EDITORIAL | Carta del director

Benigno Alarcón

21 de octubre de 2019

La situación política está atravesando por una etapa de estancamiento lo que pareciera tener repercusiones en el nivel de incertidumbre respecto a las expectativas de una resolución del conflicto venezolano en el corto plazo. Cuando el conflicto pasa por una etapa de estancamiento, la probabilidad de una solución disminuye significativamente mientras exista un beneficiario del statu quo: el régimen liderado por Nicolás Maduro. En fase de estancamiento solo es posible resolver el conflicto si existe un tercero con poder efectivo para imponer una solución a las partes, lo que hasta ahora no ha sido el caso. Si no fuese así, el statu quo se normalizaría generando un nuevo equilibrio, aunque éste sea precario. La inercia solo se romperá por una nueva escalada del conflicto, que solo puede provenir de quienes estando en la oposición, o excepcionalmente dentro del gobierno, no se benefician del statu quo, en aras de aumentar las probabilidades de lograr avances hacia un cambio político.

En la actual etapa de estancamiento el régimen centra sus energías en tres frentes para mantener el statu quo: (i) represión selectiva contra todo el que pueda o intente romper este equilibrio precario, tal como es el caso de las represiones ejemplarizantes contra lideres políticos o sociales; (ii) el posicionamiento de una nueva “oposición” con la cual si se negocia y  avanza en acuerdos, en un intento por posicionarla y visibilizarla como una con la que si hay resultados; y (iii) un tercer frente en la Asamblea Nacional, que también servirá de vitrina a esta nueva “oposición” acompañada de la reincorporación de los diputados del PSUV y sobre la cual se ejercerá presión para desplazar a Guaidó de la presidencia, mientras se negocia su distribución mediante la elección legislativa del próximo año, en una estrategia conjunta que busca mejorar las condiciones electorales mientras empeoran las políticas que generarían la abstención de la oposición mayoritaria, a los fines de legitimar en potencial triunfo del partido de gobierno.

A la oposición le toca diseñar y ejecutar una estrategia eficiente que atienda a estos tres frentes, lo que debería incluir (i) en lo externo, coordinar estrechamente con la comunidad internacional para tener capacidad de responder a cada acto represivo de manera inmediata e inequívoca; (ii) mientras en lo interno se moviliza para demostrar que se sigue siendo mayoría y que no hay represión sin costos importantes, no dejándole la tarea de la presión a la comunidad internacional únicamente; y (iii) al tiempo que debe garantizarse la presencia de los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional para dar el debido debate tanto a los diputados del PSUV como a esta nueva alianza de partidos minoritarios y se impide el uso del parlamento como vitrina para una derrota política de la oposición, que sirva de antesala a una electoral. En tal sentido los parlamentarios que acompañan a Guaidó deben demostrar que son mayoría y están cohesionados. Si la oposición no toma la iniciativa para liderar una nueva escalada del conflicto que rompa el actual equilibrio, una transición democrática se hace inconvenientemente  dependiente de las decisiones foráneas, tal como es el caso hoy.

A fin de generar un cambio en el statu quo, situación que favorece al gobierno en medio de este período de estancamiento, la oposición debe escalar el conflicto y considerar tanto aquellas estrategias que elevan los costos de la represión como las que permiten reducir los costos de tolerancia a un cambio político, las cuales no son excluyentes como algunos alegan, sino complementarias. En este sentido, la negociación es posible solo cuando la combinación de ambas estrategias permita la construcción de las condiciones que hacen oportuno el momento para ello.

La celebración de elecciones presidenciales y/o parlamentarias pueden ser, si se maneja adecuadamente,  una oportunidad sin igual para generar una escalda del conflicto, bien porque la oposición decide participar en ella o su deslegitimación, como hizo con la pasada elección presidencial, en el caso de que se pretendan realizar sin condiciones suficientes para garantizar que sean mínimamente competitivas. Hay que trabajar con base en que las parlamentarias tendrán que celebrarse eventualmente como mandato de la Constitución y porque Maduro las considera una salida política para su relegitimación si logra ganarlas, lo cual es posible gracias a la probabilidad de que se produzca una alta abstención por lo complejo de reforzar en el electorado el mensaje central que motivó a la población a salir a votar en las elecciones legislativas de 2015.

En este sentido, la presión de la oposición y de la comunidad internacional debe centrarse en la exigencia de elecciones libres y competitivas que incluyan la presidencial, partiendo del marco de la propuesta de los representantes de la oposición en la mediación facilitada en Barbados por el Reino de Noruega, lo que sería cónsono con los objetivos perseguidos tanto por la oposición democrática como por los aliados internacionales desde el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Cualquiera de estas alternativas, participar o deslegitimar, demanda planificación realista y detallada y una ejecución eficiente de la estrategia para no convertir cualquiera de estas dos alternativas en un fracaso mortal para la oposición democrática. La decisión de la ruta estratégica debe considerar las condiciones de competitividad de tales elecciones, la disposición de recursos técnicos y humanos para competir y el tiempo disponible para lograr un nivel aceptable de organización y movilización, así como la estrategia comunicacional de cara a la misma, que podría implicar el reto de cambiar el orden de la ruta que Guaidó ha posicionado (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres), lo cual es posible si se asume el mensaje con convicción y honestidad.

Preservar la unidad del G4 y el liderazgo de Guaidó resulta fundamental para ejecutar cualquiera de las alternativas estratégicas planteadas, así como para crear sinergias de las fortalezas con que cuenta hoy el sector democrático, un liderazgo unificador y con legitimidad, una coalición mayoritaria que domina la Asamblea Nacional como único órgano legítimo reconocido y la alianza de países democráticos que reconocen a Guaidó mientras ejercen presión para lograr una salida democrática. Para ello, es necesario reposicionar el rol de la AN, en cuyo seno se dará buena parte del debate político a partir de la negociación entre el gobierno y los partidos minoritarios y la reincorporación de los diputados del PSUV. Para lo cual es importante tomar la máxima ventaja del liderazgo de Guaidó en la AN, así como hacer uso apropiado del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN) y la Constitución. Asimismo, es necesario trabajar con todos los partidos políticos democráticos, adicionales a los que conforman el G4, tal como es el caso de partidos como el de María Corina Machado y el nuevo partido de Delsa Solorzano, además de los que siempre han sido aliados incondicionales del sector democrático como la Causa R, entre otros.