Opinión y análisis

La Nueva Agenda Urbana y la restitución del orden constitucional

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Carlos Romero Mendoza –  27 de enero de 2017

Nuestras ciudades lucen tristes, sus calles y espacios públicos están vacíos y arropados por la oscuridad. Hagamos un esfuerzo e intentemos mirar el rostro de nuestras ciudades, buscar entre sus calles y aceras, entre sus edificios y casas, lo que pudiéramos llamar el “espíritu de ciudad”, que no es otra cosa que aquella característica que la hace diferente a las demás.

En estos momentos de crisis, no parece fácil abrir un espacio para reflexionar sobre la ciudad que queremos. El anuncio de las elecciones municipales para finales de este año 2017 representa una oportunidad valiosa para impulsar el rescate de nuestras ciudades, para hacerlas promotoras del desarrollo y desde ellas reivindicar el papel del Poder Público Municipal.

Plantearnos como sociedad una visión compartida de ciudad alimentaría la pasión y la razón, para defender nuestro derecho a elegir a las autoridades municipales de manera oportuna y en consecuencia, asumir un mayor compromiso con la defensa del voto como instrumento útil para impulsar los cambios políticos que el país reclama.

30372921431_7e858ec1d6_kLa Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III, en Quito el año 2016, es una hoja de ruta global de gran valor político para orientar el debate sobre esa ciudad ideal que todos aspiramos.  Su contenido se presenta como una oportunidad para rescatar elementos que contribuyan a restaurar niveles óptimos y básicos de cohesión social desde lo urbano.

En tal sentido y buscando en la ciudad ideal que se propuso en Hábitat III elementos para la reflexión individual y colectiva, sería oportuno preguntarnos:

  1. ¿Nuestras ciudades garantizan espacios para la integración adecuada entre los vecinos, haciéndoles sentir el respeto por sus libertades fundamentales?
  2. ¿Pueden nuestras ciudades garantizar el derecho a la vivienda adecuada, al acceso universal al agua potable y saneamiento, a los bienes y servicios de calidad en materia de seguridad alimentaria y nutrición, salud, educación, movilidad, etc.?
  3. ¿Nuestras ciudades facilitan la participación y colaboración cívica, y se ocupan por garantizar espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles y de calidad, que permitan el encuentro ciudadano para abordar temas culturales, deportivos o de debate político sobre asuntos públicos?
  4. ¿Están nuestras ciudades en capacidad de impulsar y promover el desarrollo urbano y territorial equilibrado y sostenible?
  5. ¿Existe un esfuerzo de nuestras ciudades por identificar sus potenciales y abordar la prosperidad y calidad de vida a través del compromiso con un crecimiento económico, inclusivo y sostenible?
  6. ¿Cómo nuestras ciudades abordan la planificación urbana, el manejo de los riesgos y los desafíos que supone el cambio climático?

Estas inquietudes responden a la propuesta de ciudad ideal que propone la Nueva Agenda Urbana, y sus contenidos están íntimamente relacionados con nuestra dinámica diaria y nuestras aspiraciones como ciudadanos y habitantes. Entonces, ¿A quién le corresponde dar respuestas a todas estas inquietudes?

No olvidemos que así como el Tribunal Supremo de Justicia, de manera grotesca, manipula el derecho para intentar inhabilitar la expresión del pueblo soberano representado en la Asamblea Nacional, en su momento, el gobierno del expresidente Hugo Chávez manipuló la función legislativa de la Asamblea Nacional con la intención de anular a los gobiernos municipales.

Tampoco olvidemos que en estos largos años el gobierno central, desconociendo e ignorando la voluntad del pueblo, intentó evitar las elecciones municipales previstas en el 2009 y sólo pudo posponerla hasta diciembre 2013. Recordemos que como política de estado, el gobierno  ha venido arrebatando competencias al Municipio  y además, insiste en asfixiar económicamente a los gobiernos municipales.

Con las elecciones Municipales de 2013 se rescató al Municipio como actor político, la oportunidad de las elecciones municipales, anunciadas para finales del 2017, tiene que complementar esa tarea del 2013, reivindicando al Municipio como actor del desarrollo y, a tal fin, la Nueva Agenda Urbana resulta una extraordinaria fuente para darle contenido a ese proceso electoral y situarlo como una acción cívica, política y electoral para la restitución del orden constitucional y la defensa de la democracia.

fb_74811386198052El Plan de la Patria 2013-2019 expresamente reconoce que el desarrollo urbano y rural de nuestras ciudades es absoluta responsabilidad del Gobierno Central, en consecuencia, la hoja de ruta del propio Socialismo del Siglo XXI, identifica quién es el responsable del rostro triste, solitario y oscuro de nuestras ciudades, olvidadas y alejadas de las rutas hacia el desarrollo, y además, autoexcluidas del debate de los temas globales de interés local.

El esfuerzo de dibujar nuestra ciudad ideal puede ser una oportunidad para lograr construir un Pacto Social para la restitución de la democracia desde lo local, en cuyo contenido, deberían registrarse acuerdos básicos y acciones concretas que a través de un Plan Municipal de Desarrollo, se diseñe la ruta institucional para rescatar a nuestras ciudades y desde ellas reencontrarnos con la democracia.

No permitamos que nos arrebaten esas elecciones locales.

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