Mesa de Análisis

¿Hasta dónde se puede reprimir?

Foto: AFP

Marcos Tarre Briceño

03 de febrero de 2018

La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen.

Esta es una etapa que será superada.

Salvador Allende[1]

El año 2017 concluyó con un saldo total de protestas y manifestaciones como no se habían visto en los últimos tiempos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en su último informe anual, señala que en el año 2017[2] ocurrieron, al menos, 9.787 protestas, equivalente a 27 protestas diarias. Ésta cifra representa un incremento del 41,5% con respecto al año 2016.

El tipo de protestas registradas fueron: cierres de calles, concentraciones, marchas, cacerolazos, vigilias y tomas de establecimiento. El incremento de las manifestaciones está ligado a las desmejoras de la calidad de vida de los venezolanos. Pese a la existencia de programas sociales destinados a asistir a la población, la falta de continuidad en algunos de estos planes, la ausencia de institucionalidad democrática, la discriminación en la asignación de dichos beneficios, la militarización, la crisis económica y política que afronta el país, impulsan a los ciudadanos a las calles para expresar su descontento.

A este panorama poco alentador se suma ahora  el efecto de la llamada “Masacre de El Junquito”, en la que seis exfuncionarios en rebeldía –más la esposa embarazada de uno de ellos– fueron asesinados, mientras públicamente habían manifestado su intención de entregarse. Una escalada sin precedentes en el escenario represivo. La revista alemana Spiegel Daily de inmediato tituló en su edición del pasado 17 de enero una fotografía sobre fondo color sangre del presidente Nicolás Maduro y el título “Der Schlächter” – “El Carnicero”. Esa misma semana, la Unión Europea impuso sanciones a altos funcionarios venezolanos, mientras que, por su parte, la cancillería declaró “persona no grata” al embajador de España en Venezuela y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. También, en el plano político, el partido oficialista decidió adelantar para el primer cuatrimestre del año las elecciones presidenciales previstas para diciembre. Y el diálogo en Santo Domingo parece cerrar sin ningún avance, por la insólita actitud del Gobierno, negado a hacer cualquier tipo de concesión que asegure unas elecciones menos sucias.

Pero la sangrienta represión manifestada en el caso de la “Masacre de El Junquito” puede tener efectos e impactos que podrán aflorar en las próximas semanas o meses. Si bien el mensaje fue muy claro hacia todo el que esté pensando en intentos de rebelión armada, los métodos utilizados han causado asombro y rechazo en sectores de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales y en algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; así como en la opinión pública que siguió en vivo el desarrollo de los trágicos hechos.

Históricamente se ha podido evidenciar que violencia y represión desmedida por parte de un gobierno, podrían generar escenarios de confrontación mucho más violentos por parte de sectores que busquen simplemente la venganza, o mediante acciones de terrorismo, intentar desestabilizar a ese gobierno. La mayor parte del arsenal de fusiles de asalto y municiones robados por el grupo que cayó en la “Masacre de El Junquito” no ha sido recuperado y se cree que algunos de sus miembros puedan estar organizándose y planificando algún tipo de acción.

Foto: Reuters

Pero el caso de El Junquito tiene antecedentes de los procedimientos brutales utilizados en la represión. Un informe de la ONG de defensa de derechos humanos, Provea, señala[3]:

– Año 2003. Masacre de Vista Hermosa, en el que fueron asesinados siete reclusos del Internado Judicial por militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

– Año 2005. Masacre de Kennedy. Tres estudiantes de la Universidad Santa María fueron asesinados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), presuntamente por haberlos confundido con antisociales.

– Año 2006. Masacre de La Paragua. Una división del Teatro de Operaciones número 5 asesinó a seis mineros.

– Año 2009. Masacre del Barrio El 70. En este sector ubicado en la parroquia El Valle fueron asesinados varios jóvenes por la extinta Policía Metropolitana.

