Yira Yoyotte

09 de septiembre de 2019

Luego de analizar detenidamente las características que presentan los tres programas sociales que la administración de Nicolás Maduro ha priorizado  desde el año 2016 (Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Carnet de la Patria y Bonos Sociales, la Asociación Civil Transparencia Venezuela, a través del Observatorio de Programas Sociales, determinó que “la Gran Corrupción”, es un condicionante del ambiente administrativo en el que participan estos tres planes gubernamentales.

El estudio, realizado por el profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV), Carlos Aponte, determinó que los defectos en materia de diseño, seguimiento y evaluabilidad que presentan esos tres programas son un fermento potencial para la corrupción.

“En estos 3 programas no hay un diseño con población-objetivo y justificadas por ciudadanía, por contribución y/o por necesidad ni lineamientos o propósitos nítidos, sistematizados y publicitados como tampoco son claras ni consolidadas las cantidades y fuentes financieras involucradas”, indica el documento.

Al realizar la exploración sobre los mencionados planes el Observatorio de Programas Sociales determinó, en primer lugar, que estos tres programas: Clap, Carnet de la Patria y Bonos Sociales, son iniciativas que incumplen con los requisitos elementales que establece la legislación venezolana para una aprobación presupuestaria lícita de los proyectos de acción pública.

“Esa validación, supondría, en principio, la aceptación de esos programas y de sus gastos estimados por el Parlamento Nacional, especialmente en el marco de la Ley Orgánica Anual de Presupuesto, requisito que el régimen político imperante ha intentado soslayar mediante la aprobación de esas erogaciones por el Poder Judicial (2016) y/o por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de composición exclusivamente oficialista desde el año 2017”.

Clientelismo político ilícito

El estudio también determinó que estos 3 programas sociales ejercen, en diverso grado, lo que se puede determinar como un “clientelismo político ilícito”, es decir, el adjetivo viene al caso porque se trata de un tipo de clientelismo nocivo que violenta claramente la imparcialidad básica y el servicio a intereses colectivos que deben guiar a la actuación del Estado.

“La utilización de los recursos y los programas públicos para coaccionar el comportamiento político de los ciudadanos, limitando su libertad de decisión, son decisiones de un uso impropio, antidemocrático, de los recursos estatales a favor de una corriente política particular. Esto expresa un clientelismo ilícito, contrario al Estado de derecho y al funcionamiento apropiado de una institucionalidad pública que debe esforzarse en atender al interés común”, señala el informe.

La investigación logró determinar, entre otras cosas, que en el caso del Clap existe tal variedad e intensidad de formar de corrupción que llevan a situar a este programa  entre los emblemas fundamentales de la “Gran Corrupción” en la Venezuela del siglo XXI.

“Grupos inescrupulosos se lucran de un programa de atención alimentaria, mientras que en el país el deterioro creciente  ha situado a Venezuela entre los casos de alarma nutricional ante organismos de las Naciones Unidas y de otras instancias internacionales”, agrega.

La mencionada investigación, enmarcada entre el 2016 y el 2019, fue reflejada en cuatro informes a saber: 1) Los Nuevos Programas Prioritarios del Sector Social en Venezuela, 2) Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la Gran Corrupción del Siglo XXI, 3) El Carnet de la Patria: Símbolo de un Clientelismo Ilícito y 4) Los Bonos Sociales: En el Rumbo Incierto ante el Empobrecimiento.

Para revisar el contenido de estos informes, haga click en los siguientes links: