Foto: Prensa Presidencial

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Guido Revete  –  7 de julio de 2017

Carlos Andrés Pérez (CAP), en su primer gobierno, intentó infructuosamente implantar un pacto populista. Una conciliación de clases donde los sectores desposeídos pudiesen tener algún acceso a la renta a través del consumo, sin afectar el proceso de acumulación de la burguesía emergente de su gobierno.

Para ello exigió al Congreso Nacional que le concediese una habilitante económica, justificándose en una “razón de Estado” por una coyuntura económica especial, que no podía seguirse aletargando en procesos burocráticos del parlamento. Desde la visión de la economía política, pudiésemos argumentar que en su oportunidad, CAP fue presionado por los factores económicos de poder, quienes justificándose en la necesidad nacional de las medidas a favor de todos los venezolanos, vieron la oportunidad de anteponer sus intereses de clase en aquellos decretos.

Foto: Ideas de Babel

Así la historia demuestra como la acción reformista de CAP terminó estimulando de manera vigorosa la acumulación de capitales de la burguesía emergente por un lado, mientras por el otro intento satisfacer las necesidades de la población por la vía rentista del incentivo al consumo.

Nicolás Maduro, en su ejercicio funambulesco del poder, ha intentado durante los últimos años de gobernar por vía habilitante, de emergencia y de excepción los conflictos inherentes a la disputa por la renta en su notorio achicamiento tras la caída de los precios internacionales del petróleo.

Al igual que las medidas económicas de CAP, las de Maduro por compromiso u omisión también representan los intereses de una burguesía emergente que se ha engendrado en el gobierno. Sin embargo, estos nuevos actores de poder, jóvenes civiles por un lado y una fuerte aristocracia militar por el otro, son completamente avasallantes en su ejercicio dilapidario de la captación de la renta petrolera y se encuentran realmente indispuestos en el escenario de contracción económica, a generar cualquier pacto de carácter asistencialista o incluso productivo hacía la población, que implique ver reducida su acumulación de capitales.

La manera grosera en la que se ejerce tal ejercicio de bandidaje, no puede sostenerse ya únicamente por la vía habilitante en detrimento del Poder Legislativo como ha ocurrido históricamente en el país, sino que se requiere abatir el Estado de derecho conocido y la formación republicana establecida.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en los términos planteados por el Ejecutivo y en rotunda negación de la posibilidad de ser aprobada por el pueblo, que en última instancia es donde radica el Poder Originario, no devendrá en un nuevo pacto social, sino en un nuevo pacto de elites.

Toda burguesía emergente, de claros signos parasitarios, ha demostrado que tiende a identificar sus intereses como si fuesen los intereses nacionales, así, siendo una parte de la población, reclaman la hegemonía de toda la población misma, de manera simbólica en el ejercicio del poder y de manera material en la captación de la renta petrolera. No obstante, este nuevo grupo rentista al que nos enfrentamos, ha llevado estos objetivos a un nivel superior: la creación de un ente suprasocial y supraestatal que les permita realizar de facto el ejercicio de esta hegemonía.

Ante la imposibilidad de mantener el pacto social, han preferido destruirlo. Y con ello, el Estado que tenía que garantizarlo.