La cifra supera en un 24% lo sucedido durante el año 2018. Los vecinos y trabajadores siguen siendo las protagonistas de las manifestaciones de calle. Los reclamos tienen la finalidad de exigir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “Este número de protestas es la muestra más palpable de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela”, indica el informe

Yira Yoyotte

De acuerdo al más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2019 se registraron 16 mil 739 protestas en todo el territorio nacional, lo que representa un 24% de aumento en comparación al año inmediatamente anterior. Los vecinos y trabajadores fueron los protagonistas de las manifestaciones de calle.

La referida ONG estima que esta cantidad de protestas, por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son la muestra más palpable de la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela dado que la población en general ha sido sometida al deterioro de la calidad que jamás se había registrado en el país.

“La demanda de derechos civiles y políticos (DCP) pasaron a representar el 11% de las protestas en el año 2018 al 42% durante el año 2019”, indica el informe.

El documento asegura que la población ha sido sometida al deterioro de la calidad de vida por las erradas políticas económicas llevadas a cabo por los funcionarios adscritos al régimen que encabeza Nicolás Maduro. “Queda en evidencia el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales de respetar, garantizar y proteger el derecho de la ciudadanía a vivir con dignidad”, agrega.

De igual manera el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social estima que este número récord de protestas es la muestra más palpable de la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

46 protestas diarias

El informe 2019 del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social explica que el rechazo al colapso de los servicios básicos (agua, transporte, gas y servicio eléctrico), exigencias laborales (respeto a los contratos colectivos y sueldos dignos) y de cambios políticos así como el acceso a medicinas, alimentos, recuperación del poder adquisitivo y restablecimiento de los servicios de salud son las razones fundamentales para salir a la calle a protestar.

“Queda en evidencia la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el pueblo venezolano”, señala el documento. De igual manera indica que todo es producto de las erradas decisiones políticas y económicas implementadas por Nicolás Maduro y quienes lo acompañan en funciones ministeriales.

El OVCS recuerda que en el año 2001 se registraron un total de 5.338 protestas en todo el país mientras que en el 2019 se documentaron 16.739, lo que equivale a 46 protestas diarias. La suma de nueve años de manifestaciones de calle arroja la cantidad de 76.526 en todo el país. “Se trata de un alarmante crecimiento”, destacan.

Formas y liderazgo

Según lo presentado en el estudio la concentración sigue siendo la forma pacífica más utilizada para protestar o manifestar el descontento, de hecho, en todo el territorio nacional, se llevaron a cabo 6.493  concentraciones de calle.  Le sigue el cierre de calle o avenidas con 3.706, paros 1.613, marchas 1.455 y pancartazos 1.331.

Miranda es el estado que lidera la conflictividad. En esa entidad se registraron 1.355 protestas en total. Le siguen los siguientes estados: Distrito Capital 1.290, Bolívar 1.054, Táchira 1.128, Anzoátegui 977, Zulia 989 y Lara 996.

A pesar de su precariedad económica y social los estados más alejados de los centros urbanos como lo son Delta Amacuro, Apure y Bolívar también manifestaron su descontento. El OVC registró, en estas zonas del país, las siguientes cifras: Delta Amacuro 173, Amazonas 149 y Apure 262.

El estado Vargas sigue estando por debajo del promedio a pesar que lidera serios problemas de acceso a servicios de salud y alimentación. En esta parte del país solo se registraron 185 protestas.

La represión del Estado también aumentó

El OVCS asevera que la represión del Estado aumenta al mismo ritmo de las protestas, de hecho, 67 personas, entre ellas 8 menores de edad, fueron asesinadas durante las manifestaciones de calle.

Las personas fueron asesinadas durante el intento de la entrada de la ayuda humanitaria (febrero 2019) y en otras tipo de manifestaciones. Destaca, por ejemplo, la muerte de varios indígenas pemones en el estado Bolívar, un hecho que ha sido calificado de delito de lesa humanidad y denunciado ante los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).

Según el informe se registraron 6 ejecuciones extrajudiciales durante allanamientos violentos a humildes viviendas.

Estos asesinatos se cometieron, sobre todo, en el marco de las protestas que se llevaron a cabo durante los meses marzo (994) y abril (1.030), es decir, los meses más violentos del año 2019. Como se recordará el día 7 de marzo se registró el mayor apagón de la historia republicana del país, en consecuencia, la ciudadanía tomó las calles y avenidas para reclamar mejoras en el servicio eléctrico.

La respuesta del Estado ha sido el uso de grupos de exterminio, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)  y Colectivos Paramilitares.

A  pesar de la represión, las zonas rurales y urbanas han protestado por igual y en esta oportunidad se destaca la participación de grupos indígenas. Los maestros, profesores, estudiantes, padres, representantes siguen alzando su voz en reclamo de viviendas, servicios básicos, sueldos dignos, condiciones laborales, educación y acceso a la salud.

Asimismo se logró documentar casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes contra dirigentes políticos y privados de libertad.

El OVCS destaca que las respuestas por parte del Estado venezolano han tenido una importante repercusión en la esfera internacional, de hecho, durante su visita, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tomó nota de los acontecimientos y en sus informes ha quedado reflejado la pérdida de la calidad de vida de los venezolanos.

Conclusiones y recomendaciones

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) cierra su informe indicando, entre otras cosas, que la repercusión de la calidad de vida en Venezuela pasa por el cambio de rumbo político.

“El colapso de los servicios públicos solo será superado por nuevas inversiones y un plan de mantenimiento con personal calificado, de los contrario será una situación que se agudizará”, indica.

Ante la grave situación recomiendan: buscar un cambio pacífico de la situación política, permitir la cooperación humanitaria internacional y poner fin a la ejecución de control social mediante la entrega condicionada de bonos y los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

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