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Margarita López Maya (*)
8 de Abril de 2019

La sociedad venezolana actual evidencia la destrucción del tejido social que alguna vez tuvo. Siendo en el siglo pasado un país de economía rentística petrolera, su proceso modernizador ahora en proceso de severa reversión, produjo unas relaciones Estado-sociedad particularmente desequilibradas, donde el Petroestado que emergió configuró una importante dependencia a él, tanto de los partidos políticos como de las organizaciones de la sociedad. Hoy pagamos sus consecuencias.

En lo que sigue analizamos una dimensión de la organización social, la más extensa y quizás menos comprendida: la de la política de la calle que algunos, para diferenciarla de la sociedad civil llaman la sociedad incivilizada. Indagaremos en su evolución buscando promover el debate sobre su rol en la coyuntura actual.

Definimos como política de la calle a las acciones colectivas disruptivas, que se desenvuelven en espacios públicos urbanos, pero también en carreteras y áreas rurales. En Venezuela diariamente por decenas -a veces centenares- y desde hace décadas. Su naturaleza es mayoritariamente pacífica, pero hay un número de ellas que son confrontacionales -producen tensión y/o temor- y a tiempos aparecen y/o aumentan las violentas, con daños a la propiedad o integridad física de las personas. Sus protagonistas son primordialmente multitudes, es decir, grupos humanos con una relación cara a cara, de dirección generalmente poco conocida, a veces espontánea y ocasionalmente conformada por dirigentes estudiantiles, organizaciones sociales, partidos políticos o frentes civiles. Sus motivaciones son predominantemente socioeconómicas, pero en momentos de desajustes, crisis políticas y luchas hegemónicas, adquieren también motivaciones de esta naturaleza.

La protesta de calle durante el período democrático

A partir de 1958, los partidos políticos pasaron a jugar un rol casi exclusivo en la mediación entre Estado y sociedad, desestimulándose la movilización de calle, que había estado presente desde el siglo XIX y que, en ocasiones, había jugado papel protagónico (López Maya, 2000). La regla del régimen liberal de reducir la participación a la representación a través de partidos y elecciones, produjo tensiones y confrontaciones en una sociedad donde militares y poderes fácticos estaban acostumbrados a participar directamente en el Estado para garantizar sus intereses. El Pacto Institucional de 1969, donde se consolidó el bipartidismo AD-COPEI, también redujo la participación de organizaciones políticas que representaban intereses e ideologías minoritarias (López Maya, Gómez Calcaño y Maingon, 1988).

En los primeros años de la democracia hubo violentos enfrentamientos del régimen con organizaciones de izquierda en un contexto mundial de Guerra Fría y enamoramiento con la revolución cubana. El régimen emergente buscó sosegar la política de la calle mediante la cooptación y la represión, por considerar que la protesta servía a los intereses de esos actores. En el contexto de la lucha guerrillera, desarrollada, tanto por el Partido Comunista de Venezuela, como por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la política de la calle, cuando no convocada por los actores incluidos en los pactos constitutivos de la democracia, fue reprimida, estigmatizada y criminalizada, al considerársele instrumento de desestabilización.

Ayudó mucho a la desmovilización, por otra parte, la distribución a la sociedad del ingreso fiscal petrolero. Controlado por AD y COPEI en el nivel del Estado nacional, sería distribuido en los años siguientes a diversos actores -y población en general- mediante créditos, subsidios y otras ayudas para compensar los sacrificios que supondría, en otro contexto sin renta petrolera, el juego democrático. Con ello, el sistema político se hizo fundamentalmente paternalista y clientelar, y las organizaciones sociales se moldearon con débil autonomía frente al Petroestado.

Pese a su estigmatización, la protesta de calle continuó con rasgos diversos en su naturaleza y motivaciones, protagonizada principalmente por actores excluidos de los pactos como el movimiento estudiantil, vecinos, desempleados, partidos y sindicatos de izquierda. Actores incluidos, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela y sus sindicatos, lo practicaron también, pero con un sesgo ritual, como las marchas del 1º de Mayo, día del trabajador, o antes de iniciarse negociaciones de contratos colectivos, frecuentemente con mejoras laborales convenidas de antemano por los dirigentes sindicales, que eran miembros de los partidos del Pacto de Punto Fijo. Protestas del movimiento estudiantil fueron severamente reprimidas, produciéndose muertes y heridos, que atizaron la beligerancia y violencia en la protesta.

