Espacio plural

Se vale todo: la dimensión institucional de la crisis venezolana

Colas Venezuela

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Carlos Miguel Rodrigues – 12 de febrero de 2016

La crisis que atraviesa Venezuela es una manifestación de la incapacidad nacional para lograr un pacto sobre las reglas institucionales que deben normar y orientar la interacción social. Esta crisis, cuyos orígenes pueden rastrearse desde la década de 1980,  se ha sostenido sobre un proceso de destrucción institucional que ha librado el juego social al arbitrio descarnado de los intereses particulares.

La crisis que atraviesa Venezuela es profunda y transversal. Profunda porque devela la descomposición de los fundamentos en los que se sostiene el propio orden social. Transversal porque sus manifestaciones proliferan en la economía, la sociedad y el Estado. Sin embargo, la expresión coyuntural de la crisis, particularmente dolorosa en el ámbito económico, invita a sobredimensionar los factores particulares y recientes, subordinando las interpretaciones más estructurales del problema, centradas en fenómenos de largo plazo.

En realidad, la quiebra económica del país, su creciente descomposición social y su extrema debilidad estatal son evidencias de la incapacidad para conformar un arreglo institucional mínimo, capaz no solo de definir objetivos socialmente valorados –una mezcla variable de crecimiento, equidad y participación- sino de constituir medios de alguna eficacia para alcanzarlos. Me refiero a la ausencia de un pacto social que dispusiera el marco de reglas y controles institucionales dentro del cual los actores políticos (Estado), asociativos (sociedad civil) y mercantiles (sector privado), interactuando entre sí, buscarían sus intereses particulares sin por ello dañar los equilibrios básicos vinculados al interés general.

El enfoque neoinstitucional, dominante en las ciencias sociales al menos desde inicios de la década de 1990, ha dotado de rigurosidad y utilidad analítica a la presunción casi intuitiva acerca de la influencia que ejercen los marcos normativos sobre el comportamiento de los actores. No es cierto que, en la vida real, definamos nuestros intereses de manera clara y rigurosa ni, muchos menos, que los persigamos a través de las estrategias más adecuadas y eficaces. En realidad, nuestras acciones están mediadas por creencias, ideas o valores que no adquirimos por análisis racional sino por la socialización con nuestro entorno. Y este entorno está moldeado por normas que, formal o informalmente, restringen el ámbito de lo que puede considerarse conveniente, deseable o, incluso, posible. Son normas que delimitan los fines y modos de la interacción social por medio de sanciones o incentivos, dotando de alguna forma de orden y sentido la manera en que una sociedad define y busca sus objetivos. De este marco depende la calidad del juego social.

Inspeccion Precios JustosEn Venezuela, tras el estallido de la crisis de legitimidad y eficacia que afectó al proyecto modernizador, simbólicamente identificado con el viernes negro de 1983, hemos asistido a un proceso persistente y continuado de descomposición institucional, es decir, de destrucción de normas, acuerdos y arreglos. Los referentes de la democracia de partidos, la industrialización y la paz social, propios del proyecto modernizador, se habían sostenido sobre la distribución integrativa de la renta petrolera. La palpable brecha entre esta renta y las necesidades y demandas que ella debía satisfacer era evidencia no de una falla pasajera o superficial en el funcionamiento del sistema sino de su propia inviabilidad fiscal y, sobre todo, política. Sin embargo, la necesidad de replantear el pacto social bajo nuevas coordenadas no fue percibida en toda su magnitud por las élites nacionales, las cuales, ante la mengua de los recursos, reformularon el esquema distributivo en función de sus propios y particulares intereses.

El ascenso de Hugo Chávez y de su propuesta constituyente al poder puso fin a los ensayos reformistas que durante quince años intentaron infructuosamente renovar o relegitimar el sistema. Propuestas para la descentralización política, la incorporación de participación y rendición de cuentas en la gestión pública, la renovación de los partidos políticos, el saneamiento de las finanzas públicas, el incremento de la competitividad industrial, la apertura a las inversiones extranjeras en el sector petrolero o la incorporación de organizaciones sociales en la prestación de servicios, fallaron en constituirse y legitimarse como una genuina alternativa institucional al sistema en crisis; por el contrario, fueron rechazadas por responder a intereses de grupos o actores específicos.

Con esos antecedentes, la alternativa antisistema de Chávez no solo pudo ganar el apoyo popular sino que recibió un respaldo inédito para reconstruir las reglas del juego social. La ausencia de limitaciones institucionales, políticas y sociales le permitió rehacer el marco normativo en función de sus intereses particulares: la concentración de poder y la articulación de una hegemonía. Si bien antes de 1998 los intentos reformistas fracasaron por su incapacidad de alcanzar acuerdos suficientemente amplios y legítimos, la nueva legitimidad con la que se revistió el chavismo, al dotarlo de un poder casi hegemónico, le permitió imponerse por el conflicto y desestimuló la necesidad de cualquier forma de pacto.

Con el chavismo efectivamente cambiaron las reglas del juego, pero no para bien. La anulación de los controles institucionales, la destrucción de las instancias de debate y negociación sectoriales, el traslado de la confrontación política al terreno de la movilización electoral, sumado al ingente crecimiento del ingreso petrolero, estimularon una dinámica de gobierno distribuidor, irresponsable, sectario y clientelar. Al fracturarse cualquier sentido de interés general compartido y, por lo tanto, desactivarse los mecanismos para garantizarlo, el ámbito de lo público quedó sujeto al arbitrio pleno de los intereses particulares, proliferando la captura, la corrupción y los ilegalismos. La modificación antojadiza de normas y su aplicación selectiva, así como la partidización aún más intensa de la gestión pública, debilitaron profundamente la capacidad operativa del Estado, tanto en términos de su control territorial –barrios o cárceles “liberados”- como organizativo –empresas u organismos estatales plenamente autónomos e inauditables-.

Colectivos VenezuelaEl juego social adquirió así, progresivamente, los rasgos de una pelea “vale todo”, en la que las instituciones formalmente establecidas para garantizar el interés general –evitando, por ejemplo, la impresión inorgánica de moneda nacional- han sido despojadas de cualquier capacidad coactiva y en la que, por lo tanto, las interacciones han quedado libradas al arbitrio del más fuerte o el más inescrupuloso. Superar esta situación pasa por reintroducir instituciones colectivas y hacerlas valer en la dinámica política, los intercambios económicos y la convivencia social. Esto involucra dos tareas fundamentales pero muy complejas: lograr acuerdos sobre las normas generales y disponer medios para hacerlas cumplir. Se trata de conciliar efectivamente acuerdos (colectivos) y poder (institucionalizado): si algo ha quedado demostrado en la historia reciente es que el uno sin el otro conduce invariablemente al desastre.

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