El Centro de Estudios Políticos e IDEA Internacional ante al adelanto de la convocatoria a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente

El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) y El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA, fundado en 1995, y siendo miembros de esta organización gobiernos de los cinco continentes) en el marco de la cooperación existente entre ambas instituciones, observamos con profunda preocupación la convocatoria a elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 23 de enero del año en curso.

Así mismo, no compartimos las declaraciones hechas por el canciller Jorge Arreaza, en entrevista al diario La Tercera de Chile, el 24 de enero de 2018, en la que se señala: “De manera que yo reto a cualquier a que demuestre que el sistema electoral venezolano no es el más seguro de América Latina y el Caribe y muy probablemente del mundo. Va a ser imposible hacerlo”. En este sentido, le recordamos al canciller Arreaza que el sistema electoral venezolano es más que el hardware y software utilizado en el día de la votación, sino el ciclo completo que abarca desde la elaboración de las leyes y nombramiento de las autoridades electorales hasta las auditorías postelectorales. La mayoría de las fases del ciclo electoral presentan deficiencias importantes en términos de integridad electoral. También, le queremos recordar al Canciller que no han existido misiones de observación electoral internacional calificadas que puedan respaldar sus afirmaciones y que, en las elecciones realizadas durante 2017, las organizaciones de observación electoral nacionales han denunciado graves fallas en lo relativo al funcionamiento del sistema electoral venezolano.

En este mismo orden de ideas, queremos recordar que en 2015, en el marco de las elecciones parlamentarias, el Centro de Estudios Políticos de la UCAB e IDEA Internacional realizamos, conjuntamente, una misión de estudio de las condiciones electorales en las que hallamos importantes déficits en lo referente a la integridad de las elecciones en Venezuela. Entre los que destacan: la permisividad del CNE en el uso de recursos públicos para fines electorales, la inequidad en la aplicación de la normativa electoral, manipulación en los procedimientos de votación, inequidad en el acceso a los medios de comunicación. Más recientemente, en la elección para seleccionar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, la empresa encargada de administrar el software de las máquinas de votación, Smartmatic,  señaló que los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral no eran confiables. De la misma manera, en las elecciones regionales y locales, se observaron nuevas irregularidades, como la manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación del actas de votación, tal como ocurrió en la elección del estado Bolívar.

Queremos insistir que elecciones con integridad refiere a “elecciones basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral” (Informe de la Comisión Global, sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, publicado por IDEA Internacional y la Fundación Kofi Annan, 2012). En el pasado reciente, los procesos electorales en Venezuela no han sido administrados de manera justa, imparcial y trasparente, situación que ha empeorado de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Es por tal motivo que:

1. Rechazamos que la convocatoria a las elecciones presidenciales en Venezuela emane de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual carece de competencia para convocar elecciones. En este sentido, una convocatoria que mantenga las condiciones actuales podría considerarse como no competitiva. Al día de hoy, la fecha precisa de dicha elección no se conoce, tampoco el cronograma de las actividades conducentes a dicha elección.
2. Consideramos que la manipulación en la convocatoria a elecciones, la opacidad en los procedimientos y lapsos de cada una de las fases necesarias para la celebración de una elección, la ilegalización de partidos, la inhabilitación de líderes políticos y el rechazo sistemático a la observación electoral nacional e internacional calificada e independiente, constituyen restricciones muy graves para la integridad de cualquier elección.
3. Consideramos igualmente grave la sistemática injerencia del Tribunal Supremo de Justicia en los procesos electorales venezolanos, institución que hace pocos días tomó la decisión de impedir el uso de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones presidenciales. Este fallo del Poder Judicial se suma a un conjunto de decisiones cuyo único propósito es favorecer al partido del Gobierno; tal como lo demuestra la anulación de la elección de los diputados del estado Amazonas, el 29 de diciembre de 2015, sin a que a esta fecha haya habido resolución de ese caso y dejando a dicha entidad sin representación política en el Parlamento. También, la decisión de tribunales subalternos de suspender la recolección de manifestaciones de voluntad para la convocatoria al referéndum revocatorio del mandato presidencial en 2016, entre otros.
4. Debido a lo anterior, creemos que el proceso electoral conducente a elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre no cumpliría con las garantías mínimas de unas elecciones limpias, justas y transparentes para que la misma sea considerada una elección democrática; lo que representaría un importante obstáculo para la legitimidad y reconocimiento tanto para la comunidad nacional como internacional.
5. Es por lo anteriormente expuesto que consideramos urge una renovación de las autoridades electorales por parte de la Asamblea Nacional; siguiendo los criterios de imparcialidad y neutralidad establecidos en la Constitución y leyes electorales vigentes. Por lo tanto, es necesario una revisión profunda de los procedimientos electorales actuales, una auditoría al Registro Electoral, la apertura del mismo a los cientos de miles de venezolanos que han emigrado del país, la eliminación de mecanismos de supervisión del voto dentro y fuera de los centros de votación, así como el establecimiento de un sistema de votación que impida las prácticas perversas que tergiversan, coaccionan o cambian la voluntad de los votantes; tal como ocurrió en las elecciones de los miembros de la ANC, las elecciones de gobernadores y de alcaldes en 2017.

En este sentido, hacemos nuestras las palabras expresadas por los cancilleres del Grupo de Lima del 23 de enero de 2018, que dice: “Rechazamos la decisión del Gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales. Y exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que correspondan, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”.

Finalmente, hacemos un llamado a que se respeten las condiciones de integridad electoral mínimas para la celebración de elecciones competitivas en Venezuela. Solicitamos, tanto al CNE como al Canciller de la República, que nos ofrezcan la oportunidad de conformar un equipo de expertos nacionales e internacionales para auditar y analizar el sistema electoral venezolano.

