Tomada de Informe 21

Nelly Arenas 07.09.26

Entre los personajes que Rómulo Gallegos inmortalizó en su novela Doña Bárbara, está uno, Míster Danger, un hombre de negocios estadounidense que, simbólicamente, representa la estafa y el robo. Los tiempos que Gallegos retrataba en su obra, eran aquellos   en los cuales la barbarie le ganaba al país y en el horizonte no se insinuaban todavía la civilidad y la democracia.

Eran los tiempos también en los cuales Venezuela despuntaba como país petrolero y Juan Vicente Gómez se enseñoreaba como el amo absoluto de una gran hacienda.  Los terrenos de esa hacienda incluían los ricos yacimientos petroleros de su subsuelo que el dictador entregaba en concesión a los gigantes del mercado internacional, sin contar con el parecer de la sociedad. Por esta vía ingresaban a las arcas fiscales de la nación una cuantía de ingresos como nunca en su historia.

Rómulo Betancourt, férreo opositor a la dictadura gomecista,  entendía el papel importante del mineral en la consolidación del destino socioeconómico de la sociedad venezolana. Criticaba agudamente el hecho de que, a pesar de que el petróleo, tan codiciado en el mundo, brotaba a borbotones de la tierra, su comercialización no servía para mitigar el estado de miseria en el cual vivía el país. Betancourt tenía claro que el problema no era el petróleo, sino la naturaleza política en la que la actividad minera tenía lugar. Esa avalancha de dólares, diría, “afluyó a un país que no había democratizado ni modernizado sus sistemas de producción, gobernado por una tiranía zafia y rapaz’’.

Para el líder, democratizar significaba distribuir los recursos petroleros de manera que los sectores populares pudieran disfrutar de los mismos. Pero también significaba transparencia en los tratos con los grandes consorcios petroleros y discusión abierta y democrática.

 A pesar de que el presidente Medina Angarita (1941-1945) era considerado como un epígono del gomecismo por el liderazgo de Acción Democrática, la Reforma de la Ley de  Hidrocarburos de 1943, la cual incrementó la renta petrolera a niveles jamás imaginados, fue una negociación a ojos vistas de toda la nación. El proyecto fue ampliamente debatido por el empresariado y el Congreso de la República, jugando un especial papel la Cámara de Diputados,  en las voces de  Juan Pablo Pérez Alfonso y Luis Lander.

 Luego de la Revolución de Octubre de 1945, con la cual la democracia se abrió paso en Venezuela a través de elecciones  universales y directas, se implementó  la medida del fifty–fifty. A partir de esa disposición, la nación   repartía las ganancias de modo equitativo con las petroleras. Tal medida fue objeto de un amplio debate público a través de la prensa y, por supuesto, de una importante discusión  en el poder legislativo.

La dictadura de Pérez Jiménez (1952-1958) interrumpe esta práctica republicana y democrática. Así, las concesiones de 1956, que terminaron con la política oficial de no más concesiones instaurada en el trienio de Acción Democrática (1945-1948), fueron decididas sin el concurso de la opinión de los venezolanos sino enteramente a juicio del dictador.

La recuperación de la democracia en 1959 reinaugura la discusión del tema petrolero retomando la vía democrática institucional para llevarla a cabo. Así, con miras a la nacionalización del recurso, acto que se concretó en 1975, el Congreso de la República inició la discusión sobre el proyecto que condujo a la Ley sobre Bienes Afectos a la Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos sancionado en 1971. Distintos actores sociopolíticos como el empresariado y los partidos políticos, así como la opinión pública, participaron de un profundo y extenso debate en el tiempo.

La expulsión de jure de los consorcios petroleros que se desprendió del evento nacionalizador, dio un paso atrás con el proceso de apertura iniciado a comienzos de los años noventa, bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). El país se enzarzó en una seria e intensa polémica que trascendió los espacios legislativos y copó la escena pública por un largo periodo.

La llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, violentó esa dinámica. En adelante, la política petrolera se desenvolvió con ausencia de debate público y sin que la Asamblea Nacional tuviera protagonismo alguno en las discusiones pertinentes como había sido en el pasado. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, fue producto de un decreto y aprobada unilateralmente por el presidente Chávez en atención a los poderes habilitantes que se le  concedieron ampliamente en esos años.

Del mismo modo, la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco en 2007, se hizo en el marco de una ley habilitante y la única tarea de la Asamblea Nacional fue aprobarla simplemente.

De manera que lo que estamos presenciando en estos días con el acuerdo firmado entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, no es una rareza. Es el extremo, eso sí.  El acuerdo, absolutamente inesperado, contraría toda la lógica sobre la que el chavismo montó su discurso petrolero antiimperialista a lo largo de las casi tres décadas que lleva en el gobierno. A pesar de que, contra todo pronóstico, Chávez desarrolló una política petrolera pragmática al mantener la presencia de las transnacionales en el territorio nacional, llegando a importantes convenios con las mismas, el madrugonazo del pacto llega en un momento en que el país hace esfuerzos por recuperar su democracia y resiente de que el mismo, además de leonino, pueda permitir la prolongación del autoritarismo en manos del Rodrigato.  Un acuerdo de ese calibre no puede pasar indemne el juicio de la historia. Se celebró sin oír al país, a la sombra de un régimen absolutamente ilegítimo.

Definitivamente, Míster Danger y la democracia no se la llevan.