conflictividad social en sus diferentes formas.
3. En lo político: Cambio en el balance político entre gobierno y oposición que se traduce en la desintegración progresiva del piso político del oficialismo a partir de la muerte de Chávez; despolarización política del país (55% de los electores ya no se identifican con los polos) con tendencia a un aumento importante del sector independiente lo que dificulta el traspaso de votos del oficialismo a la oposición; rechazo a las políticas gubernamentales y la demanda de cambios en los niveles de decisión política; aumento de los costos de salida para quienes detentan el poder, lo que se agrava aún más como efecto de procesos e investigaciones internacionales contra actores gubernamentales por violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción; militarización progresiva del gobierno como resultado de su mayor dependencia de la represión, por lo que el sector militar pasa a ser progresivamente gobierno.
4. En lo electoral: Deterioro de las condiciones electorales en la medida que el gobierno pierde sus ventajas competitivas para mantener el poder por vía electoral; alta valoración del voto como mecanismo de decisión política; pérdida de la capacidad de arbitraje del Consejo Nacional Electoral como consecuencia del deterioro de la credibilidad en el sistema electoral, que han pasado de niveles de 46% (poca o ninguna confianza) en el año 2013 a 64% en 2015;
5. En lo internacional: Deterioro de la base de apoyo internacional del gobierno como efecto de los cambios en el balance político en algunos países aliados, la incapacidad del gobierno para mantener los incentivos clientelares regionales ante el deterioro de su propia economía, el cambio de estrategia regional de los Estados Unidos, y la confrontación limítrofe con Guyana; aumento de la presión internacional, principalmente desde los Estados Unidos, para que se celebren elecciones justas, libres y competitivas que puedan ser monitoreadas por organizaciones internacionales con experiencia y experticia reconocidas; apertura de un canal de comunicación entre actores principales de la élite gubernamental y autoridades norteamericanas, posiblemente motivados por las potenciales consecuencias de las sanciones e investigaciones iniciadas en ese país.

Evolución del Escenario

En el actual momento el país se debate, a partir de la desaparición física de Chávez, entre las tensiones propias de un cambio político y la consolidación del régimen, lo cual puede decantarse hacia tres escenarios básicos posibles:

1. Status Quo
2. Transición democrática
3. Consolidación Autocrática

El primer escenario, status quo o la continuación del proceso como ha sido hasta hoy en día, o sea bajo la forma de un régimen híbrido que combina el ejercicio autoritario con la legitimación electoral, luce como el menos probable por la desaparición de las ventajas competitivas (liderazgo carismático y recursos suficientes para sostener amplias redes clientelares) que permitan la sustentabilidad de este escenario mediante procesos continuos de re-legitimación electoral.  Es así como los escenarios más probables se decantan entre los dos extremos, o sea, la transición democrática y la consolidación autocrática.

La evolución y desenlace final de tal escenario pasa por la resolución del dilema entre tolerar un cambio en el poder que implique la salida total o parcial del gobierno o la disposición a mantenerlo mediante el uso de otros medios distintos a la legitimación electoral, lo que dependerá, en buena medida, del cálculo costo-beneficio que los actores con poder hagan entre tolerar el cambio político (transición) o  mantener el poder incluso mediante el uso de la fuerza si fuese necesario (autocratización).

La respuesta que el gobierno ha venido dando a las tensiones que se generan a partir de las demandas crecientes por un cambio político, muy similares a las que beneficiaron a Chávez en 1998, y que se reflejan como tendencia irreversible en todos los estudios de opinión, son un indicador inequívoco de hacia dónde apunta el cálculo costo-beneficio entre tolerar tal cambio político o mantener el poder por cualquier medio a su disposición.  En este sentido no puede perderse de vista cómo la élite gubernamental ha dado a los actores con capacidad represiva un espacio y protagonismo cada vez más importante en la sustentabilidad del sistema.

Es así como la Fuerza Armada Nacional, tal como sucede en todo régimen cuya estabilidad depende de la capacidad represiva, está hoy tan íntimamente relacionada con el gobierno que se confunde con éste.  La identificación o participación en el gobierno de la élite militar, tal como también ha sucedido en los casos de Argentina, Brasil, Libia, Egipto, la Venezuela de Pérez Jiménez e incluso en la actual, impone altos costos a la institución militar, a un punto tal que sus niveles de legitimidad nada tienen que ver con los que disfrutaba en el pasado cuando ocupaban, junto a la iglesia, los niveles más altos, sino que, por el contrario, como sucedía en tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, su aceptación sigue a la del gobierno y hoy en día seis de cada diez personas confían poco o nada en la institución militar, según la última medición contratada por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB.

Estos altos costos institucionales han traído como consecuencia que en muchos casos, aunque no siempre, la relación entre Fuerza Armada y Gobierno se deteriore de manera importante al incrementarse la presión institucional interna sobre los oficiales de mayor rango, quienes llegan a la conclusión de que las desventajas de participar en el gobierno superan a sus ventajas, y lejos de garantizar la seguridad de la élite militar, la compromete seriamente, mientras los costos institucionales de ejercer la represión para sostener al gobierno terminan por superar los incentivos, y se hace evidente la conveniencia de retornar a una posición institucional políticamente neutral.

Desenlace del Escenario

La tendencias descritas apuntan hacia un escenario al que todos los gobiernos electos, democráticos o no (porque no todo gobierno por ser electo es democrático), llegan en algún momento. Cuando de gobiernos democráticos se trata, no hay duda del desenlace porque los costos de tolerar un cambio son bajos y la alternancia es la regla que define al sistema.  Por el contrario, cuando el gobierno no es democrático y los procesos electorales han sido solo un medio para alcanzar, legitimarse y mantenerse en el poder, la historia es distinta porque los costos de tolerar otra alternativa en el poder son mucho mayores, sobre todo cuando quienes han ejercido el poder pretenden mantenerlo por tiempo indefinido o han abusado de él y podrían tener que responder por casos de corrupción, violación de derechos humanos, entre otros, por lo que el poder termina por convertirse en el mejor refugio y en un fin en sí mismo.

En procesos con actores gubernamentales con costos de salida altos, o negados a tolerar un cambio político, como pareciera ser el caso de Venezuela, una transición por vía electoral depende de que el costo de mantener el poder por la fuerza sea inmanejable para el gobierno, o al menos sustancialmente más alto que el de negociar una salida institucional.  Tales costos dependen en buena medida de la actitud que asuma los cuerpos represivos, y en especial la Fuerza Armada ante la voluntad popular.

Como lo demuestran los estudios de opinión, entre ellos el nuestro, la mayoría de la población apuesta a la resolución electoral del actual conflicto político, seguramente porque intuye los peligros y costos de otras salidas y porque nos encontramos relativamente cerca de una oportunidad para su ejercicio.  En este sentido, la primera opción para la resolución del conflicto estaría en manos del Consejo Nacional Electoral, como árbitro institucional de la voluntad y la legitimidad democrática.  Pero de producirse resultados opuestos a las expectativas de la mayoría de la gente, el conflicto, lejos de resolverse, podría intensificarse, generando una escalada progresiva cuyo desenlace dependerá, principalmente, aunque no exclusivamente, y de ahí su mayor peligro, del arbitraje de la Fuerza de la Fuerza Armada Nacional, que tendrá que decidir entre la estabilidad del gobierno y la estabilidad del país, lo cual no siempre es lo mismo.