Carlos Carrasco – 23 de junio de 2016

Mientras los actores políticos definen los acuerdos o desacuerdos respecto a las directrices del país, existe una mayoritaria población de venezolanos que sufre la carencia de alimentos y medicinas, que padece del agotamiento de las instituciones por la corrupción, que es víctima diaria de la violencia y la muerte. En este contexto, la sociedad civil tiene un deber fundamental ante la crisis que atraviesa Venezuela: La reconstrucción moral y cívica del país.

Para llegar a esto, las sociedades intermedias representadas en grupos empresariales, asociaciones gremiales, colegios profesionales, iglesias, sindicatos, centros estudiantiles, grupos de consumidores y organizaciones no gubernamentales deben unirse en un frente común.

Este frente común puede oxigenar la opinión pública nacional, generando propuestas viables para el desarrollo del país. De esta forma, los discursos políticos carentes de contenidos, que solo buscan polarizar, no triunfarán. Además, la ciudadanía necesita argumentos para desarrollar una esperanza que le permita superar el letargo y avanzar hacia un futuro mejor.

Indudablemente, esto no es una tarea fácil, se puede caer en discusiones ideológicas sobre cuáles son las mejores propuestas para Venezuela. No obstante, el tiempo apremia en función de la búsqueda de acuerdos sociales. Si se comparten premisas fundamentales como la democracia, la libertad y la justicia social, se puede sentar las bases de un gran acuerdo nacional o un nuevo pacto social.

Para ciertos políticos, la simple conjunción de la palabra pacto, implica una traición hacia el “Pueblo”. Al recordar nuestra historia, no se puede negar que el “Pacto de Punto Fijo” fue un acuerdo entre las elites políticas del momento, donde estuvieron ausentes otros actores sociales. Sin embargo, este acuerdo se respetó y fue representativo durante 40 años.

Tomando como referencia las buenas prácticas de ese momento histórico en Venezuela, en combinación con el contexto actual y la evolución de la democracia, se debe plantear un nuevo pacto, esta vez con la representación de toda la sociedad civil y no solo de los partidos políticos. Esto garantizará cierta estabilidad y continuidad en una nueva apertura democrática.

Esta sugerencia planteada no es nueva. Muchas son las voces desde los partidos políticos de oposición y miembros de la sociedad civil que exigen esta alianza. La verdadera incógnita es ¿Quién da el primer paso? ¿Quién se atreve a convocar? ¿Quién está dispuesto a dejar la estigmatización impuesta a las sociedades intermedias?

Ante estas interrogantes, una buena ventana donde se puede consultar es la Guatemala de 2015, donde la sociedad civil, a través de grupos cristianos, estudiantes universitarios, grupos de campesinos y organizaciones sociales, se articularon, logrando una presión social que generó la dimisión del presidente Otto Pérez Molina y el cambio del status quo.

La diferencia entre Guatemala y Venezuela es que no solo se necesita la salida de un funcionario público, se necesita un cambio en el sistema político, para renovar las instituciones democráticas, mejorar la economía del país y generar progresivamente un mayor grado de bienestar en la ciudadanía.

Para materializar ese cambio, se necesita de una legitimidad, que solo es posible de alcanzar con una articulación entre distintos actores sociales y una propuesta de valor. La responsabilidad hoy está la sociedad, ya que al final las acciones políticas son reflejos del sentir de la ciudadanía en los espacios de poder.