De acuerdo a los análisis realizados en el CEPyG de la UCAB el CNE está en deuda con el país debido a que las elecciones realizadas el 20 de mayo de 2018 fueron ilegales e ilegítimas, de hecho, sus resultados no fueron reconocidos por la comunidad internacional

Yira Yoyotte

04 de noviembre de 2019

De acuerdo a los análisis realizados por el Centro de Estudios y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB), que dirige el profesor Benigno Alarcón, de no celebrarse en el año 2020 las elecciones presidenciales previstas en la Constitución Nacional, el conflicto político venezolano se agravará y con ello se hará más severa la crisis económica y social que vive país.

Según las investigaciones realizadas por este centro de estudios, realizar unas elecciones parlamentarias con cuestionamientos en sus condiciones y tratando de ignorar la demanda por elecciones presidenciales, lejos de resolver el conflicto, lo profundizará.

En este sentido el profesor Alarcón indicó que la única forma de alcanzar una situación de estabilidad política que permita avanzar en otros aspectos de la crisis, como lo social y lo económico, es mediante la instalación de un nuevo gobierno legitimado a través de unas nuevas elecciones presidenciales que, siendo libres y democráticas, permitan la aceptación sin cuestionamientos de sus resultados y, gracias a ello, su reconocimiento nacional e internacional.

Alarcón explicó que esta consideración ha sido formulada por la Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB, la cual evalúa semanalmente el entorno político, económico y social, tanto  nacional como internacional. Cabe destacar que en esta reunión participan destacados investigadores y especialistas de diferentes áreas.

Los expertos han llegado a la siguiente conclusión: la elección presidencial es una deuda constitucional, ya que los comicios realizados el 20 de mayo  2018 no cumplieron con los estándares mínimos para poder ser considerados como una elección válidamente celebrada, lo que es el fundamento legal y político de la legitimidad de cualquier gobierno, lo que ha originado su desconocimiento por la mayoría del país, así como por la gran mayoría de las naciones democráticas del mundo.

“La legitimidad de cualquier elección depende de su convocatoria y realización bajo condiciones aceptadas por todas las partes que garanticen su competitividad e integridad, comenzando por su organización bajo una autoridad electoral imparcial y creíble, cuyos rectores hayan sido designados por la Asamblea Nacional siguiendo los pasos para ello establecidos en la Constitución vigente”, es una de las conclusiones de la MAC.

Agregan los especialistas que las condiciones para una elección libre se relacionan no solo con los diferentes procesos técnicos asociados a la competitividad y transparencia del proceso, sino también con la necesidad de que se establezcan garantías para el respeto de los resultados por parte de otros organismos como el TSJ y la Fiscalía, que han sido designados también fuera del ámbito de la Asamblea Nacional.

“La desconfianza hacia el proceso electoral venezolano hace también deseable la participación de la comunidad internacional, ya que, además de ser uno de los actores que reclama una elección presidencial para encaminar al país a hacia la solución de sus problemas, tiene los recursos humanos, materiales y técnicos para ejercer un rol relevante como observador a través de sus instituciones especializadas en este tipo de procesos”, afirmó Benigno Alarcón.

Tal como lo ha publicado el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, existe un conjunto de evidentes violaciones a la integridad electoral que ha venido minando la credibilidad y valoración del voto como mecanismo de resolución de conflictos en una democracia.

Entre estas violaciones resaltan las siguientes:

• El CNE ha diseñado un sistema electoral a la medida de los intereses del régimen con un marco jurídico que le concede altos niveles de discrecionalidad al organismo.
• Cuatro de los cinco rectores principales son afectos al gobierno: su nombramiento se hizo violando el debido proceso. Igualmente existe un control de los organismos subalternos mediante el nombramiento de personal parcializado en los puestos claves.
• Por otra parte, hay un control político de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
• El diseño y despliegue de los procesos electorales a partir de 2016 se han desarrollado violentado el debido proceso, con decisiones por parte de la ANC y el TSJ que le corresponden constitucionalmente a la Asamblea Nacional.
• Hay un desconocimiento o interpretación parcializada del marco jurídico electoral, incluyendo la modificación de reglamentos.
• Alta discrecionalidad en la convocatoria de procesos electorales violando los períodos mínimos necesarios, además de las garantías electorales, con un diseño manipulado de las circunscripciones electorales y violación al principio de proporcionalidad.
• Limitaciones para la inscripción de nuevos votantes, así como para la actualización de datos, en el territorio nacional y en el exterior.
• Impedimento para la auditoría de la integridad del Registro de Electores, especialmente relevante para las elecciones presidenciales, producto de la migración.
• Inhabilitación de candidatos y partidos políticos.
• No se han respetado los resultados, ya que han sido perseguidos diputados, alcaldes y gobernadores electos.

La Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB considera que el conflicto político corre el riesgo de escalar a niveles de confrontación graves.

A manera de conclusión el CEPyG de la UCAB afirma que la solución a la severa situación social y económica del país pasa por poner fin al conflicto político., no obstante además se debe llevar a cabo la reinstauración de elecciones libres y democráticas, organizadas bajo los principios y estándares universales de la integridad electoral.

“Se debe comenzar por realizar las elecciones presidenciales que están pendientes, ese es el primer paso ineludible para que el actual conflicto político que se vive en Venezuela no siga escalando a niveles preocupantes. Solo así se comenzaría a normalizar la vida nacional. No hacerlo implica agravar esta crisis en sus diferentes facetas y hacer que la gobernabilidad del país dependa, cada vez más, de un ejercicio creciente de la represión contra los propios ciudadanos venezolanos”, indica el análisis realizado por este centro de estudios.