Comunicados

Consejo Universitario de la UCAB exige que OEA y ONU participen en investigación de la muerte de Albán

Foto: Reuters

A través de un comunicado, las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello manifestaron su “profundo rechazo” ante los hechos que rodean el fallecimiento del edil del municipio Libertador, quien permanecía detenido en la sede del SEBIN

La Universidad Católica Andrés Bello se unió a la lista de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que solicitan al Estado venezolano una investigación “objetiva e imparcial” sobre la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, ocurrida el pasado 8 de octubre en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, donde el edil de Primero Justicia permanecía recluido.

A través de un comunicado, el Consejo Universitario de la UCAB manifestó “su más profundo rechazo” ante las circunstancias que rodean este caso y denunció que las mismas “se suman a la lista de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de personas detenidas, particularmente a las garantías del derecho a la defensa, a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza, a ser informado de los motivos de su detención y a no ser sometido a torturas, tratos crueles o infamantes”.

Los representantes de la UCAB  exigieron que en la investigación del fallecimiento del abogado se garantice independencia institucional y “se incluya la observación, en todas sus etapas, de organismos multilaterales, como la OEA o la ONU, así como de ONG nacionales e internacionales con reconocida trayectoria en el área de protección de derechos humanos“.

También demandaron el procesamiento y castigo de los responsables de este suceso, así como el “cese de las detenciones arbitrarias, desaparición e incomunicación de ciudadanos” y el “cese de la persecución y hostigamiento a la disidencia política”.

A nombre de la UCAB, el Consejo Universitario se solidarizó con los familiares y allegados del concejal fallecido y manifestó su apoyo a los presos y perseguidos por razones políticas.

Las autoridades universitarias destacaron que “los eventos que rodearon la muerte del concejal Albán se suman a la lista de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de personas detenidas, particularmente a las garantías del derecho a la defensa, a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza, a ser informado de los motivos
de su detención y a no ser sometido a torturas, tratos crueles o infamantes”.

Con información de El Ucabista

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