Elsa Cardozo

18 de octubre de 2019

En estos días el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell visita a Cuba, Colombia y, allí   también, a la crítica frontera con Venezuela. Viaja Borrell como ministro de Relaciones Exteriores de España, pero también, y sobre todo, como  próximo jefe de la diplomacia europea.

El pasado 8 de octubre Borrell recibió los votos de respaldo del Parlamento Europeo para asumir, probablemente a partir del 1 de diciembre, el cargo de Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad y la vicepresidencia de la Comisión Europea. En la audiencia  europarlamentaria su presentación de la amplia y desafiante agenda de asuntos a atender se inició por trazar una panorámica del estado del mundo y de la Unión Europea a treinta años de la caída del Muro de Berlín; lo hizo con muy explícito balance entre la orientación multilateral basada en el respeto al derecho internacional y la muy realista apreciación de que no se puede ser multilateral con socios que abandonan o utilizan selectivamente las reglas. “La Unión Europea tiene que aprender a utilizar el lenguaje del poder”, ha dicho, para luego precisar las bases de ese poder, que no solo es el de los recursos económicos y militares, sino de los institucionales  y democráticos.  Sustentan todos un poder normativo clave en el mundo, con expresa mención de la Agenda 2030, su expresión más comprehensiva. Al referirse a la agenda de la Comisión Europea como esencialmente geopolítica, bajo los lineamientos de la próxima presidencia de Ursula von der Leyen, no ha dejado de combinar una franca definición del desafío ruso (apoyando expresamente la continuación de las sanciones por las violaciones de la soberanía de Ucrania), la importancia del acercamiento a los Balcanes occidentales -comenzando por su anunciada visita a Kosovo- y la orientación normativa y multilateral europea para no quedar atrapada en la confrontación comercial entre China y EE.UU. y para enmarcar sus relaciones con estos dos países. En esa conjunción de principios y reconocimiento de las realidades del poder, comenzando por los de la propia Unión Europea, ha trazado a grandes rasgos la aproximación a África, Asia y Latinoamérica, lugar donde ha reconocido que los aliados democráticos de Europa están viendo amenazada su paz y seguridad. Al reafirmar su oposición a regímenes autoritarios, no dejó de referirse a la gravedad de la situación en Nicaragua y Venezuela, con el compromiso de mantener la agenda de exigencias de la Comisión y con obvio cuidado por preservar su capacidad de incidencia, más notable aún en sus referencias a Cuba.

Esta breve reseña de una extensa audiencia, con una larga sesión de preguntas y respuestas, parece anunciar una gestión internacional más activa y dispuesta a asumir riesgos, que se dice dispuesta a conjugar la realidad y lo irrenunciable, con sentido de las circunstancias y las consecuencias. Sirvan como ejemplo, por un lado, la reiteración del apoyo a las sanciones a Rusia y la necesidad de que todos los socios europeos las mantengan; por el otro, el desacuerdo con las sanciones no focalizadas en personas, como lo manifestó de nuevo en su viaje a Cuba.  En esto y en todo su discurso  no solo va el impulso de la trayectoria política y experiencia parlamentaria europea del propio Borrel, sino lo que ha sido parte consistente del recorrido de la integración Europea, entre principios y realidades, con la democracia y los derechos humanos. 

El recorrido se constata en una larga secuencia de documentos en los que el requisito de respeto del estado de derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el efectivo ejercicio de la democracia para los Estados miembros se extendió también a las relaciones exteriores. De ello son antecedentes el Tratado de Londres (1949) que creó el Consejo de Europa (1949) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), modificado por dieciséis protocolos hasta 2013. Este Consejo (distinto al Consejo Europeo, creado en 1992) sigue existiendo, con cuarenta y siete Estados miembros, como organización Europea centrada en la protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de Derecho.

Luego de la creación de la Comunidad Económica Europea por el Tratado de Roma (1957),  las previsiones sobre el requisito democrático estuvieron presentes en el Tratado de Maastrich (1992), que en el tránsito de la Comunidad Europea a la Unión Europea, incorporó esos principios a una política exterior y de seguridad común, y a la cooperación para el desarrollo (Títulos V y XVII) también se encuentra en las directrices para las relaciones con terceros países (desde 1992) y en las modificaciones de los tratados de Ámsterdam (1997, Título V), Niza (2001, Título XXI)  y Lisboa (1999 Título V). En estos últimos, aparte de reiterar los principios democráticos y de protección a los derechos humanos, se fueron precisando y ampliando las orientaciones y procedimientos para el desarrollo de la política externa y de seguridad común. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa fue reforzada la institucionalidad en este ámbito  y fueron creados el Servicio Europeo de Acción Exterior y el cargo de  Alto Representante. El Parlamento cuenta también con atribuciones de política exterior y de seguridad, allí debió concurrir Josep Borrel -como también sus tres predecesores en el cargo- para ser evaluado.

Sobre esa institucionalidad, que incluye principios, reglas y procedimientos entre los miembros y en sus relaciones externas, se ha desarrollado una agenda de política exterior que revela  la naturaleza de desafíos internacionales crecientemente complejos en medio de las dificultades y retos en la propia Europa. Así lo revelaba en su momento la  Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea presentada por Federica Mogherini hace tres años, a partir de un diagnóstico de dificultades que hoy  es más complicado que entonces y, desde luego, que hace treinta años, aunque haya sido apropiada la referencia del Borrell a lo que se planeaba en el año de la caída del Muro de Berlín y a las limitaciones en los logros concretos. Con todo, incluso en medio de sus tribulaciones, la Unión Europea es hoy la más creíble e influyente referencia democrática mundial en un mapa donde autoritarismos de diversa potencia se multiplican. No es equivocado poner el acento en la geopolítica  -como han propuesto la nueva Presidente de la Comisión Europea y su vicepresidente y Alto Representante-  utilizando el lenguaje del poder, pero del poder inteligente, conocedor de sus recursos, atento a las circunstancias y las consecuencias, sin perder de vista  los principios en la defensa y promoción de la seguridad proyección geopolítica. Así sea.

El compromiso europeo con los derechos humanos y la democracia es cada vez más importante para países que, como Venezuela, necesitan apoyo internacional coherente y consistente para recuperar todo aquello por lo que la Unión Europea aboga. La institucionalidad europea, con la disposición a actuar decididamente desde las orientaciones, capacidades y responsabilidades que el próximo Alto Comisionado se ha dicho dispuesto a movilizar, comenzando por casa, puede contribuir significativamente a evitar no solo la irrelevancia de Europa, sino la de  los acuerdos y reglas internacionales que ha contribuido a forjar para lidiar con los peligros de la política de poder, los avances autoritarios y las fantasías de los nacionalismos populistas.