– Año 2013. Masacre de Uribana. Luego de una presunta requisa que inició un enfrentamiento, la GNB ultimó al menos a 63 reclusos.

– Año 2015.  Masacre de La Cota 905. Alrededor de 19 personas murieron en manos de funcionarios policiales, quienes realizaban un Operativo de Protección y Liberación del Pueblo (OLP).

– Año 2016. Masacre de Barlovento. Una decena de personas fueron asesinadas por militares y enterradas en fosas comunes.

– Año 2016. Masacre de Cariaco. Cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de nueve pescadores.

– Año 2017. Masacre de Amazonas. Los cuerpos de seguridad ingresaron al Centro de Detención Judicial de Amazonas para realizar una presunta requisa, en la que resultaron asesinados 39 reclusos.

Sin embargo, en el caso de la “Masacre de El Junquito”, por primera éste tipo de graves violaciones a los derechos humanos tiene carácter meramente político y, por otra parte, los hechos fueron conocidos en las redes sociales casi en vivo, por videos de las mismas víctimas, lo que generó un gran impacto comunicacional. Y para las numerosas bandas delictivas que operan en el país el mensaje y la escalada de violencia también puede involucrarlos.

Existen antecedentes históricos de dictaduras de izquierda o derecha, fascismo, comunismo o sin una clara definición ideológica, que lograron perpetuarse por años y décadas en el poder, apoyados en un férreo control de la población, la represión de los cuerpos de seguridad y cierta tolerancia internacional. Sin embargo, en muchos de esos regímenes autocráticos, si bien no existía democracia, prensa libre o libertad de expresión, se intentaba preservar cierto mínimo nivel de orden para los habitantes, la criminalidad y el delito común se castigaba de forma ejemplar. Por supuesto, todas las dictaduras son aborrecibles, pero existen claras y fuertes diferencias entre la dictadura de Erich Honecker en la República Democrática Alemana o la de Robert Mugabe en Zimbabue; la de Muammar Gaddafi en Libia o la de Enver Hoxha en Albania; o para referirnos a gobiernos autocráticos en ejercicios, no son del mismo corte las dictaduras de Raúl Castro en Cuba, la de Xi Jinping en China, la de Kim Jong-un en Corea del Norte o la del primer ministro Najib Tun Razak de la próspera Malasia. En muy pocos casos los dictadores han utilizado la seguridad ciudadana como herramienta política, o los sectores que gobiernan se han convertido en grupos de delincuencia organizada. Quizás sólo en las dictaduras de Manuel Noriega, de Robert Mugabe y del iraní Hasán Rouhani se han consolidado alianzas y esquemas de gobierno con el crimen organizado.

La situación política, social y económica de Venezuela, la “pequeñez progresiva[4]” y la parálisis sobrevenida en este comienzo de siglo XXI, en un mundo globalizado –en el que las fórmulas tradicionales de comunicación han cambiado, en la que los partidos políticos suelen enfrentar profundas y variadas crisis, con resurgimientos de movimientos radicales y con ciudadanos cada vez más escépticos, cuestionadores, informados y exigentes; con el surgimientos de fenómenos políticos como Donald Trump, pero también de Justin Trudeau o Emmanuel Macron– luce cada vez más anacrónica e insostenible. Las instituciones, las normas y reglas que manejan la relación entre las naciones también han evolucionado hacia una mayor interdependencia y los intereses comunes suelen privar sobre los aislacionismos.

La fuga hacia adelante que ha acelerado el presidente Nicolás Maduro, lo conduce al fracaso y, trágicamente, a Venezuela hacia el abismo. Tal como lo afirmó Salvador Allende en su momento, estas son etapas que serán superadas y no pueden sostenerse solamente con una represión cada vez más brutal.

@MarcosTarre

[1] Salvador Allende fue un político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su suicidio el 11 de setiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda.

[4] Expresión de la economista Tamara Herrera

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