A partir del Sacudón o Caracazo de febrero de 1989, cambió el statu quo de las relaciones entre Estado y sociedad (López Maya y Lander, 2006). La política de la calle comenzó a moverse bajo otra dinámica, pues adquirió mayor visibilidad y/o importancia, independizándose muchos actores sociales de partidos y sindicatos del bipartidismo, que hasta entonces los habían mantenido cooptado. La fragmentación y debilidad de los actores que acuden a la calle con sus agravios, en medio de la crisis socioeconómica severa que se padecía y la incapacidad de los partidos de canalizar de manera clientelar el malestar por la reducción del ingreso fiscal petrolero, hizo a la protesta numerosa, confrontacional, violenta, y avasalladoramente motivada por quejas y demandas socioeconómicas, sobre todo laborales. Cierres de vías, barricadas, tomas de edificios públicos y cacerolazos se van generalizando, en contraste con las marchas y concentraciones del pasado. El paro intempestivo -ilegal- de empleados públicos es otra modalidad que crece. Los disturbios con quemas de basura y neumáticos también. Saqueos a establecimientos comerciales se hacen frecuentes.

Junto a actores tradicionalmente en la calle, aparecen entre otros, jubilados, buhoneros, iglesias y ONG. La respuesta política institucional fue aumentar la represión, propiciando la aparición de protestas motivadas por la violación de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad física y a la protesta pacífica. Se crean las primeras ONG de DDHH como el programa Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, que se fundó en 1988, y el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic) en 1989.

La intensa política de la calle de los años noventa contribuyó con el clima de inestabilidad y desasosiego, así como con el creciente rechazo a los partidos políticos, que propició la ruptura populista de 1999 y la emergencia del liderazgo carismático de Hugo Chávez con su movimiento bolivariano.

La protesta en la era del chavismo (1999-2018)

Una vez electo Hugo Chávez a la Presidencia, la protesta no sólo no cedió, sino que siguió creciendo. Mantiene muchos de los rasgos de los años del post-Caracazo, aunque también surgen rasgos nuevos. Chávez inicialmente siguió la tendencia de la segunda presidencia de Rafael Caldera (1994-1999), de dejar atrás el discurso criminalizador de la protesta, reconociendo el derecho a manifestar pacíficamente. En la nueva Constitución se reasentó este derecho, incorporándose de manera expresa la prohibición de reprimirla con armas de fuego (CRBV, 1999, artículo 68). Estos avances, tuvieron como resultado que la protesta violenta, que había aumentado mucho después del Caracazo tendió a bajar. Sin embargo, la tendencia duró poco. Desde 2005, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) observa que, de forma progresiva, se fue restringiendo este derecho, a través de acciones, resoluciones, decretos y sentencias del Estado, volviendo la criminalización (OVCS, 2017).

De acuerdo con Provea, en los once años previos al chavismo se produjo un promedio de 2,08 protestas diarias (López Maya, 2002). Nueve años con Chávez en el poder, en 2008, la protesta había escalado al promedio de 8 diarias. En 2012, último año de su gobierno, promedió las doce diarias. Durante el gobierno de Maduro, las protestas sobrepasaron para los seis años de su periodo presidencial el promedio de ¡22 diarias!

¿Las motivaciones de estas protestas?  De acuerdo a los informes de Provea y el OVCS, con el chavismo se mantiene la composición mayoritaria de las motivaciones en el campo socioeconómico. Sin embargo, en ciertos años, motivaciones políticas aumentan su participación en el total, lo que revela que se usa la política de calle como instrumento de lucha en la disputa hegemónica que se desarrolla en el país.

Los picos de esta lucha con Chávez fueron: entre 2001 y 2004, de fuerte polarización política y frecuente uso de modalidades callejeras violentas por ambos bandos políticos, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero; 2006 y 2007, cuando ocurrieron las elecciones presidenciales  y el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), que desató incluso un ciclo de protestas; 2009, marcado por movilizaciones en pro y contra del referendo de la enmienda constitucional; y entre octubre de 2010 y septiembre 2011, con las elecciones parlamentarias.

En 2014, ya Nicolás Maduro presidente, se dio otro ciclo, donde las motivaciones políticas superaron por vez primera en los registros las protestas por demandas socioeconómicas. Acallada la protesta, entre otros factores, con dura represión por parte del gobierno, en 2015, 80% de las manifestaciones volvieron a ser socioeconómicamente motivadas. La gente siguió en las calles demandando salarios dignos, deudas no honradas por el gobierno, déficit de servicios públicos como agua, luz, escuelas, viviendas, pero estas acciones carecían de proyección política.

En 2016 y 2017, la información sobre motivaciones de la protesta en Venezuela registrada por la OVCS es parcial, lo que dificulta su comparación con los años precedentes. Pero, según esta fuente, el 2017 alcanzó una cifra histórica de protestas en Venezuela y Provea la reconoce como un nuevo ciclo. Sus especificidades, según el OVCS: participaron de todos los estratos sociales; se fusionaron las demandas civiles y políticas con las socioeconómicas, las manifestaciones tuvieron lugar en veintidós de los veinticuatro estados del país, incluyéndose zonas rurales y urbanas, la noche también se usó para protestar, aumentaron los saqueos y muchas de las manifestaciones fueron directamente convocadas por los dirigentes políticos (OVCS, 2017). Al año siguiente, cerrado el ciclo sin mayores resultados en la obtención de sus objetivos, vuelven a aumentar el número de protestas y las motivaciones vuelven a ser avasalladoramente socioeconómicas.

A modo de conclusión

La sociedad venezolana ha mantenido a lo largo de su historia una débil institucionalización en lo que atañe a los vasos comunicantes entre sociedad y Estado. Ello ha propiciado la continua presencia de las acciones colectivas disruptivas de la vida cotidiana, principal pero no exclusivamente en Caracas, con sus efectos sobre la estabilidad política, la productividad económica y la seguridad de sus ciudadanos. La situación tendió a empeorar en los años posteriores al Caracazo, por la dura represión, que quebró el vínculo entre sectores populares y el Petroestado, debilitando el paternalismo como mecanismo de legitimación. Así mismo, la continuidad de la crisis socioeconómica, que profundizaba la pobreza y desigualdad social, junto a la reducción de los recursos del ingreso fiscal petrolero, redujeron el alcance del clientelismo. Todo esto preparó el terreno para la irrupción del fenómeno populista.

En la era chavista, la política de calle continuó, se hizo más numerosa y compleja, al excluirse del reconocimiento institucional buena parte de las organizaciones sociales y políticas, lo que obligó a muchos actores a tomar la calle para hacerse oír de la autoridad. La política de la calle ha sido central en este periodo en la lucha hegemónica y polarización, en los primeros años movilizando multitudes tanto el chavismo en el poder, como las fuerzas políticas opositoras, a través de grandes marchas que exhibían el músculo político de cada quien. En el período de Maduro se ha incluso crecido su uso político, pues, por una parte, sigue siendo clave en la lucha hegemónica irresuelta que se desarrolla, así como por la abismal crisis económica, social y humanitaria mantiene in crescendo las condiciones que hacen incesantes las movilizaciones espontáneas, fragmentadas y dispersas de innumerables sectores y actores de la sociedad. Desde el gobierno, como contrapeso, se ha venido usando la movilización de calle de manera instrumental, a los fines de la permanencia de la cúpula militar y civil en el poder, la cual recluta para sus exhibiciones de apoyo popular empleados públicos y receptores del conjunto de dádivas (misiones, CLAP) que ha venido distribuyendo a cambio de lealtad a su revolución.

La posibilidad de superar el orden autoritario que hoy señorea en el país, pasa por lograr canalizar la enorme energía social que expresa su malestar en la calle hacia un proyecto político alternativo, que proyecte un futuro atractivo, incluyente y esperanzador para multitudes y actores. Pero incluso, si se llegara a alcanzar la transición, con la ayuda de la movilización popular, el rosario de demandas no satisfechas y la ausencia de canales institucionales donde procesarlos, mantendrá la política de la calle activa, amenazando la posibilidad de estabilizar el régimen emergente. Es un desafío para los actores sociales y políticos de la transición democrática entender este fenómeno y tener preparado políticas públicas para sosegar la calle al persuadir a sus actores de que ese futuro incluyente y respetuoso de los derechos humanos está en construcción, pero no será inmediato.

Referencias

CRBV (1999): Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html

López Maya, Margarita, Luis E. Lander et al. (2006): Glosario Base de Datos El Bravo Pueblo. Caracas, Proyecto CDCH-UCV, N°.26-50-4047-97.

López Maya, Margarita, Luis E. Lander et al. (2006): “Novedades y continuidades de la protesta popular en Venezuela”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 12, Nº 1, enero-abril, pp. 11-30.

López Maya, Margarita, Luis Gómez Calcaño y Thaís Maingon  (1988): De Punto Fijo al Pacto Social. Desarrollo y Hegemonía en Venezuela (1958-1985). Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

López Maya, Margarita (2000): “¡Se rompieron las fuentes! La política está en la calle”, Asdrúbal Baptista, coord., Venezuela Siglo XX: Visiones y Testimonios, 3er vol., Caracas, Fundación Polar, 2000, pp. 73-132.

López Maya, Margarita (2002): “Venezuela after the Caracazo: Forms of Protest in a Deinstitutionalized Context”, Bulletin of Latin American Research, vol. 21, no. 2, abril, pp. 199-218.

Tarrow, Sidney (1996): Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. EEUU, Cambridge University Press.

OVCS (varios años): Conflictividad social en Venezuela [varios años]. En https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/?s=informe+2017. Bajado del 29 al 4 de abril.

Provea (2018): 2017. Año de protesta en rebelión. En https://www.derechos.org.ve/publicaciones/2017-ano-de-protesta-en-rebelion.

(*) Margarita López Maya es licenciada en Historia, y posee un doctorado en Ciencias Sociales (Universidad Central de Venezuela). Además, ha desempeñado actividades en el área de la docencia, así como también en la investigación social. Se le han otorgado distinciones y reconocimiento por sus artículos y trayectoria.