Héctor Hurtado Grooscors – 1 de abril de 2016

En los últimos años hemos venido trabajando en una perspectiva que busca explicar la pérdida de popularidad y apoyo electoral del chavismo, la cual apunta al crecimiento del rechazo social hacia el gobierno debido a una gestión que ha demostrado su incapacidad para resolver problemáticas sensibles para grupos sociales de diversas condiciones socioeconómicas e ideologías políticas, destacando entre ellas: inseguridad, violencia homicida e impunidad, la inflación y el costo de la vida, el reclamos de derechos laborales, las denuncias de hechos de corrupción a lo largo del aparato de Estado, entre otras .

Estas situaciones problemáticas han venido operando bajo la lógica de un significante vacío, coadyuvando así a la construcción de una cadena de equivalencias que, a pesar de la variedad de intereses y posturas de los grupos que las representan, tienen en común la articulación de un discurso que resalta la necesidad de producir un cambio en la gestión de gobierno, o incluso un cambio de gobierno. Bajo esta línea argumentativa, cobran sentido los resultados de la última encuesta de Datanálisis, presentados en la prensa nacional el 26/03/2016 a partir de una consulta realizada a adultos de un millar de hogares entre el 18 y 27 de febrero. Según los mismos, 63,4% de los encuestados evalúa negativamente la gestión del presidente Maduro. 90,9% consideran la situación económica actual del país como negativa. A su vez, 63,6% de las personas encuestadas afirma que Maduro debería dejar el poder antes de concluir el 2016 o ser destituido a través de un referendo .
Este panorama brinda elementos explicativos que permiten entender los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, donde la coalición de partidos de oposición agrupadas en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzó los 2/3 de escaños en la Asamblea Nacional. Con un total de 7.707.422 votos (56,2%) la MUD logró 112 diputados (67%), mientras el chavismo obtuvo 5.599.025 votos (40,8%) para un total de 55 diputados (32,93%). Si tomamos en consideración los votos de la última elección presidencial de 2013, donde las fuerzas opositoras obtuvieron 7.363.980, en estas elecciones la oposición logró aumentar en 343.434 votos. Por su parte, el chavismo que había obtenido 7.587.579 vio reducido su apoyo electoral en 1.988.554 votos.

No cabe duda de que existe un descontento generalizado hacia la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, reflejada en los resultados electorales de las pasadas elecciones y en los estudios de opinión que han venido realizado importantes encuestadoras en los últimos meses. La tarea que se le presenta a las fuerzas políticas de la MUD, en especial a su representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, debe centrarse en dos objetivos que pueden considerarse complementarios: por un lado, impulsar una agenda legislativa que apunte a resolver la profunda crisis económica que atraviesa el país, en otras palabras, una estrategia que permita canalizar el descontento social capitalizado en las elecciones del 6D; por el otro, definir el mecanismo constitucional más conveniente para promover la transición política que la mayoría de la población exige.

Para cumplir con el primer objetivo, la bancada de la oposición ha presentado importantes proyectos que buscan dar respuesta a las demandas que han venido articulando distintos sectores y grupos de la sociedad venezolana n el primer periodo legislativo de 2016. Destacan entre ellos la “Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública”, el “Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional”, el “Proyecto de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados”, el “Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, el “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, entre otros .

Según resultados de otro estudio realizado por Datanálisis, las leyes presentadas por la fracción parlamentaria opositora cuentan con un amplio respaldo de la población. De los proyectos de Ley presentados en este periodo legislativo, el que cuenta con mayor apoyo es el “Proyecto de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados” con el 87,5% de los consultados, seguido del “Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional” con un 85,1%. Por su parte, el “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, quizás la propuesta que ha generado mayor debate y polémica desde que fuese presentada en las primeras semanas de enero, es la que cuenta con menor apoyo con 69,5% .

Las fuerzas políticas de la oposición están tomando en consideración las demandas sociales que diversos actores sociales han posicionado en el espacio público en los últimos años, a la vez que buscan impulsar un cambio en la forma de hacer política en el país. El impulso de leyes como la de Producción Nacional, que aspira a reactivar el aparato productivo y fortalecer el empresariado nacional como opción para solventar la crisis económica que atraviesa el país, o la que otorga la titularidad de las viviendas a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, apunta a romper con la lógica de subordinación y clientelismo mediante la cual el gobierno nacional ha concebido los programas sociales. Lo que se busca es la promoción de la autonomía de la ciudadanía en general, pero sobre todo, la de los sectores más vulnerables.

Queda por ver cómo se desarrolla la agenda legislativa de aquí en adelante, la implementación de las nuevas leyes una vez promulgadas, así como la definición del mecanismo constitucional más idóneo para promover una transición pacífica y democrática en el país. Por lo pronto, el foco debe centrarse en una agenda legislativa que aspire a resolver la crisis económica y social, así como a recuperar la institucionalidad democrática, deteriorada por 17 años de gobierno chavista.