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Carlos Romero Mendoza

05 de junio de 2018

Durante el mes de mayo tres (3) eventos, en distintos momentos, facilitaron la reflexión sobre la necesidad y oportunidad real de debatir sobre la ciudad ideal, sostenible y/o competitiva.

El primer evento, promovido por el programa de Cohesión Social de la Fundación Estudios Municipales, en alianza con la Facultad de Arquitectura de la UCV, permitió reflexionar sobre la ciudad ideal desde la visión de la “Nueva Agenda Urbana, Hábitat III”.

El evento, realizado el 14 de mayo, abordó la ciudad ideal desde la visión histórica, política institucional y urbana. Pero, además, permitió el acercamiento de distintas organizaciones de la sociedad civil que desde sus propios espacios privados impulsan, promueven y desarrollan actividades orientadas a sembrar niveles de cohesión social adecuados para construir una visión compartida de una ciudad ideal.

El segundo evento, realizado el 30 de mayo, facilitó el espacio para que actores calificados pudieran valorar el modelo de sostenibilidad para las ciudades en Venezuela, que desde la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara Venezolana Alemana (Cavenal) se ha venido diseñando como resultado del Foro de Ciudades Sustentable que anualmente organiza Cavenal.

Finalmente, un tercer evento fue desarrollado el 31 de mayo y congregó a más de un centenar de personas que, con interés, atendieron la invitación del Grupo Orinoco y el Centro de Políticas Públicas del IESA para conocer la experiencia comparada y la realidad venezolana en materia de ciudades competitivas.

Las experiencias de algunos municipios en Argentina, Colombia y México con la adecuación de sus Planes Municipales de Desarrollo a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030 y, particularmente, la experiencia de los municipios Soacha en Bogotá, Medellín y Manizales que, expresamente en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo incorporan la competitividad como una de sus metas, permiten validar la tesis de que en Venezuela existe el instrumentos político y el espacio institucional idóneo para lograr abrir el debate ciudadano sobre la ciudad ideal, sostenible y/o competitiva.

Ese debate político sobre la ciudad encuentra en el ordenamiento jurídico vigente al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), como un espacio institucional que legalmente está obligado a impulsar y coordinar la participación ciudadana en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo que debe ser promovido por el propio alcalde.

Así como en Argentina, Colombia y México, los municipios cuentan con un Plan Municipal de Desarrollo y con un espacio institucional para el debate y participación incluyente de los vecinos. En Venezuela el diseño legal hace posible que un debate similar se pueda realizar de manera efectiva, sin requerir para ello una reforma constitucional y menos aun de otro esfuerzo constituyente.

Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Para abrir el debate institucional sobre la ciudad ideal, sostenible y/o competitiva sólo se requiere que la Asamblea Nacional reforme las normas que regulan al Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular, a los fines de promover una verdadera inclusión ciudadana en el proceso de planificación pública del desarrollo. Pero, además, poner a disposición del desarrollo local las distintas instancias político territoriales que pueden concretar en metas y acciones la hoja de ruta municipal, estadal y nacional hacia un verdadero desarrollo integral sostenible del país.

La posibilidad cierta de incorporar en el Plan Municipal de Desarrollo metas y acciones orientadas a adecuar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la realidad local y de identificar las áreas o ámbitos que hacen posible pensar en una ciudad competitiva, está principalmente en manos de los alcaldes y concejales.

En la experiencia comparada son esas autoridades locales las que actúan como facilitadores políticos de un proceso de gobernanza útil para el diseño de una visión compartida de ciudad ideal, sostenible y/o competitiva.

La autonomía municipal, los asuntos propios de la vida local, la promoción del desarrollo económico y social de los  ciudadanos y la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida a que hace mención la Constitución, tendrían mayor significación y valor si los mismos fueran interpretados por las autoridades locales a través de estrategias, metas y acciones orientadas a hacer de las ciudades el espacio para el desarrollo.

En el mapa político venezolano, complejo y confuso, nuestros alcaldes y concejales no parecieran estar muy interesados en abordar estos temas con los ciudadanos.

No se necesita de una reforma constitucional y menos aun, de una nueva aventura constituyente, para que nuestras ciudades, se igualen a otras ciudades de la región, en el debate político sobre la ciudad ideal, sostenible y/o competitiva.

En consecuencia, la sociedad civil organizada puede intentar influir en las autoridades locales impulsando el debate abierto sobre la ciudad, buscando influir en las autoridades locales sobre la necesidad de planificar el futuro de nuestras ciudades, a través de asambleas de ciudadanos o tomando la iniciativa para cabildos abiertos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la Nueva Agenda Urbana y la experiencia comparada en la región de América Latina, advierte que estos elementos pueden ser una vía útil y efectiva de lograr niveles adecuados de cohesión social, a los fines de construir una visión compartida del modelo político, social y económico que el país reclama desde lo local.

El silencio contundente de los ciudadanos el pasado 20 de mayo debería transformarse en un enorme grito cívico de reivindicación de valores y principios democráticos que faciliten el reencuentro de los ciudadanos con los asuntos públicos de su propia ciudad y que permita la construcción de una visión compartida de desarrollo que tenga como fuente una ciudad que funcione para todos y que sea sostenible.

El gran desafío de la sociedad civil organizada es atreverse a debatir el tema.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.