28 de enero de 2018

The Center for Political Studies and International IDEA in response to the National Constituent Assembly’s call for elections

We, the Center for Political Studies at Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA, an organization founded in 1995 whose members include governments from all five continents), within a framework of cooperation between the two institutions, view with great concern the call issued by the National Constituent Assembly (ANC) on January 23^rd this year to the National Electoral Council (CNE) for presidential elections to be held during the first four months of this year.

Moreover, we do not agree with the statements made by Minister of Foreign Affairs Jorge Arreaza during an interview with the Chilean daily La Tercera, on January 24, 2018, during which he stated: “Therefore, I challenge anyone to prove that the Venezuelan electoral system is not the most secure system in Latin America and the Caribbean and probably in the world. It will be impossible to do so.” In this regard, we wish to remind Minister Arreaza that the Venezuelan electoral system consists of more that the hardware and software used on election day; it is the entire cycle, one that begins with the drafting of laws and the appointment of the electoral authorities and continues through the post-election audits. Major shortcomings are to be found in most of the stages in the election cycle insofar as electoral integrity is concerned.  We would also like to remind the Foreign Minister that there have been no qualified international electoral observation missions that could back his statements and that, in the case of elections held in 2017, local electoral observation organizations have reported serious flaws in the workings of the Venezuela electoral system.

In this same vein, we wish to point out that in 2015, as part of the parliamentary election process, we at the UCAB Center for Political Studies and International IDEA carried out a joint mission to study the conditions of the elections, finding serious shortcomings in the case of the integrity of elections in Venezuela. Most noteworthy among them:  the permissiveness of the CNE in allowing the use of government resources for electoral purposes; the lack of fairness when enforcing election rules; manipulation of the voting procedures; lack of fairness for access to the media. More recently, during the election held to choose the members of the National Constituent Assembly, the company in charge of managing the software for the voting machines, Smartmatic, stated that the results announced by the National Electoral Council were not reliable. Moreover, during the elections for governors and mayors, further irregularities were found, such as manipulation of the timetable for election activities; massive migration of voters only hours before the election; elimination of the use of indelible ink as a means for preventing repeat voting; and manipulation of the vote-count records, as occurred in the case of the election in the State of Bolivar.

We must stress that election with integrity means “any election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration throughout the electoral cycle” (Report by the Global Commission on Elections, Democracy and Security, published by International IDEA and the Kofi Annan Foundation, 2012). In the recent past, electoral processes in Venezuela have not been managed in a fair, impartial and transparent manner, a situation that has deteriorated in the case of the upcoming presidential elections in 2018. It is for this reason that we:

1. Reject that the call for presidential elections in Venezuela be made by the National Constituent Assembly, a body that lacks the authority to call elections. In this regard, elections held under the current conditions would be considered non-competitive. Up to now, there is no information concerning the exact date of the election or the timetable of activities leading up to the election.
2. Consider that the manipulation in the call to elections, the lack of information concerning the procedures and time frames for each of the stages involved in an election, the outlawing of political parties, the disqualification of political leaders, and the systematic refusal to allow qualified and independent national and international electoral observation seriously undermine the integrity of any election.
3. View with equally serious concern the systematic interference in electoral affairs by the Supreme Tribunal of Justice, an institution that just a few days ago reached the decision to prevent use of the Democratic Unity Roundtable (MUD) ballot option for the presidential elections. This decision by the Judicial Branch is yet another in a series of decisions aimed exclusively at favoring the governing party, a fact proven by the annulment of the election of the members of Congress for the State of Amazonas, on December 29, 2015, a case in which no decision has been handed down to date, depriving that state of its representation in parliament. This is in addition to the decision by subordinate courts to suspend the collection of the signatures needed to call for a recall referendum against the president in 2016, among other examples.
4. Believe, for the reasons described above, that an electoral process for a presidential election during the first third of the year would fail to meet the minimum guarantees of clean, fair and transparent elections required for it to be considered a democratic election, raising serious doubts concerning legitimacy and an impediment to recognition by both the local and the international communities.
5. Consider, given all the facts described above, that there is an urgent need for a renewal of the electoral authorities by the National Assembly, based on the criteria of impartiality and neutrality provided for in the Constitution and the electoral laws now in place. Therefore, what is needed is an in-depth review of current electoral procedures; an audit of the Electoral Roll; opening up registration for hundreds of thousands of Venezuelan who have left the country; the elimination of voter-supervision mechanisms both inside and outside polling centers; as well as the establishment of a voting system that prevents aberrant practices that distort, coerce or change the will of the voters, as occurred during the elections for the members of the ANC and for governors and mayors in 2017.

In this regard, we endorse the statement issued by the Foreign Ministers of the Lima Group on January 23, 2018, where they stated: “We reject the decision of the Venezuelan Government to call for presidential elections during the first third of this year. This decision makes it impossible for democratic, transparent and credible elections, in keeping with international standards, to be held. We demand that the call for presidential elections be issued far enough in advance, with the participation of all Venezuelan political actors and with all the appropriate guarantees, including the participation of independent international observers. Elections that fail to meet these conditions lack legitimacy and credibility.”

Lastly, we ask that the minimum conditions required for electoral integrity be honored in order for competitive elections to be held in Venezuela. We therefore ask both the CNE and the Foreign Minister of the Republic to offer us the opportunity to assemble a team of local and international experts to audit and analyze the Venezuelan electoral system.

January 28, 2018

Benigno Alarcón                                                                 Daniel Zovatto

Director del Centro de Estudios Políticos                           Director  de IDEA  International

de la Universidad Católica Andrés Bello                            para  América Latina y el Caribe