Tomada de https://www.diariolasamericas.com/

Carta del director

Ángel Oropeza 23.08.26

El inicio de una nueva mesa de trabajo entre la administración interina de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional electa en el año 2015,  ha reavivado la esperanza de una salida a la larga crisis que atraviesa el país. Bajo la tutela estratégica de los EEUU, los actores de esta iniciativa han prometido sentar las bases para la estabilidad y el restablecimiento institucional del país. Y eso constituye una razón de peso para saludar con beneplácito esta propuesta, apoyarla, y desear que ella tenga el éxito que la mayoría del país espera.

Sin embargo, en las calles venezolanas el sesgo de la expectativa está marcado por la desconfianza, y es que el peso de la historia es abrumador. Venezuela ha sido testigo de al menos diecisiete intentos de diálogo en más de dos décadas, y ninguno ha logrado desmontar el entramado autoritario que se ha consolidado durante los últimos 27 años. De hecho, la historia reciente demuestra que las mesas de negociación han sido pervertidas por el oficialismo, aprovechando la ausencia de una amenaza creíble que les obligara a negociar,  y convertidas en mecanismos de oxigenación política y dilación táctica, alejando el objetivo prioritario de la inmensa mayoría, que es alcanzar una transición ordenada, pronta y genuina hacia la democracia. 

Este nuevo proceso, descrito como la tercera fase de un plan diseñado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene ciertamente características muy particulares e inéditas que la diferencian de los ensayos anteriores. En primer lugar, la iniciativa fue diseñada no por las partes que se sientan en la Mesa, sino impuesta por un gobierno extranjero que ha asumido, luego de los sucesos del 3 de enero de este año, la tutela efectiva del país. Además, este mismo actor externo es el que ha fijado la agenda y las reglas de funcionamiento de esa mesa de trabajo. Otra diferencia clave es que no existe una instancia técnica o experta que sirva como facilitadora del proceso. Ni siquiera EEUU ha asumido un rol directo de facilitador o mediador entre las partes, una función esencial cuando se habla de negociaciones políticas. Y no actuará  como facilitador, porque se va a reservar el papel de juez y validador de los acuerdos que allí se discutan. En este sentido, los representantes de las dos asambleas nacionales –la actual y la electa en el 2015- no van a decidir nada. Sólo van a proponer. Quien al  final va a decidir si acepta lo que en la Mesa se acuerde, va a ser la administración estadounidense.

A pesar de estas condiciones inéditas que la diferencian de ensayos anteriores, este mecanismo inaugurado hace pocos días se enfrenta a riesgos profundos que podrían condenarlo al fracaso si no se atienden algunos elementos cruciales. Mencionemos brevemente sólo cuatro de los más importantes.

El primer peligro reside en el patrón histórico de estos procesos. Como se acaba de mencionar, la asimetría de poder entre un gobierno autoritario que controla todas las instituciones y una oposición sin mayor poder fáctico de disuasión, ha permitido al oficialismo utilizar las negociaciones como tácticas dilatorias. En el pasado, los diálogos sirvieron para ganar tiempo en medio de coyunturas críticas, dividir al adversario y aliviar la presión internacional sin ceder en lo fundamental, la reinstitucionalización del Estado. En esta ocasión, el riesgo se amplifica por la naturaleza de la transición que se vislumbra. 

En el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB  hemos advertido del peligro potencial de que se trate de imponer en la práctica una versión adulterada de una «transición» que se limite a un reacomodo de élites dentro del propio oficialismo, sustituyendo a los leales a Maduro por los cercanos a los hermanos Rodríguez, lo que se traduciría en una mutación del régimen en lugar de una democratización real. Si la arquitectura del poder autoritario – el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, los cuerpos represivos del Estado y la Fuerza Armada- se mantiene intacta, la transición a la democracia no será viable. La estabilización económica sin reformas institucionales profundas correrá el riesgo de sólo favorecer a los sectores autoritarios que sobrevivan al cambio.

