Golpe al pueblo

Daniel Fermín Álvarez – 12 de febrero de 2016

7 > 7 millones. Esa es la cuenta que saca el Tribunal Supremo de Justicia al pasarle por encima a la Constitución y a la voluntad popular. Los siete magistrados de la Sala Constitucional, entre los cuales hay al menos un personaje que fue, hasta ayer, funcionario del gobierno y ficha clave del partido oficial, decidieron sentenciar la vigencia del Decreto de Emergencia Económica que había sido negado por la Asamblea Nacional. Con esta medida queda demostrada, una vez más, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y la ausencia absoluta de separación de poderes.

Violan la Constitución y desoyen al pueblo. En realidad podríamos decir que el absurdo no se limita a decir que 7 es mayor a más de 7 millones, sino que los 7 votos de la sala que se ha querido erigir como traductora oficial de la Carta Magna valen más que los más de 13 millones y medio de venezolanos que expresaron su soberanía mediante el sufragio universal, directo y secreto el pasado 6 de diciembre.

No se trata del Decreto. Con eso el gobierno no solucionará nada. No lo hicieron con Habilitantes, ni con el petróleo a más de $100. Tampoco lo harán ahora, porque se han mostrado absolutamente incapaces de resolver la situación. ¿De qué trata, entonces? De la concentración de poder, de demostrar “quién manda”, de mostrarle el colmillo, nuevamente, al andamiaje democrático que tanto les incomoda. Ustedes ganaron pero nosotros gobernamos. Juegan con candela y, en su peligrosísima miopía política, sobrevenida a causa de la prepotencia y la ambición de poder, se equivocan…

Esta marca nuestra Edición Nº 100, y no podíamos dejar de celebrarla de manera especial. En ese sentido, traemos hoy un extraordinario trabajo realizado por el abogado y profesor universitario Daniel Pérez Pereda. Se trata de una entrevista realizada a Francisco Javier Pérez, destacadísimo miembro de la comunidad ucabista, recientemente nombrado Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El tema es especialmente pertinente: El uso del lenguaje en el discurso político. Lo recomendamos de manera especial a todos nuestros lectores.

En la Carta del Director, Benigno Alarcón es muy claro: la crisis no tiene solución bajo este modelo y no hay posibilidad de cambio de modelo con este gobierno. ¿La alternativa para la oposición democrática? Retomar la batalla en el terreno político.

El profesor Alarcón también nos trae esta semana, en su columna El Faro, la segunda parte de su artículo “¿Es posible para la oposición lograr un cambio de gobierno?”. En esta oportunidad, el autor desarrolla las cinco variables sobre democratización que pueden incidir en la viabilidad de una transición en Venezuela.

En Debate Ciudadano, Carlos Romero nos presenta un excelente artículo, titulado “Tres décadas entre cambios, reformas y transformaciones”. Romero analiza la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en los años 80 del siglo pasado y analiza el rol del parlamento como potencial impulso o piedra de tranca a las reformas necesarias.

En el Espacio Plural, traemos dos artículos dedicados a lo institucional como elemento clave no sólo en el diagnóstico sino también en las propuestas de soluciones para el problema venezolano. Carlos Miguel Rodrigues escribe “Se vale todo: la dimensión institucional de la crisis venezolana” y José Bucete nos trae “La importancia de re-institucionalizarnos”.

En el marco del Proyecto Integridad Electoral Venezuela, presentamos el Reporte Especial Nº 25, que aborda un balance de este proyecto bandera del Centro de Estudios Políticos y abre el debate para las reformas impostergables en nuestra legislación electoral.

Finalmente, en Recomendados presentamos el apartado sobre Seguridad Personal de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborado por Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel, y que da cuenta de una pérdida considerable de calidad de vida a causa de los estragos de la violencia.

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia representa un golpe. No sólo contra la Asamblea Nacional. Es fundamentalmente un golpe al pueblo, a su mandato, a su voluntad. Irónico que en la lógica de la autodenominada democracia participativa y protagónica, más valen los votos de siete incondicionales que los de casi catorce millones que votaron, de los cuales más de siete millones y medio son críticos inequívocos del gobierno al que el Tribunal procede hoy a otorgar un espaldarazo.

En nada contribuye esta sentencia chapucera al clima de crispación política y social que vive el país. Se equivocan, juegan con candela, dijimos. El pueblo no está para soportar tretas leguleyas que buscan desesperadamente ayudar al gobierno a aferrarse al poder que hoy la voluntad ciudadana les niega. Los venezolanos queremos soluciones, respuestas y reglas claras para salir de la crisis. Si el gobierno no es capaz, y no lo es, de proveerlas, entonces la salida a la crisis pasará por la salida del gobierno. Obstaculizar las iniciativas populares, legales y constitucionales mediante un bloqueo de las instituciones controladas por el gobierno y su partido no haría más que echarle gasolina al fuego y acelerar su propia descomposición.

El gobierno no pudo con el país. De espaldas a la gente, desconoce su voluntad. A través del TSJ adelanta un golpe al pueblo. Con la gente en contra, se refugian en sus camarillas, en un ejercicio burdo de supervivencia y mantenimiento de los privilegios que les da el poder. Les saldrá el tiro por la culata. Quienes insistan en lanzar atajos salvavidas ilegales a un gobierno que hace aguas, harán aguas con él.