Tomada de Correo del Caroní

Tulio Ramírez 11.09.26

Abordar la situación de la educación superior en Venezuela es adentrarse en uno de los desafíos más urgentes y sensibles para el porvenir de la nación. Más allá de la simple queja o el lamento reactivo, es imperativo realizar una seria disección del fenómeno para proponer salidas viables. Para dimensionar la magnitud del daño actual, primero debemos recordar que, con todos los bemoles, la universidad venezolana tuvo un suelo institucional que sirvió de faro intelectual para el continente americano. La Universidad del período de la mal llamada IV República se concibió como un ecosistema protegido por el marco constitucional, diseñado específicamente para ser la principal palanca de la movilidad social y la producción de conocimiento autónomo.

Este modelo clásico se sostuvo con firmeza sobre tres pilares fundamentales que garantizaban su excelencia intrínseca: la autonomía, entendida como la independencia jurídica absoluta y la potestad de realizar elecciones internas sin injerencia del Estado; la investigación, que nos otorgó en su momento un liderazgo regional indiscutible, posicionando a nuestras principales casas de estudio en el codiciado Top 50 de los rankings de producción científica latinoamericana; y el presupuesto, una garantía financiera por parte del Estado que aseguraba infraestructuras completamente funcionales y condiciones dignas para el quehacer académico.

Sin embargo, el declive que hoy exhiben las universidades venezolanas no fue un hecho accidental, fortuito, ni una consecuencia pasiva de la crisis económica general. Al contrario, estamos ante las secuelas de un desmantelamiento estructural y sistemático. Si dividimos cronológicamente nuestra historia reciente, distinguimos tres etapas nítidas: la era de excelencia (pre-1999), caracterizada por la máxima autonomía y el auge investigativo; el asedio estructural (1999-2024), un periodo de intervención institucional y colapso presupuestario; y la hoja de ruta (2026), para el horizonte que hoy se plantea hacia el rescate y la estabilización. La transición de la excelencia al deterioro se ejecutó mediante lo que podemos denominar un «efecto tenaza»: una pinza perfecta donde la intervención jurídica actuó por un lado y la asfixia salarial por el otro, con el objetivo último de neutralizar el pensamiento crítico. Esta política de Estado se materializó a través de tres vectores esenciales de demolición.

El primero de ellos es la asfixia financiera. El desfinanciamiento se utilizó deliberadamente como un arma de control. Al graficar la brecha entre el presupuesto solicitado por las universidades y el asignado por el Ejecutivo, se observa un «déficit de asfixia» destructivo que llegó a superar el 98% en los requerimientos básicos de funcionamiento. Las consecuencias directas fueron fulminantes: un colapso salarial que redujo el ingreso promedio docente a niveles de pobreza crítica con los salarios más bajos de América Latina y quizás del mundo, un déficit operativo total y el desmantelamiento de infraestructuras y laboratorios esenciales para la ciencia.

El segundo vector es el cerco jurídico y político, que erosionó la autonomía a través de tres mecanismos quirúrgicos: la imposición de modelos paralelos mediante la creación de universidades controladas por el Estado para licuar la influencia de las instituciones autónomas tradicionales; la judicialización a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que suspendieron de forma inconstitucional las elecciones rectorales y anularon los reglamentos internos; y la centralización administrativa mediante la transferencia forzosa de las nóminas al Sistema Patria, destruyendo la independencia financiera institucional de las casas de estudio.

Finalmente, el tercer vector, quizás el más doloroso por su carácter irreversible a corto plazo, es la descapitalización humana. El capital intelectual histórico de la universidad se ha drenado en tres direcciones: una masiva diáspora internacional, el abandono de la academia hacia el sector privado local y una jubilación forzada e indeseada, marcada por la precariedad. La pérdida de una generación entera de investigadores tomará décadas en revertirse de forma efectiva.

Para cruzar el abismo que separa la ruina institucional de una universidad moderna y competitiva, es necesario activar una estrategia estructurada sobre tres pilares conceptuales que deben ejecutarse de forma simultánea. El primero se concentra en el rescate institucional y jurídico, cuya prioridad es la restitución plena de la autonomía mediante la anulación de las sentencias restrictivas y la convocatoria inmediata a elecciones libres, además de promulgar una nueva Ley de Universidades que blinde a las instituciones ante futuros vaivenes políticos.

El segundo pilar establece la estabilidad financiera y la diversificación. Entendiendo que el Estado mantiene una obligación constitucional que debe cumplir, el nuevo modelo no puede depender exclusivamente de la renta estatal. En ese sentido, se propone la creación de un Fondo de Estabilización Universitaria alimentado por cuatro fuentes: aportes estatales, cooperación internacional, alianzas con la industria privada y fondos de exalumnos, bajo una arquitectura financiera mixta, auditable y sostenible.

El tercer pilar se enfoca en la repatriación y retención de talento. Para detener la fuga de cerebros, se plantea una estrategia de estabilización de ingresos donde los salarios competitivos se complementen con fondos de investigación internacionales, junto a la creación de redes de co-investigación que permitan a la diáspora colaborar formalmente con la universidad venezolana desde sus posiciones en el extranjero.

Al activar estos componentes, se logra reactivar el motor de la nueva universidad, un ecosistema virtuoso donde cada pilar refuerza al otro de manera permanente: la autonomía genera la confianza indispensable para atraer capital; el capital diversificado permite atraer y retener al talento; y el talento produce la excelencia académica que justifica y defiende la propia autonomía de la institución.

Reconstruir la universidad es el primer paso ineludible para reconstruir la nación. La transición hacia una Venezuela democrática y verdaderamente productiva requiere, de manera obligatoria, el rescate inmediato de su motor intelectual, científico y moral. Recordemos que la mejor educación no es producto de la riqueza de los países, los países que son ricos lo son, porque han trabajado por tener una cada vez mejor educación.