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Venezuela bicéfala

Foto: Televisa

Eglée Iturbe de Blanco

Venezuela es  tal vez el único país que a falta de un gobierno tiene dos, pero no tiene gobernabilidad porque ninguno de los dos poderes está dotado de las herramientas necesarias para garantizarles a los ciudadanos el ejercicio pleno de la democracia y la gobernabilidad.

Se tienen dos titulares en el Poder Ejecutivo: Un Presidente en ejercicio  desde el año 2013 (Nicolás Maduro) que mora en el Palacio de Miraflores o en el Fuerte Tiuna, que tiene el poder formal, el apoyo de los militares y de su partido, pero que no cuenta con reconocimiento internacional y no tiene amigos en los países democráticos occidentales. En lo interno no tiene popularidad, ni recursos en divisas porque destruyó la industria petrolera, ha llevado las importaciones del país a una reducción drástica, tanto que impactan negativamente en el desabastecimiento nacional y colocan a Venezuela en los niveles de miseria de países subdesarrollados como Haití. Para colmo esta administración gubernamental se caracteriza por no respetar los derechos humanos y violar sistemáticamente la Constitución Nacional y por ende el estado de derecho.

Las políticas económicas y sociales aplicadas en los últimos años pudieran ser acreedoras de varios galardones internacionales. Por ejemplo podrían recibir un reconocimiento por haber convertido a un país petrolero en el más miserable de la región a pesar de haber recibido los mayores ingresos en divisas por concepto de renta petrolera. Otro reconocimiento por haber permitido la mayor hiperinflación del mundo sometiendo a los trabajadores al salario más bajo del continente y al mayor desabastecimiento de la historia y  haber reducido a la mitad  el tamaño de la economía con  la política de expropiaciones de las empresas del campo y la ciudad, con lo cual se ha aumentado la pobreza, la desnutrición,  el desempleo y el deterioro general de la vida ciudadana. Un tercer galardón por haber logrado que la gente huyera de un país de donde no se emigraba, pero que ahora registra una diáspora mayor a la delos países en guerra. En vista de las reiteradas violaciones a los derechos humanos, el narcotráfico, la corrupción y la falta de oportunidades los venezolanos se han visto en la obligación de abandonar el territorio nacional que los vio nacer en busca  de mejores oportunidades de vida.

En el Palacio Federal Legislativo se encuentra el Presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien tomó juramento del cargo el día 23 de Enero del presente año basado en varios artículos del texto constitucional. Guaidó es a su vez el Presidente de la Asamblea Nacional y  cuenta con el reconocimiento internacional de más de 50 países, de varios organismos internacionales y de la mayoría del pueblo venezolano, pero no tiene equipo de gobierno dentro  del país, sino delegados ante los países amigos (38 a la fecha y en la OEA y el BID) que lo han reconocido como Presidente, además, no cuenta con recursos presupuestarios para hacer frente a tan importante tarea ni estructura operativa para abordar las soluciones a la grave crisis humanitaria que vive el país. El Presidente encargado tiene el poder que le brinda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no tiene la  estructura institucional para ejercerlo hasta que cese “la usurpación”, Nicolás Maduro se retire, renuncie o salga por algún medio  pacífico o violento. Estas circunstancias hacen que su labor internamente sea poco visible para los ciudadanos porque todos sienten desespero y desean una salida rápida a la crisis humanitaria compleja que vive el país.

No solo se tienen  dos  titulares del Poder Ejecutivo, también se tienen dos órganos del Poder Legislativo:  la Asamblea Nacional (AN), elegida legítimamente en 2015 y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida en el 2017 mediante unas elecciones que pudieran considerarse fraudulentas por la forma en que se convocaron y los listados segregados por sectores, entre otras cosas. La ANC no  cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los venezolanos, ni de buena parte de los países democráticos.  Tiene tres años en funciones, está integrada por 545 asambleístas y no han producido ni siquiera un borrador de la supuesta nueva Carta Magna, que es el mandato para la cual fue elegida.

El Poder Judicial no se queda atrás. Se tiene  un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con magistrados elegidos entre gallos y medianoche en diciembre del 2015, poco antes de que la oposición llegara, como mayoría a la Asamblea Nacional, y por otro lado, los magistrados electos por la AN y que ahora se encuentran en el exilio por temor a ser perseguidos y encarcelados. Éstos, que fueron designados siguiendo lo contemplado en la Constitución, mantienen una Sala Plena del máximo tribunal, pero en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El Ministerio Público también presenta una duplicidad de funciones: la persona que desempeñaba el cargo, Luisa Ortega Díaz (2007-2017) hoy se encuentra en el exilio. Fue destituida y acusada penalmente a mediados de 2017, pero no se acogió a la sentencia y prefirió abandonar el territorio nacional. La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de inmediato, designó un sustituto: el abogado Tareck William Saab quien ejerce el cargo desde entonces. 

En el servicio exterior se tiene más de un embajador en un mismo despacho. En países que reconocen al Presidente encargado así como en algunos organismos internacionales que han retirado credenciales a los diplomáticos  anteriores y otorgado credenciales a los representantes designados por Juan Guaidó, hay duplicidad de funciones, de hecho esto ocurre, por ejemplo, ,en la OEA, USA y los países del Grupo de Lima . Esta situación dificulta, entre otras cosas, los trámites de los ciudadanos venezolanos en esos países y el manejo de las relaciones internacionales.

Ante todo este complejo escenario nos vemos en la obligación de preguntarnos: Podrá Venezuela mantenerse bicéfala por mucho más tiempo o tendrá  que decidir pronto su destino. Varias alternativas viables se pueden considerar: a) La cohabitación, en cierta forma impulsada por el mismo gobierno con el apoyo de un grupo de partidos minoritarios de la oposición,  b)  El seguimiento de la negociación de Oslo-Barbados para una salida electoral de transición sin Maduro ni Guaidó, c) Un gobierno de transición colegiado que recomponga  la institucionalidad y prepare elecciones libres en el plazo más corto posible y d) Otras opciones no pacíficas ni electorales de las cuáles no se puede anticipar sus modalidades ni sus  resultados.

Es importante considerar que el apoyo internacional no se mantendrá por mucho tiempo con la misma fuerza que ha tenido hasta ahora, por la situación de cambios que se vislumbran en varios países: Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia y en  los  Estados Unidos, que junto con Colombia han sido los máximos impulsores de la recuperación democrática en Venezuela. Estados Unidos con la  aplicación de  sanciones en forma individual y algunas institucionales, entre otras acciones  y Colombia con el  apoyo diplomático en su país al personal designado por el gobierno del presidente encargado y el apoyo activo a la diáspora venezolana que ha llegado a ese país vecino para quedarse o continuar camino hacia el sur del continente…

En lo interno también se sienten cambios con la reciente incorporación de los diputados del Polo Patriótico a la Asamblea Nacional y las estrategias que adelanta la nueva alianza gobierno-oposición minoritaria y la disminución en el apoyo popular al presidente  encargado.

Venezuela no debe escatimar esfuerzos para  dejar de ser un país bicéfalo en el corto plazo ni de  trabajar duro por la recuperación de la institucionalidad y el estado de derecho, tan necesarios para la gobernabilidad. El tiempo juega en contra y se debe evitar dejar cerrar la ventana de oportunidades que hoy se tiene para recuperar la democracia,  aún con todas las dificultades que se ven en el panorama.

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