Yira Yoyotte

09 de septiembre 2019

Este 9 de septiembre, durante la  42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, amplió el contenido del informe sobre el tema de derechos humanos en Venezuela y dijo que la situación sigue siendo de tal gravedad que no solo afecta a miles de personas dentro del territorio nacional sino que tiene claros impactos desestabilizadores en la región.

“Es por ello,  que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe”, precisó la representante de la ONU al intervenir en la referida sesión.

Como se recordará el pasado 5 de julio del presente año, luego de una visita oficial de tres días que realizó a suelo venezolano, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, publicó un informe mediante el cual se determina que en Venezuela se violan los derechos humanos de forma continuada y sistemática.

En aquella oportunidad, incluso, pidió la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) dada su evidente participación en un número importante de ejecuciones extrajudiciales y la libertad plena de la Juez María Lourdes Afiuni y el editor Braulio Jatar, pero aún ninguna de esas solicitudes se ha concretado.

Libertad plena para Afiuni y Jatar

Durante su intervención la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo, entre otras cosas, que se ha avanzado en un protocolo y calendario de visitas a las cárceles venezolanas.

Destacó que el gobierno de Nicolás Maduro ha cumplido con la excarcelación  de 83 personas, incluidas aquellas cuyas detenciones  han sido consideradas  como arbitrarias  por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, pero queda pendiente la liberación plena de la juez María Lourdes Afiuni, condenada por “corrupción espiritual” y del editor y periodista Braulio Jatar, acusado de lavado de dinero.

En materia de detenciones arbitrarias, tal como lo indicó durante su detención, Bachelet explicó  que el gobierno de Maduro  se ha comprometido  a establecer  un mecanismo para atender  casos  individuales y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ya ha remitido 7 casos  prioritarios  que esperan se resuelvan a la brevedad posible.

“Además se está avanzando sobre el compromiso adquirido  de permitir el acceso al país  de 10 procedimientos  especiales en los próximos dos años”, indicó.

Salario mínimo de 2 dólares mensuales

La situación económica del país también fue mencionada durante esta nueva intervención de la Alta Comisionada. En esta oportunidad dijo que la economía venezolana, así como el aspecto social, siguen deteriorándose  de manera muy rápida, al punto de restringir  el ejercicio de los derechos económicos  y sociales de millones de personas.

“La economía atraviesa  lo que podría ser el episodio inflacionario más  agudo que haya experimentado la región afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos  y otros bienes  esenciales”, informó.

Agregó que al día de hoy, el salario mínimo de los venezolanos  equivale a 2 dólares mensuales en comparación  a los 7 dólares de junio, cuando ella visitó la visita oficial a Venezuela.

“Una familia necesita percibir  el equivalente  a 41 salarios mínimos  mensuales  para poder cubrir la canasta alimentaria, la dolarización de facto de varios sectores de la economía  está exacerbando las desigualdades”, señaló.

Con la misma contundencia Bachelet se refirió a la situación de los servicios públicos en Venezuela y destacó la precariedad que presenta el estado Zulia. Abordó también el tema del desabastecimiento de combustible en las regiones del interior del país y el impacto, potencialmente severo, que generan en materia de derechos humanos, el conjunto de sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica.

57 ejecuciones extrajudiciales solo en julio 2019

La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, indicó que su oficina, destacada en Caracas, siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales  cometidas en las zonas populares del país  por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).

“En el pasado mes de julio la ONG Monitor de Víctimas  identificó 57 nuevos  casos  de presuntas ejecuciones  cometidas  por miembros  de las FAES en Caracas. Los casos documentados muestran  el mismo patrón identificado  en el informe  de junio y revela la ausencia de mecanismos  eficaces para proteger  a los testigos  y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”, explicó.

Bachelet dijo que su oficina no ha recibido información  sobre medidas  para implementar las recomendaciones del informe  sobre la disolución  de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones  extrajudiciales.

“Las FAES han recibido apoyo del más alto nivel del Gobierno”, precisó. Asimismo agregó que según información recibida  recientemente por el Ministerio Público, desde agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de este cuerpo policial  por violaciones  a los derechos humanos.

Se conoció que la ONU está esperando recibir información  detallada  sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la inscripción institucional de los funcionarios  y el perfil de las víctimas. A pesar de esto la funcionaria de se refirió a los casos del joven Bassil Da Costa, asesinado en el año 2014 y de Orlando Figuera, a quien le prendieron fuego en una manifestación realizada en Altamira.

En cuanto al caso del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió el pasado 29 de junio bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Bachelet  afirmó que la autopsia reveló que había sufrido  múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo.

“Sufrió fractura de 16 costillas, del tabique nasal  y del pie derecho. Las autoridades  reportaron que dos  oficiales de la Dgcim habían sido detenidos  y acusados de homicidio intencional, pero no de haber cometido  actos de tortura”, agregó. 

En esta ampliación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela la Alta Comisionada también se refirió a la muerte de venezolanos por falta de medicamentos, a la grave situación que enfrentan los migrantes  y a la arbitraria condena de 5 años y nueve meses de cárcel que un tribunal militar le impuso a Rubén González, un importante líder sindical.

Si desea leer la transcripción de toda la intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haga click aquí.