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Entre protestas y elecciones

Seguidores del presidente Evo Morales marchan en El Alto, Bolivia. 28 de octubre de 2019. © David Mercado / Reuters.

Elsa Cardozo

04 de noviembre de 2019

Así va transcurriendo el año en nuestro vecindario, con especial intensidad en su segundo semestre: protestas en Nicaragua, Puerto Rico, Haití, Honduras, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y, no dejemos de lado las que persisten en Venezuela, elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador, presidenciales en Panamá, presidenciales y legislativas en Guatemala, presidenciales en Bolivia y Uruguay, presidenciales y legislativas en Argentina y regionales en Colombia.

En un grueso primer esbozo, como trasfondo común de las protestas está el deterioro en las condiciones de vida, siempre relativo a la situación inicial de cada país, de cara a la responsabilidad de los gobiernos y la calidad de sus respuestas, ambas muy diversas; como también lo son, en lo específico, los medios y propósitos de los participantes. Hay casos y casos. Lo cierto es que hablar de “primavera latinoamericana” para equipararla con la seguidilla de protestas contra viejas autocracias del Magreb y el Medio Oriente entre 2010 y 2012, es cuando menos engañoso, sobre aquello y sobre lo de aquí.

Por una parte, la mayoría de los gobiernos en nuestro lado del mundo son de incontestable origen democrático y las protestas frente a ellos van encontrando canales, más o menos eficientes, para la atención institucional, tanto de las exigencias de quienes protestan como para el procesamiento de sus excesos y de los de la fuerza pública. Para lo de mayor o menor eficiencia, cuenta decisivamente el ejercicio de la separación de poderes  y, sin duda, un cierto y fundamental nivel de compromiso de los partidos y de la sociedad civil en términos de lealtad a sus propósitos, sus representados y la democracia.

Por otra parte, donde desaparece la separación de poderes, como en Cuba, Venezuela, Nicaragua,  lo que queda de Bolivia y con Haití en el extremo de la pérdida de Estado- la protesta es deslegitimada como disidencia golpista, traidora, instrumento de intereses oscuros o externos, al punto de justificar su represión y criminalización. También para mal, allí la corrupción, que es una de las banderas más visibles en algunas de las protestas (como en Honduras y Haití, así como en Nicaragua y Venezuela), encuentra el mejor caldo de cultivo. Así lo indican los datos y análisis de Transparencia Internacional, con Nicaragua, Haití y Venezuela, los tres más negativos resultados regionales, entre los 25 peores registros de los 188 globales, y con Bolivia apenas más arriba muy cercana a Honduras. Donde más se ha perdido lo esencial de la democracia, las protestas contra la violación del estado de derecho por los gobernantes son más  justificadas y necesarias pero también están más expuestas a descalificación, violencia y represión.

Por otra parte, y también en trazos gruesos, conviene añadir otro ingrediente vinculado a la separación de poderes, que enlaza a las protestas con lo electoral. La posibilidad efectiva de alternancia como la hemos visto en Argentina, se manifestó en la primera vuelta de las elecciones en Uruguay y en las regionales de Colombia. Si no como regla, tras la ola de reformas reeleccionistas, es esa la posibilidad regional predominante: la de alternancia con contrapesos legislativos y regionales al poder presidencial. Esto ha tenido como piso las protestas en Perú, Chile y Ecuador, ante las cuales se han ido ajustando con sentido institucional las respuestas y correctivos gubernamentales.

Distinto es, llevando en cuenta aparte el totalitarismo comunista cubano, el caso de los gobiernos que desde la práctica de elecciones y consultas cada vez menos creíbles fueron eliminando contrapesos e imponiendo la reelección sin límites: en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, protestas plenamente legítimas en defensa del valor del voto son sin más descalificadas por golpistas o, en los extremos de Venezuela y Nicaragua reprimidas con excesiva violencia. Allí el desafío de los demócratas que protestan legítimamente y exigen elecciones libres es más complejo: nacionalmente frente al implacable sofoco de las libertades e internacionalmente, por las alianzas que se tejen entre autoritarismos cercanos y lejanos, y por la necesidad del apoyo internacional inteligente, coherente y consistente de las democracias y las organizaciones internacionales, con denuncias y cooperación, sanciones y persuasión.

Es particularmente en esta última parte del mapa, entre protestas y elecciones, donde se va definiendo la posibilidad de una verdadera y perdurable primavera de democracia, concertación y prosperidad en Latinoamérica.

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