Un segundo riesgo es que la instancia transmute en un proceso prolongado, opaco o sin resultados tangibles e inmediatos. Esto terminaría generando desesperanza, agotamiento y apatía en la población, desmovilizando la presión interna que sostiene la viabilidad de cualquier cambio político.

Un tercer riesgo deriva de uno de los desaciertos conceptuales en el debate político venezolano, que ha sido asimilar “diálogo” y “negociación” como términos equivalentes. En medio de este complejo escenario, resulta crucial entender la diferencia entre estos dos términos, pues no son sinónimos y sus implicaciones son radicalmente distintas.

El diálogo, en su sentido amplio, es un intercambio de ideas para explorar posiciones y tratar de generar confianza. Es un proceso abierto, no requiere cesión de cuotas de poder y, a menudo, no implica compromisos de cumplimiento verificable. En el contexto venezolano, el diálogo ha sido la herramienta favorita del gobierno para desactivar la protesta social y aparentar voluntad de cambio sin ceder poder real.

La negociación, en cambio, es un proceso formal y estructurado donde las partes se sientan para alcanzar un acuerdo específico y vinculante. Implica concesiones recíprocas garantizadas por mecanismos de verificación o presión externa, y un objetivo claro de alcanzar. 

La historiografía política venezolana muestra que los intentos de diálogo han sido un fracaso recurrente, por las razones arriba expuestas. La mesa actual se presenta como una negociación, pero su éxito dependerá de que se convierta en un mecanismo de reinstitucionalización y no en una simple formalidad discursiva. Porque el país no necesita un nuevo ciclo de diálogo narrativo. Requiere una negociación estratégica con incentivos, garantías y costos reales de incumplimiento para ambas partes.

Finalmente, un último y peligroso riesgo es que los acuerdos que se alcancen para que el tutor externo los valide terminen siendo sólo frágiles arreglos cupulares. Frente al peligro de  una negociación cerrada entre élites o actores tutelados desde el exterior, la sociedad civil organizada, conformada por universidades, Iglesia, gremios, ONGs, sindicatos, sectores empresariales y organizaciones comunitarias, se convierte en el contrapeso vital para evitar el colapso o la distorsión del proceso. De hecho, la sociedad civil organizada es al final el pilar fundamental para que esta mesa no fracase y conduzca a una transición efectiva.

Su rol no debe ser el de un simple espectador, sino el de un contralor activo del proceso. Debe ejercer funciones de vigilancia y contraloría social. Esto se traduce, por ejemplo, en monitorear el cumplimiento de los acuerdos, denunciar públicamente los incumplimientos y exigir que la «hoja de ruta» no sea un documento secreto, sino un compromiso público con plazos claros y verificables. Exigir transparencia y rendición de cuentas. Presionar para que la mesa no opere bajo una opacidad total, exigiendo informes periódicos sobre los avances reales en libertades civiles y derechos políticos. Actuar organizadamente como veedores independientes que verifiquen el cumplimiento efectivo de los acuerdos y compromisos en materia de derechos humanos y de recuperación institucional. Y, finalmente, mantener viva la presión cívica y pacífica para demostrar que la demanda de democratización es una urgencia social activa y no un tema transaccional entre cúpulas. Porque, al fin y al cabo, la transición democrática en Venezuela no será el resultado exclusivo de firmas en una mesa formal, sino de la capacidad de la sociedad para convertir esos acuerdos en transformaciones institucionales irreversibles.

En definitiva, la mesa de negociación que se acaba de inaugurar es una oportunidad, pero también un peligro. La historia demuestra que el oficialismo ha utilizado estos espacios para perpetuarse. El nuevo contexto, marcado por la presión de Estados Unidos, ofrece una ventana que no puede desperdiciarse. Sin embargo, el éxito final no dependerá sólo de lo que se firme en el hotel Marriot, en el Centro de Convenciones de La Carlota o en cualquier espacio cerrado, sino de la capacidad de la sociedad venezolana para mantenerse vigilante, organizada y exigente, recordando que la democracia no se negocia, se construye desde la calle y las instituciones, y no sólo en mesas formales de trabajo.