Opinión y análisis

La descentralización y la defensa de la democracia

Foto: Reuters.

Carlos Romero Mendoza

14 de octubre de 2017

La ruptura del orden constitucional y democrático del país impide que la elección del 15 de octubre de 2017 tenga como centro de su oferta y campaña electoral el mejoramiento del diseño Federal de Estado y la promoción de la descentralización como herramienta para la profundización de la democracia, en el marco de un política nacional como lo establece la Constitución vigente.

Si estas elecciones se realizaran en condiciones normales, por ejemplo, la sociedad civil del estado Aragua podría estar debatiendo de manera abierta, plural y respetuosa, una propuesta de descentralización política y administrativa del Poder Judicial, respaldada por la Constitución del Estado Aragua, en coherencia absoluta con el artículo 269 de la Constitución Nacional.

Cuando en el Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, candidato a gobernador se compromete a defender la descentralización desde la Gobernación del Zulia, está reivindicando su compromiso con la Constitución del Estado Zulia, en cuyo contenido expresamente se reconoce como un mandato la consolidación de la descentralización.

Precisamente, la Constitución del Estado Zulia para complementar ese mandato, delegó en el Consejo Legislativo Regional la tarea de promover vía iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional la profundización de la descentralización de competencias y servicios del gobierno central hacia el estado Zulia y sus Municipios.

Otras dos constituciones estadales, específicamente la del Estado Aragua y la del Estado Táchira, reconocen que los gobernadores y los consejos legislativos regionales son actores y facilitadores políticos en la promoción de la descentralización como política nacional.

No cabe duda que en el diseño institucional del orden constitucional y democrático aún vigente, los gobernadores y legisladores regionales son actores efectivos del proceso político de profundización de la democracia a través de la descentralización y de mejoramiento permanente del modelo federal de Estado.

“Con la descentralización nos estamos jugando la democracia”, dijo en enero 1994 Allan Brewer-Carías, en su mensaje como Ministro de Estado para la Descentralización al Congreso de la República de Venezuela. Dos décadas después, esa frase cobra especial relevancia en la reflexión ciudadana sobre las elecciones regionales y en el reclamo que debe hacerse para lograr completar la elección regional con la renovación de los consejos legislativos regionales, sin olvidar las elecciones municipales.

En este sentido, es oportuno destacar que el artículo 2 de la Ley de Regularización de los períodos constitucionales y legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada el 23 de diciembre del año 2010, mediante Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.013, exige expresamente que las elecciones de gobernadores y legisladores regionales se hagan de manera conjunta.

El CNE, excusándose en una solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ilegítima e inconstitucional[1], decidió ignorar y violentar ese artículo 2 de la Ley citada en el párrafo anterior, reprogramando las elecciones regionales al 15 de octubre de 2017.

Qué diferencia tan clara la respuesta del CNE a la solicitud de la ANC sobre las regionales, y la que en su momento dió al pueblo soberano en ocasión de la solicitud del referendo revocatorio, luego del proceso de expresión de voluntad del 1% por entidad federal.

Con esa decisión de reprogramar la elección y violentar la Ley, Tibisay Lucena, en su condición de Presidenta del CNE, concreta en la práctica, la subordinación del Poder Electoral ante la ilegítima e inconstitucional ANC, tal y como expresamente lo señala la propia ANC en el supuesto Decreto mediante el cual reprogramó las elecciones regionales.

Hay que advertir que a lo largo de estos meses los Poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, con la excusa de ser ratificados por la ilegítima e inconstitucional ANC, han expresado su voluntad de subordinarse a esa Asamblea del PSUV y, en consecuencia, se ha profundizado la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Con estas elecciones regionales los gobernadores deben asumir, en el marco de un espíritu democrático, el desafío de impulsar la descentralización como proceso político y como un elemento más del cambio político, rescatando así las palabras con las cuales, en 1994, el entonces ministro Brewer Carías describió el proceso descentralizador que se desarrolló en aquellos tiempos.

Todos sabemos que la estrategia electoral es necesaria pero no suficiente. La defensa de la descentralización y la reivindicación del modelo federal de Estado reclama que la sociedad civil también se comprometa en su defensa con la misma energía, pasión y disciplina con la que se asume los procesos electorales y la defensa de los derechos electorales, sin descuidar el ámbito electoral y social.

Sin duda alguna, la elección de nuevos gobernadores incorporará nuevos facilitadores políticos a un proceso que persigue la restitución del orden constitucional y democrático del país.

En tal sentido, y en el marco de los primeros 100 días de gestión, los gobernadores electos por la Unidad podrían tomar la iniciativa de incorporar a los alcaldes, concejales en funciones y a legisladores regionales de la Unidad, para presentar al país y a sus electores un Pacto Federal por la defensa y restitución de la descentralización y la democracia.

Ese pacto vendría a complementar el Acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional en Defensa de la Descentralización el 7 julio de 2016. Deberían ambos documentos servir para consolidar una hoja de ruta que impulse un gran debate nacional, que contribuya con la necesidad de retomar con disciplina el 333 y 350 de la Constitución a los fines de restituir la vigencia de la Constitución y del orden democrático.

Pareciera oportuno y útil, a los fines de encontrar un elemento de cohesión de la sociedad venezolana, que los gobernadores asumieran la facilitación de un proceso de diálogo, negociación y construcción de consensos sobre el proceso de descentralización, para lograr desde cada entidad federal, una propuesta concreta, viable y sólida de descentralización, que complemente las ideas y propuestas para un gran Proyecto de País que logre sustituir definitivamente el Plan de la Patría 2013-2019.

Un Pacto Federal en Defensa de la Descentralización y de la Democracia podría contribuir a lograr un mayor nivel de cohesión en la sociedad civil, que fortalezca el espíritu unitario,  en esta etapa en la cual el espíritu democrático debe fortalecerse para recorrer el camino de obstáculos que debemos recorrer hasta lograr el cambio político que el país reclama.

Es el momento de que las constituciones estadales abandonen los estantes y recuperen un espacio efectivo, para a través de ellas, intentar comprender mejor el valor de la federación. Pero además, es oportuno y urgente que asumamos la descentralización como el principio constitucional sobre el cual edificar la propuesta de país alternativa, viable, para restituir el orden democrático.

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